Santa Cruz de la Sierra, enero 28, 2005.- A pocas horas del Cabildo convocado por el Comité Cívico, previsto para la tarde de este viernes, ya era claro que los grupos oligárquicos y empresariales de extrema derecha no iban a poder canalizar la gigantesca movilización popular en contra del centralismo y del alza del precio […]
Santa Cruz de la Sierra, enero 28, 2005.- A pocas horas del Cabildo convocado por el Comité Cívico, previsto para la tarde de este viernes, ya era claro que los grupos oligárquicos y empresariales de extrema derecha no iban a poder canalizar la gigantesca movilización popular en contra del centralismo y del alza del precio de los carburantes hacia la estructuración de un gobierno paralelo y en rebeldía al del presidente Carlos Mesa.
La contundencia del bloqueo carretero de campesinos, colonizadores e indígenas, que cortaron desde las primeras horas de este jueves la vinculación de Santa Cruz con el norte de Trinidad, Beni y con la región de la chiquitanía, era una señal muy clara para los sectores oligárquicos . «El bloqueo es contra la autonomía exigida por el Comité Cívico empresarial de Santa Cruz y es para exigir al gobierno la inmediata aprobación de la Ley de hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente», habían dicho los dirigentes del bloqueo, los colonizadores y vecinos de San Julián.
«No puede ser que una élite empresarial decida por nosotros (…) Es ilegal y no expresa la voluntad del pueblo cruceño», dijo Evaristo Huallpa, secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de San Julián al acusar a los dirigentes cívicos de ser defensores de las transnacionales.
Las comunidades campesinas e indígenas se habían movilizado para «Defender la institucionalidad democrática y la unidad nacional; rechazar la autonomía planteada por el Comité Cívico empresarial de la ciudad de Santa Cruz y solicitar autonomías en el marco de la Asamblea Constituyente; aprobar de inmediato la ley de hidrocarburos tal como la presentó la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados (que es rechazada por el gobierno de Mesa y las transnacionales); y desconocer la ilegítima representación de nuestras demandas que se atribuyen los cívicos de Santa Cruz», según dice el pliego aprobado colectivamente el lunes.
En horas de la tarde, miles de campesinos, indígenas, colonizadores, universitarios y desocupados marcharon por las principales calles de Santa cruz con iguales demandas. «Autonomía sí, logias no», coreaban los manifestantes, que cercaron por varias horas las instalaciones de la transnacional petrolera de Transredes, controlada por los consorcios de Enron-Shell.
Un día antes, el miércoles, miles de trabajadores, obreros, universitarios y vecinos de los barrios populares también marcharon en contra del aumento del precio de los carburantes y por la nacionalización del gas y el petróleo, aunque eran visibles los intentos de los grupos reaccionarios por controlar la movilización, por lo que hubo escaramuzas y golpes. Los dirigentes de la Central Obrera Regional y de la Federación de Fabriles advirtieron públicamente que no iban a secundar los movimientos conspirativos de los sectores «petrolatifundistas», que estaban controlando al Comité Pro Santa Cruz e intentando aprovechar la protesta popular contra el «mal gobierno» de Mesa para sus propios fines.
Edwin Fernández, dirigente de los fabriles, manifestó que en Santa Cruz algunos dirigentes cívicos están llegando a extremos. «No estamos de acuerdo con el nombramiento del gobernador. Queremos que las autoridades sean elegidas democráticamente».
Por su parte, el representante de la Coordinadora por la Paz y la Defensa de los Recursos Naturales, Benigno Vargas, dijo: «No entendemos el por qué el Comité Pro Santa Cruz quiere nombrar apresuradamente su gobernador. Nosotros no reconoceremos a ningún gobernador elegido sin el consenso de todos», añadió y reiteró que la autonomía debe realizarse a través de la Asamblea Constituyente.
En las otras ciudades del país, la presión de casi todos los sectores sociales contra la intentona oligárquica era también intensa, al extremo que el Comité Cívico de Tarija, donde también dominan los intereses de las transnacionales petroleras, retrocedió en su intención de secundar las acciones secesionistas de su par cruceña.
Así, el principal dirigente del Comité Cívico de Tarija, Roberto Ruiz, se quedó sólo con su planteamiento autonomista y de respaldo a sus colegas cruceños, pues las bases de la entidad cívica desautorizaron la realización de un cabildo abierto convocado para este viernes. La decisión de no realizar el cabildo se dio en la asamblea de instituciones, donde la Central Obrera, la Federación de Campesinos y los gremiales lideraron la propuesta de no realizar esa medida, tal como lo manifestó el dirigente laboral, Antonio Benítez.
En el área rural de Santa Cruz, los representantes de los 56 municipios también rechazaron la propuesta separatista del Comité Pro Santa Cruz, que en las últimas horas parecía inclinarse por una salida concertada a la crisis, y así elegir al sucesor del renunciante Prefecto de Santa Cruz, medida ya aceptada por Mesa y su gobierno. Quedaban en pie, sin embargo, las exigencias populares para anular el decreto que elevó el precio de la gasolina y el diesel, el origen inicial de las protestas. El gobierno se mantiene en su posición de no anular ese decreto.