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La renuncia de Mesa: ¿inteligente estrategia?

Fuentes: CEPS

El 6 de Marzo, a las 21:00 horas, el Presidente Mesa se dirigió a la Nación con un largo mensaje en el que atacó duramente a diversos líderes políticos y sociales y que culminó anunciando su renuncia. No se trataba, sin embargo, de una renuncia irrevocable sino que sería sometida a la aprobación del Parlamento. […]

El 6 de Marzo, a las 21:00 horas, el Presidente Mesa se dirigió a la Nación con un largo mensaje en el que atacó duramente a diversos líderes políticos y sociales y que culminó anunciando su renuncia. No se trataba, sin embargo, de una renuncia irrevocable sino que sería sometida a la aprobación del Parlamento.

Mesa, durante su discurso, atacó duramente a todos los que le han causado problemas de gobernabilidad, desde Abel Mamani hasta Evo Morales pasando por las ONGs danesas, suecas y holandesas. Junto a algunas observaciones comprensibles sobre la imposibilidad de gobernar un país tan inestable, el Presidente hizo algunas declaraciones inaceptables como justificar una determinada LHC para satisfacer las condiciones de la Comunidad Internacional, en una negación absoluta del significado de la soberanía popular.

El discurso de Mesa provocó una gran conmoción en todo el país, no tanto por el apoyo de que goza su gestión sino por la incertidumbre que genera. Desde sectores de la clase media y popular hasta los propios partidos y organizaciones sociales que lo han puesto contra las cuerdas estaban sumidos en la mayor confusión respecto a la salida más adecuada al dilema planteado por el Presidente.

¿Quién apoya a Mesa?

Parte de la clase media alta, que tiene su vida resuelta y sólo reclama estabilidad; parte de la clase media ascendente y los comerciantes, que viven de su trabajo día a día y no pueden permitirse el lujo de bloqueos. Las últimas encuestas de popularidad situaban a Mesa en un 60% aproximadamente. Pero no se trata de un apoyo entusiasta ni visible; hasta la reciente crisis, ha sido una «mayoría silenciosa» que acaso cree menos en la posibilidad de cambio y más en el esfuerzo personal por adaptarse a las circunstancias adversas. En suma, los sectores más conservadores de la sociedad. En la manifestación de apoyo a Mesa ante el Palacio Quemado, del 6 de Marzo, se gritaban consignas muy variadas: «Mesa no es corrupto ni asesino»; «Mano dura»; «Muera Evo y Abel»; «Cierren el Parlamento»… En definitiva, lo que se pide es estabilidad y honestidad, aun a costa de sacrificar pluralidad y democracia. No sería muy exagerado decir que gran parte de quienes apoyan a Mesa acogerían de buen grado una dictadura blanda. Esto pone de manifiesto una desconfianza absoluta respecto al sistema de partidos, y existen razones para ello ya que el transfugismo y la corrupción están a la orden del día. Sin embargo, estos sectores ignoran que los principales avances en la profundización de la democracia boliviana, los avances que, eventualmente, pueden beneficiar a los sectores más excluidos de la sociedad -62% de indígenas, 63% de pobres- no se han obtenido a través de mecanismos institucionales sino a través de las movilizaciones sociales, de los bloqueos, los paros, las huelgas.

Mesa y la traición de la Agenda de Octubre

Carlos Mesa1 llegó a la Vicepresidencia de la República como aliado de Sánchez de Lozada tras las Elecciones 2002. Desde tal posición, respaldó, en general, toda la gestión de Sánchez de Lozada, mostrando sólo su disenso en algunos casos de corrupción particularmente escandalosos.

En Octubre de 2003, tras la caída de Sánchez de Lozada, Mesa asumió la Presidencia por sucesión constitucional. Mesa es el único miembro del Gobierno de Sánchez de Lozada que no ha sido sometido, hasta ahora, al Juicio de Responsabilidad por las masacres de Febrero y Octubre de 2003. Desde la asunción de la Presidencia de la República, ha gozado de gran popularidad, en torno al 60%, a pesar de los numerosos errores, manipulaciones e ineficacia.

