1A pesar de las maniobras de la UTA, el gobierno y la empresa, está claro quién manda en el Subte. La firma del acuerdo salarial a espaldas del cuerpo de delegados y de las bases, que pretendía mostrar a la UTA de Juan Manuel Palacios como ‘decisivo’ para alcanzar el acuerdo, es un simple acto […]
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A pesar de las maniobras de la UTA, el gobierno y la empresa, está claro quién manda en el Subte. La firma del acuerdo salarial a espaldas del cuerpo de delegados y de las bases, que pretendía mostrar a la UTA de Juan Manuel Palacios como ‘decisivo’ para alcanzar el acuerdo, es un simple acto de impotencia política, porque pretende dibujar mediante ardides publicitarios una situación de poder de la que carece por completo. A la UTA la representación de los trabajadores se le escurrió de las manos, y si aún puede estar presente en las audiencias del ministerio de trabajo figurando como interlocutor legal, es gracias al papel que le asignan la empresa y el estado. Allí encontró su base fundamental de apoyo, que carece en el medio obrero.
El paro sólo se levantó cuando los trabajadores en asamblea discutieron la propuesta final, no cuando a Palacios se le ocurrió. El resultado es un resonante triunfo y tendrá repercusiones para toda la clase trabajadora y para aquellos luchadores que vienen bregando por una alternativa política de clase.
El acuerdo incluye un aumento del 44% promedio, entre los que se incluyen los ítems de antigüedad, nocturnidad y los 100 pesos del decreto presidencial, además de un 19% del salario básico conformado. Duplica el acuerdo alcanzado por los telefónicos y no incluye ninguna cláusula de paz social. Al revés, acepta volver a discutir si la economía nacional sufre alteraciones importantes. Por último, el acuerdo prevé el pago de los días caídos.
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El conflicto del subterráneo de Buenos Aires ha puesto en discusión cuál será el piso salarial del conjunto de la clase trabajadora Argentina en el próximo período. En consecuencia se trató de un test decisivo para la burguesía y de una lucha clave para el conjunto de la clase trabajadora. Mientras que en las sucesivas crisis cada ronda devaluatoria ha servido para licuar la deuda empresaria y rebajar los salarios reales, el período abierto con la devaluación del año 2002 superó de lejos el impulso a la pauperización que caracterizó a la hiperinflación de 1989. A pesar de un crecimiento anual superior al 8% del PBI por dos años consecutivos, el salario real del conjunto de los trabajadores se encuentra todavía en un 20% debajo del que tenía en el 2001. La peor parte se la llevan los estatales, a los que se les exigió resignar el superávit fiscal en beneficio del FMI y otros acreedores institucionales. Le siguen los trabajadores en negro que ascienden al 48% de la fuerza de trabajo, sin derechos sociales y jubilatorios y en su inmensa mayoría abandonados por las cúpulas sindicales, y los desocupados, que siguen recibiendo la miseria de 150 pesos, mientras que los índices de desempleo no bajan del 18%.
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La empresa Metrovías y algunos medios de comunicación utilizaron como estrategia la denuncia de los sueldos que reciben los trabajadores del subte, que en el caso de los conductores duplicaban el salario medio nacional de 680 pesos. Lo que está en discusión, en consecuencia, es el intento de la clase capitalista y su gobierno de imponer un salario medio inferior o a lo sumo igual al que resulta, según el Indec, de la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza. Lo que se exige, por sobre todas las cosas, es la pauperización generalizada. Esta canasta básica que hoy está en 745 pesos para una familia tipo de 4 personas es un fraude social de proporciones gigantescas. Se conforma con la suma de la canasta básica alimentaria que mide el nivel de indigencia (335 pesos) y algunos ítems ‘no alimentarios’. Cuando se quiere imponer un salario de 745 y se habla de ellas como una ‘canasta familiar’ (Clarín 8 de febrero 2005) se exige la naturalización de un salario mínimo fisiológico. La ‘Canasta’ básica del Indec reparte generosamente 270 gramos de queso mensuales a cada persona y eliminó de la dieta de la familia obrera el vino y la cerveza, así como el cine y el teatro, y más aún, la televisión por cable, el celular o el automóvil.
Por el contrario la Canasta Familiar de la que partimos nosotros en el Movimiento por la jornada laboral de 6 horas con aumento salarial, movimiento que impulsa el cuerpo de delegados del Subte, es la que conforma la consultora privada FIDE, luego que el estado argentino desertara de indicarle a toda la población la medida de una canasta relativamente humilde pero inclusiva del mínimo aceptable socialmente de alimentación, farmacia, salud, educación, higiene, ropa, vivienda y cultura. Esa canasta asciende hoy a 1600 pesos. Incluso con el aumento del 53% que reclamaron los trabajadores del subte, un boletero no llega a ese monto.
