La lucha de los hermanos bolivianos sigue siendo ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina. El Gobierno inició contactos con los nuevos alcaldes de las ciudades de El Alto y La Paz para que los municipios garanticen el servicio de agua potable y alcantarillado una vez que la empresa privada Aguas de […]
La lucha de los hermanos bolivianos sigue siendo ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina. El Gobierno inició contactos con los nuevos alcaldes de las ciudades de El Alto y La Paz para que los municipios garanticen el servicio de agua potable y alcantarillado una vez que la empresa privada Aguas de Illimani, deje el País. Esta empresa boliviana es propiedad de una transnacional francesa que también opera en nuestro país, Uruguay.
Las negociaciones preliminares con los alcaldes Juan del Granado y José Luis Paredes se llevan a cabo con el objetivo de que el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se reactive.
El presidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, aseguró ayer en cambio que la salida de Aguas del Illimani afectará las posibilidades de Bolivia para atraer inversores.
Pero el viceministro de Servicios Básicos, José Barragán, para quien la medida no constituye una situación de riesgo pues el contrato se dará por concluido respetando el ordenamiento jurídico.
«Es importante entender el proceso Aguas de Illimani se irá porque ya no existe un acuerdo de partes y el contrato contempla que se puede terminar si se presenta esta figura», dijo y aseguró que el Gobierno buscó en dos oportunidades revisar el contrato de manera concertada. Como a Aguas de Illimani no le interesó, deberá irse.
La decisión está refrendada por un decreto. Ahora se espera las reacciones que deben llegar de Francia donde se encuentra la central de los inversionistas.
Barragán considera que este caso no puede compararse con lo acontecido en Cochabamba con la empresa Aguas de Tunari que anunció un proceso contra el país. En ese caso no hubo tiempo para negociar el marco de las leyes se vulneraron sus instalaciones y aún así el proceso legal aún no ha empezado.
Con Aguas de Illimani el Gobierno sostiene que solamente tendrá que pagarse la inversión real y nada más. La empresa Aguas de Illimani Sociedad Anónima espera recibir de manera oficial el decreto supremo por el cual el Gobierno instruye el inicio de terminación de contrato. Entonces decidirá qué medidas tomará para resolver la situación de 400 empleados.
La filial en Bolivia del grupo francés de energía Suez al conocer la decisión gubernamental aseguró que en sus siete años de permanencia en Bolivia cumplió con todas las obligaciones contractuales.
«Hemos cumplido las metas y obligaciones establecidas en las cláusulas del contrato», sostiene la firma que da cuenta de que su nivel de inversión en las ciudades es de aproximadamente 63 millones de dólares.
La expulsión de Aguas de Tunari en Cochabamba contribuyó a evitar el alza de los precios de ese recurso así como impidió la entrega de pozos comunales a la administración de esa empresa. Pero no posibilitó que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) sea administrado por los representantes de las organizaciones sociales, como se exigía porque la influencia del municipio en su manejo es muy fuerte.
SEMAPA atiende algo más del 50 por ciento de las necesidades de agua potable y alcantarillado en Cochabamba el resto recurre a pozos y cisternas.
Ahora el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Ruben Cortés, hizo ayer una evaluación del paro de 48 horas y lanzó duras críticas contra el presidente Mesa. Mientras el Gobierno consigue avances en la conformación de un bloque de apoyo líderes políticos sindicales y empresariales coinciden en proponer un cambio de conducción del aparato del Estado entre los que está el dirigente del MAS, Evo Morales.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, apareció liderando el nuevo escenario de oposición al gobierno del presidente Carlos Mesa. El MAS durante estos 14 meses de gobierno fue uno de los principales aliados del Poder Ejecutivo aunque nunca firmó ningún compromiso formal. Ayer calificó al presidente Carlos Mesa como el principal enemigo del país y una vez más propuso el fin de su mandato.
Evo Morales diputado y jefe nacional de este partido explicó que tomaron esta decisión en una asamblea después de concluir que «el Jefe de Estado es el promotor de los conflictos sociales en el país por favorecer los intereses de los saqueadores de nuestros recursos naturales y ayudar a los descapitalizadores».
Los parlamentarios del MAS conforman la segunda bancada más numerosa en el poder Legislativo luego de la del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR que también forma parte de la oposición a Carlos Mesa aunque con algunas disidencias.
En el mismo tono que Evo Morales el presidente de la CAO José Céspedes ha solicitado en reiteradas oportunidades la renuncia del presidente Carlos Mesa por considerar que su gestión es ineficiente y atentatoria contra los sectores productivos del país.
La próxima semana una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Bolivia con el propósito de analizar la amplificación del programa de Apoyo Económico según se supo. Pero es evidente que los funcionarios demuestran la enorme preocupación con la crisis política y social del país. Probablemente recién ahí se sepa si el FMI continúa respaldando a Carlos Mesa o comparte la necesidad de un cambio de conducción de gobierno.
El FMI tiene mucho interés en la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos boliviana, por la cual se suspenderían los acuerdos Stand By con el FMI que son de emergencia, y se empezaría a negociar un acuerdo a mediano plazo de crecimiento y reducción de la pobreza. Es decir, igual que aquí en nuestro país el FMI otorgaría a Bolivia algunas decenas de millones de dólares para el plan social repartido en canastas de fideos y arroz para los pobres.
Debemos alegrarnos, como decía el Che, cuando se obtiene un triunfo popular en algún lugar del mundo. Y esta es una gran victoria de los hermanos bolivianos porque la han conseguido en la buena ley de la lucha, de revelarse frente al poder, el engaño y la injusticia.
Nuestra experiencia indica que no solo debe triunfarse, hace falta -como en la guerra- obtener posiciones y posteriormente proteger esos logros para que no sean reconquistados por el enemigo.
Hay que defender las conquistas obtenidas con la lucha. Y debemos evitar que haya quienes negocien posiciones políticas con los triunfos del pueblo. Los bolivianos están expulsando a las empresas extranjeras y reconquistando el derecho al agua potable y al saneamiento que regresa a manos del Estado y los Municipios. Esas mismas empresas agarran para el sur y vienen a clavar sus garras en nuestro Acuífero Guaraní.