El compromiso de Mesa en Octubre de 2003 fue convocar una Asamblea Constituyente y un Referéndum sobre la política energética del país, además de impulsar el Juicio de Responsabilidades contra Sánchez de Lozada.

a) El Referéndum del Gas

Por lo que se refiere al Referéndum del Gas, la actuación del Ejecutivo fue alevosa, ya que las cinco preguntas incluidas en la papeleta, eran sumamente complejas y de difícil interpretación, tanto para el votante y como para el Legislador. De hecho, la ambigüedad de las preguntas formuladas ha dado lugar a una discusión interminable sobre qué tipo de Ley de Hidrocarburos pedían los ciudadanos, con el consecuente retraso en su aprobación. En particular, la cuestión sobre los ingresos del Estado a través de regalías o impuestos sobre la explotación de los hidrocarburos, que no sólo es sumamente técnica sino que, además, fue formulada de modo ambiguo en el Referéndum: es imposible saber si la ciudadanía pedía el 50% de ingresos vía regalías o vía impuestos2. Ésta es una de las cuestiones clave en la actual crisis política: parte de las movilizaciones actuales están motivadas por la imposición de una LHC que, en opinión de los defensores de la soberanía nacional sobre los recursos, ignora los resultados del Referéndum del Gas.

b) La Asamblea Constituyente

La convocatoria de la Asamblea Constituyente fue constitucionalizada mediante una Reforma de la Constitución en Febrero de 2004. Con el fin de conducir el proceso constituyente, el Ejecutivo creó la Unidad de Coordinación de la Asamblea Constituyente (UCAC), dirigida hasta Febrero de 2005 por un conocido político, Ricardo Paz. La función de la UCAC en dicho proceso era generar insumos técnicos, gestionar todo el proceso de comunicación e información y encauzar los fondos comprometidos por las agencias internacionales para financiar todo el proceso constituyente. Sin embargo, los resultados tangibles de la gestión de Ricardo Paz, caracterizada por la opacidad y una dirección errática, han sido bastante pobres y muy cuestionados. Por ejemplo, se han realizado numerosas encuestas y talleres cuyos resultados nunca han llegado a publicarse; se han lanzado convocatorias no públicas para consultorías que nunca se han resulto y que se han retirado por problemas internos.

En Diciembre de 2004, Evo Morales pidió en el Parlamento la renuncia de Paz pero fue ignorado. Posteriormente, en Febrero de 2005, los sectores más radicales del cruceñismo pidieron su renuncia por oponerse a la autonomía, y Paz dimitió. El Gerente Técnico de la UCAC, Fernando Aramayo, asumió el puesto de Paz con absoluta discreción y se encuentra con graves problemas para recuperar la legitimidad política del organismo. Con el rechazo absoluto del MAS, principal partido de la oposición, la viabilidad de la UCAC como organismo rector del proceso constituyente es más que problemática. De hecho, son muchos los que califican dicho organismo de «cadáver político».

c) El Juicio de Responsabilidades

Por lo que se refiere al Juicio de Responsabilidades, tampoco se puede hablar de una gran diligencia. Empezando por los problemas para aprobar en sede parlamentaria la apertura del juicio, y siguiendo por los numerosos errores y omisiones absolutamente vergonzosos para la Administración de Justicia del país: desde los graves retrasos en el íter procesal, que han imposibilitado la inscripción preventiva de los numerosos bienes de Sánchez de Lozada para una eventual cobertura de la responsabilidad civil, hasta los errores de bulto cometidos por el Fiscal General del Estado, en la redacción del escrito de imputación.

Los anteriores puntos se refieren al manejo de los puntos centrales de la llamada Agenda de Octubre que, no se puede olvidar, constituye el elemento legitimador de Mesa como Presidente. Ciertamente, Mesa es Presidente por sucesión constitucional. Sin embargo, su purificación -penal, política- viene dada por la asunción de la llamada Agenda de Octubre. Como se ha señalado, la gestión de Mesa no ha garantizado la implementación de la citada agenda. Además, entre tanto, otros factores han venido a complicar el proceso: fundamentalmente, la reivindicación autonomista cruceña (Junio y Noviembre 2004; Enero 2005)y, secundariamente, el conflicto de Aguas del Illimani (Noviembre 2004 y Enero 2005).