En definitiva, la lucha de los trabajadores del subte fue un test también porque se está discutiendo si los hijos de la clase productora de todas las riquezas sociales tienen derecho a una alimentación y vestimenta mínimamente digna, a la diversión, a la cultura y la educación de calidad o esos derechos serán simplemente privativos y en beneficio exclusivo de los hijos de la clase capitalista.
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El conflicto del Subte fue decisivo también porque prueba la capacidad de los asalariados de reclamar la devolución de parte de los beneficios creados por su trabajo. Mientras que el Subte estatal en el año 1993 ponía en movimiento los trenes con 3500 trabajadores y transportaba 145 millones de pasajeros, hoy lo hace con 1900 trabajadores y transporta 238 millones de personas. Por eso la facturación del año 1993 era de 65 millones mientras que ahora es de 226 millones de pesos. Un incremento de la productividad nominal por empleado del 638%. Esto incluye desde luego los subsidios estatales por casi 60 millones de pesos, que Metrovías tiene el derecho a reclamar porque así está dicho en los contratos de concesión. Mientras que la productividad aumentó exponencialmente los salarios promedios de los trabajadores del subte no ascendieron en 11 años en más de un 37%. Esta situación se reproduce en la mayoría de las empresas privatizadas, que obtuvieron ganancias monopólicas (en nombre de la libre empresa), mercados cautivos, contratos generosamente renegociados en detrimento del tesoro público y por último la licuación de las deudas dolarizadas a cuenta del pequeño ahorrista confiscado. En la industria el incremento de la productividad en 12 años fue de más del 120%, mientras que el salario real descendió, y la extensión de la jornada laboral aumentó. De este modo todos los incrementos de productividad durante casi una década y media fueron en beneficio exclusivo de las patronales, aunque desde el menemismo temprano se aseguraba que los salarios aumentarían con dicha productividad. En esta farsa descarada participaron con gusto los dinosaurios sindicales, que se asociaron al festival de la explotación obrera, no sólo por la coima, sino también mediante las asociaciones de negocios que realizaron junto a los empresarios. La exigencia de un aumento del 53% que formularon los trabajadores del subte atañe sólo a la recuperación salarial según la inflación pasada, pero ni roza el nivel del incremento de la productividad, que debería ser reapropiado por quines lo produjeron.
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La Auditoria General de la Nación en su resolución 144 afirma que la empresa Metrovías debería estar pagando un Canon de 22 millones de pesos, con los cuales se deberían realizar obras de extensión y modernización de las líneas. Sin embargo la Auditoria corroboró que, al revés, la empresa no deposita un sólo peso en las arcas nacionales y extrae de ella, como ya dijimos, cerca de 60 millones de pesos, aunque por la emergencia ferroviaria los administradores de la empresa de Roggio decidieron reducir en un 45% los servicios de mantenimiento. Las tragedias como las de Once o la de Río Turbio, lo repetiremos por enésima vez, no son casualidades y siempre están vinculadas de una u otra manera al beneficio capitalista. Lo más curioso, sin embargo, es que los balances públicos de la empresa indican un rojo crónico. A pesar de haber despedido en su momento a más de 2 mil trabajadores, luego de aumentar el boleto en un 77,7%, de incrementar los ingresos y los pasajeros y de recibir subsidios, la empresa sostiene que trabaja a pérdida. Un reclamo similar han realizado las empresas de energía. Últimamente la embajada francesa está muy activa haciendo lobby a favor de Aguas Argentinas que denuncia pérdidas por 600 millones. Lo que parece extravagante es que el gobierno de la «recuperación nacional» haya convalidado la inmensa mayoría de las concesiones y los procesos privatizadores que sin embargo denuncia como un legado corrupto de los años ’90. Es que Kirchner no vino para «recuperar la nación» de manos de los pulpos privatizadores, los bancos y el FMI, sino del pueblo movilizado que después de barrer con el gobierno de De La Rua ganó las calles mediante las asambleas populares y los piquetes de desocupados. Que el gobierno actual deba rescatar al régimen político haciendo demagogia sobre tal o cual tema, es el tributo que el vicio le rinde a la virtud, porque sólo mediante la demagogia y las reformas cosméticas podía la clase dominante salvar al sistema político y sus instituciones sin hundirse él mismo en el barro donde se consumieron cinco presidentes en pocos meses.