La cuestión autonomista

El análisis del proceso político que se inicia en Octubre 2003, con la asunción de la Presidencia por parte de Mesa, exige una atención específica a la cuestión autonomista en Santa Cruz. En Junio de 2004 -con la celebración de un Cabildo pro autonomía- y en Noviembre 2004 -con la exigencia de celebración de un Referéndum por la Autonomía para el 5 de Diciembre, fecha prevista de las Elecciones Municipales, unida a la amenaza alternativa de convocar el Referéndum de forma unilateral- los autonomistas cruceños imponen una nueva agenda al país que acabará interfiriendo con la Agenda de Octubre. En ese momento, el Presidente consigue desactivar la ofensiva cruceña mediante la promesa de celebración de un Referéndum siguiendo los procedimientos legalmente previstos. Así, se calculó inicialmente que el Referéndum podría celebrarse en el mes de Abril 2005. La interpretación, parcialmente cierta, según la cual la reivindicación autonomista de Santa Cruz respondía a los intereses de la oligarquía y las transnacionales, llevó al MAS y a los sectores pro Asamblea Constituyente a oponerse abiertamente a la posibilidad de un Referéndum Autonómico previo a la Asamblea. Entre tanto, la Ley de Hidrocarburos y Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente seguían atascada en el Parlamento.

En Enero de 2005, los autonomistas cruceños, se movilizaron, toman varias instituciones, la Prefectura entre otras, y anunciaron la celebración de un Cabildo para nombrar Gobernador ¿Qué ha provocado la repentina radicalización del movimiento autonomista cruceño? Caben dos explicaciones que, probablemente, sean complementarias: en primer lugar, unas declaraciones de Ricardo Paz, Jefe de la UCAC, negando la viabilidad del Referéndum Autonómico; en segundo lugar, la manipulación de las movilizaciones contra el «gasolinazo» en Santa Cruz por parte del movimiento cruceñista. Se dice también que las movilizaciones por la autonomía han sido financiadas con dinero de las transnacionales, lo cual, de ser cierto, habría funcionado como un coadyuvante.

La Crisis Perpetua: De la Crisis de Enero a la Crisis de Marzo

El 31 de Diciembre de 2004, el Ejecutivo aprueba un Decreto Supremo que elimina los subsidios a los carburantes3. Como consecuencia, los precios de los carburantes aumentan alrededor del 20% de un día a otro. En protesta contra el «gasolinazo» se producen movilizaciones en Santa Cruz y otros puntos del país pidiendo la derogación del Decreto. Las movilizaciones contra el «gasolinazo» se acaban confundiendo con una nueva ofensiva de Santa Cruz por la autonomía y con una movilización en El Alto pidiendo la expulsión de la transnacional concesionaria del servicio de aguas, Aguas del Illimani. Esta empresa de aguas, filial de la transnacional francesa Lyonese des Eaux-Suez, venía siendo acusada desde el año anterior de incumplir sistemáticamente sus compromisos contractuales con el Estado4.

A finales de Enero, el Presidente desactivó los bloqueos cediendo a las reivindicaciones: aprobó varias rebajas sucesivas del precio de los carburantes, aunque simbólicas; firmó un Decreto comprometiéndose a rescindir el contrato con Aguas del Illimani; y se comprometió con el movimiento cruceñista a convocar un Referéndum de Autonomía y firmó un Decreto Supremo convocando a la Elección de Prefectos el 12 de Junio. Las sucesivas concesiones de Mesa han provocado reacciones en la ciudadanía y los medios de comunicación -aquéllos que lo han apoyado incondicionalmente en la presente crisis- tachándolo de débil y pusilánime. Por supuesto, el MAS y sectores pro Asamblea han denunciado vehementemente la connivencia de Mesa con el movimiento cruceñista, que representa, presuntamente, los intereses de la oligarquía tradicional. El desencuentro entre Evo Morales y Mesa se profundiza.

Desde Febrero, la situación de crisis permanente se deteriora con temas recurrentes: negligencias en el Juicio de Responsabilidades; el asunto de Aguas del Illimani, que no está cerrado a pesar del Decreto de Mesa; la confrontación entre sectores pro Asamblea y autonomistas cruceños; la difícil aprobación de la Ley de Hidrocarburos (LHC) y otros conflictos menores. En ese contexto, llegamos a la primera semana de Marzo, en que se inician movilizaciones y paros en todo el país: por la LHC, por la Asamblea Constituyente, por Aguas del Illimani y demás reivindicaciones sectoriales. En principio, el MAS no está detrás de estas movilizaciones, aunque las apoya, hasta el día 3 de Marzo. El 3 de Marzo, el MAS pierde en el Congreso, por un voto, la votación referente a impuestos y regalías sobre los hidrocarburos en medio de rumores de compra de votos y votos nulos5. A partir de este momento, el MAS convoca a movilizaciones en todo el país por la recuperación de los hidrocarburos.

El día 6 de Marzo llega la sorpresiva renuncia condicional de Mesa. Una renuncia que era un plebiscito, un chantaje: «si no aprobáis mi LHC, que es la ley que pide la comunidad internacional, léase las transnacionales, me voy y será problema vuestro manejar la crisis»6. Inicialmente, la renuncia de Mesa se atribuyó a la situación de bloqueo, al cansancio provocado por la ingobernabilidad constante. Sin embargo, la carta de renuncia remitida al Congreso revela que, en realidad, el Presidente está pidiendo a los parlamentarios un cierre de filas en torno al Proyecto de LHC del Ejecutivo. Existen otras condiciones, pero ésta es la central. Ante tal chantaje, el 8 de Marzo, el MAS se retira de la sesión del Congreso que debe resolver sobre la renuncia condicional. Finalmente, la renuncia es rechazada por el Congreso y las condiciones, el pacto de gobernabilidad, es asumido por los partidos presentes. La jugada de Mesa ha dado resultado, al menos aparentemente.

¿Cierre de la crisis?

Para interpretar la situación es necesario plantearse las siguientes preguntas:

  1. ¿Cómo llega Mesa a la Presidencia de la República?

Mesa llega al poder no sólo apoyado en la legalidad constitucional sino, sobre todo, gracias al apoyo que le brinda el MAS y a través de su compromiso con la llamada Agenda de Octubre;

  1. ¿Cuál es el grado de legitimidad democrática de los partidos que han firmado el pacto de gobernabilidad con Mesa?

Los partidos del Parlamento que han aceptado las condiciones de Mesa están totalmente deslegitimados desde Octubre 2003 y, desde las Elecciones Municipales de 2004, han perdido prácticamente toda su representatividad.

  1. ¿Cuál es partido con mayor legitimidad democrática en el país, particularmente en el campo?

El primer partido del país es el MAS, con casi 500.000 votos.

  1. ¿Qué esperan obtener los partidos firmantes del pacto de estabilidad?

Acaso se trata se jugar a ser responsables, a tener visión de Estado y de apostar por la gobernabilidad, con la finalidad de redimirse de sus errores pasados y recuperar la legitimidad moral y electoral perdida. Frente Evo, el bloqueador, los partidos tradicionales pretenderían pasar por partidos civilizados, dialogantes, preocupados por el futuro del país. No obstante, habrá que ver cuanto dura el idilio entre el Parlamento y el Presidente Mesa.

De entrada, el MAS ha anunciado radicalización de las medidas de presión7. La crisis institucional se ha resuelto provocando una crisis social. En un país como Bolivia, donde la legitimidad política corre paralela a la de los movimientos sociales, es cuestión de tiempo que la situación vuelva a llegar a un callejón sin salida. Con su jugada y su hábil y brillante discurso, Mesa ha conseguido convalidar un importante nivel de apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad. Un apoyo que raya en la legitimación de la dictadura democrática. Es importante señalar, que la gente que lo aclamaba a la salida de la sesión parlamentaria gritaba con más fuerza que el día de su renuncia la espeluznante consigna «mano dura». De algún modo, Mesa ha transformado su «mayoría silenciosa» en una «minoría visible y audible». Pero no se puede olvidar que los sectores que apoyan entusiastamente son, aproximadamente, los mismos que lo tachaban de débil en el pasado. ¿Implica esto una autorización tácita para recurrir a las medidas represivas? Probablemente sí, de lo contrario, ¿dónde estaría el avance? De momento, algunos medios informaban el día 9 de Marzo de que Mesa ha dado órdenes para detener a los bloqueadores.