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El chantaje empresario por la suba de tarifas y el aumento de los subsidios debe ser incluido en la agenda más amplia de todas las empresas privatizadas apañadas por los directivos del FMI. Los países del G7 ya han dicho que sólo renegociarán el acuerdo con Argentina si se realizan ‘reformas estructurales’, es decir se ‘soluciona’ el tema de las tarifas y más en general de su rentabilidad.
El gobierno de Kirchner ha sido hasta ahora un fiel cumplidor de los acuerdos con el FMI, quizá mucho más que gobiernos anteriores. Ha girado más de 10 mil millones de dólares hacia Manhatan, renegoció la deuda sin un sólo dólar de quita y prometió hace menos de dos meses pagar ‘por adelantado’. No habría porque desconfiar en que se ajustará nuevamente a los requerimientos imperiales. Las disputas y los tironeos con algunas empresas de servicios no pueden esconder el contenido real del propósito que se ha trazado la administración actual, auspiciada por los Techint, los Pérez Compang y los Roggio. La exigencia salarial de los trabajadores del subte se anuda también con los reclamos populares porque ataca al corazón de la estafa de las empresas privatizadas. El desenvolvimiento de una lucha consecuente a largo plazo contra los pulpos estafadores comienza con la denuncia de los intentos de un tarifazo y se remata con la renacionalización de las empresas, gestionadas por los trabajadores y los usuarios.
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Desde noviembre del año pasado el gobierno ha posado de ‘arbitro’ entre las patronales y los trabajadores, auspiciando paritarias salariales e incluso reprochando a ‘ciertos empresarios’ que no dieron los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo. Pero mientras felicitaba a las cámaras empresarias siderometalúrgicas y a la UOM por el acuerdo alcanzado de 150 pesos de aumento, es decir exactamente el mismo monto que los decretos, denunciaba ‘desbordes’ en el conflicto telefónico, cuando los trabajadores ocuparon algunos edificios. Su política se reduce, como en tantos otros aspectos, a evitar la radicalización y la lucha de clases, canalizando los reclamos hacia paritarias controladas por los dirigentes sindicales en negociaciones espurias a espaldas de los trabajadores. Lo que se jugó en este conflicto fue también el método que se impondrá en la clase trabajadora para asegurar las reivindicaciones: la subordinación de los dirigentes sindicales tradicionales a los intereses capitalistas o la lucha mediante la acción directa. Las componendas secretas entre empresarios y sindicalistas amigos o el debate público y democrático, en primer lugar entre todos los trabajadores. El planteo que formuló el cuerpo de delegados de reclamar una paritaria pública se inscribe en este marco y retoma las mejores tradiciones del movimiento obrero internacional.
Lo que se puso en juego en consecuencia es el fortalecimiento y desarrollo de un nuevo tipo de organización sindical, que nace de la base y opera mediante el mecanismo de la democracia directa y el pluralismo político.
En el conflicto del subte se puso a prueba también la existencia misma del Movimiento por la jornada laboral de 6 horas, cuyas organizaciones participantes se jugaron en la huelga. Las cámaras de televisión de todo el país registraron un acto espontáneo realizado por los trabajadores de la línea C y la militancia social y política en la estación de Constitución. Allí, entre la algarabía de todos por el triunfo, un delegado emocionado destacó la lucha que se viene: la reducción de la jornada laboral y el aumento de salarios para todos los trabajadores, para terminar con el desempleo y recibir un sueldo equivalente a la canasta familiar. La emoción recorrió a los presentes, porque las palabras del delegado eran el sentido genuino de una amplia militancia obrera subterránea, que en todas estas experiencias se está forjando una nueva conciencia de clase. En la conferencia de prensa final otro delegado destacó el derecho a la cultura de los hijos de la clase trabajadora. No parecen palabras del sindicalismo tradicional. Ellos son el síntoma de los nuevos procesos de recomposición de la subjetividad proletaria. El triunfo del conflicto no dejó de emocionar a la militancia que rodeó la lucha y a los jóvenes que se acercaron a brindar su apoyo. Nadie puede quedar indiferente ante este resultado. Algunas organizaciones de la izquierda socialista deberán reexaminar sus caracterizaciones respecto al proceso en gestación de esta joven sección de la clase trabajadora Argentina y al cuerpo de delegados que lo dirige.
El triunfo de los trabajadores del subte favorece también el agrupamiento clasista y antiburocrático que nace y viene gestándose desde los mismos túneles de la ciudad de Buenos Aires pero que se proyecta hoy más que nunca a nivel nacional.