Y para redondear su estrategia plebiscitaria, Mesa ha pedido a todos los ciudadanos del país a manifestarse contra los bloqueadores el próximo Jueves 10 de Marzo. Ciertamente, la derecha ha aprendido de los métodos de movilización plebeyos: ahora son los conservadores los que salen a la calle a manifestarse a favor de la paz y la democracia. Sin duda, más vale eso que defenderla con los tanques. Sin embargo, como han señalado varios comentaristas, Mesa está jugando con fuego al enfrentar a la ciudadanía de ese modo: demócratas contra bloqueadores. Una confrontación que corre el riesgo de convertirse en un enfrentamiento de clases, de razas, modulado, por supuesto, por la conciencia de clase y de raza.

La crisis no se ha cerrado. Por el contrario, se ha agravado al crearse artificialmente un bloque de unidad democrática enfrentado al bloque de los antisistema. Y, como de costumbre, se ha utilizado la astucia y se ha abusando de la buena fe de la ciudadanía. La acumulación de agravios y de reivindicaciones justas proseguirá hasta que vuelva a reventar de forma inesperada. Básicamente, caben dos posibilidades: o Mesa aplica la mano dura o acaba perdiendo el entusiasta apoyo que ha cosechado en estos tres días con su inteligente retórica. Como dice Evo Morales, mientras no haya justicia social, no podrá haber paz social; mientras no haya seguridad social para los ciudadanos, no llegará la seguridad jurídica para las transnacionales. El peligro radica en que, al igual que hay quienes piden «mano dura», también hay quienes, desde el otro lado, empiezan a pensar que los cambios radicales no van a llegar sin sangre. La inteligente estrategia de Mesa puede haber activado una peligrosa bomba de relojería.

Fundación CEPS (España). [email protected]

1 Mesa es comunicador de profesión y, en el momento de entrar como candidato a la Vicepresidencia, era propietario de P.A.T., un canal de televisión. Corre el rumor de que su candidatura fue comprada por el MNR con 1.000.000 de Dólares, con los que, presuntamente, hizo frente a las deudas acumuladas de P.A.T.

2 En términos monetarios, la diferencia entre una modalidad u otra es, aproximadamente, de más de 400 millones de Dólares -de 350 m. Dólares vía impuestos a 750 m. Dólares vía regalías.

3 Simultáneamente, se produjo otro escándalo que ha tenido menor trascendencia, a pesar de su gravedad: la publicación el día 24 de Diciembre de 2004 en el Registro Oficial de un decreto que habilitaba a las transnacionales a inscribir los terrenos que poseen a título de concesión en el Registro de Bienes Inmuebles.

4 Los incumplimientos contractuales se refieren, fundamentalmente, a la falta de inversiones, cobertura limitada y aumentos arbitrarios de las tarifas. Cabe señalar que, por un lado, el contrato de concesión es muy laxo, lo cual beneficia a la empresa en perjuicio del Estado y de los consumidores; por otro, corren los rumores según los cuales, la empresa ya estaría interesada en abandonar el país por falta de rentabilidad y que habría provocado, de forma directa o indirecta, las movilizaciones para provocar una ruptura abrupta del contrato, a fin de beneficiarse de la indemnización correspondientes.

5 La Prensa, 4 de Marzo de 2005.

6 Atendiendo a la información confusa manejada por los medios de comunicación resulta imposible conocer los términos exactos del acuerdo: aprobación del Proyecto de LHC de Mesa, aprobación de LHC aceptable para las transnacionales, reconsideración total de la Ley o sólo de puntos más conflictivos.

7 El día 9 de Marzo, tras el acuerdo entre el Presidente y el Parlamento, las calles de Santa Cruz, la productiva, han amanecido paralizadas por los conductores de microbuses. Por su parte, el MAS y la Confederación Obrera Boliviana se han reunido para firmar un pacto junto con diferentes sectores sociales, uniendo a líderes y organizaciones que no se dirigían la palabra desde tiempo atrás: Evo Morales, Alejo Véliz, Felipe Quispe, Román Loayza, Roberto de la Cruz, etc… Se ha constituido el «Estado Mayor del Pueblo», con sus Cuarteles Generales en el Chapare y en la ciuda de El Alto, que plantea movilizaciones para «combatir el modelo económico» y «la aprobación de la LHC con un 50% de regalías».