Debilitado, Carlos Mesa arranca una difícil semana con marchas en todo el país. Fracasó su llamado a la unidad y sigue la crisis por la ley de hidrocarburos. La central obrera dice que concluyó su tiempo. El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, acosado por los sindicatos que afirman que su período ya ha concluido, quedó […]
Debilitado, Carlos Mesa arranca una difícil semana con marchas en todo el país. Fracasó su llamado a la unidad y sigue la crisis por la ley de hidrocarburos. La central obrera dice que concluyó su tiempo.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, acosado por los sindicatos que afirman que su período ya ha concluido, quedó muy debilitado al tener que levantar su convocatoria a un «Encuentro de Unidad nacional» lanzado la semana pasada por falta de quórum. Esa cita, acaso la última carta que le quedaba a un presidente, era para mañana en Sucre. Pero el lunes lo único que sí ocurrirá es el comienzo de otra semana de escalada social con marchas previstas hacia La Paz y otras ciudades para exigir que el gobierno promulgue una Ley de Hidrocarburos votada en el Congreso y que aumenta la carga impositiva a las empresas del sector, reducida durante el anterior gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mesa «observó conceptualmente» la Ley, lo que fue rechazado. Hasta el martes, tiene tiempo de vetarla, promulgarla o hacer observaciones puntuales y devolverla al Congreso, lo que ayer el presidente dijo que hará el martes. «El martes haré conocer mis observaciones», declaró el viernes por la noche mientras recorría a pie el centro de La Paz.
Al llamado de Mesa no respondieron, salvo excepciones, ni los partidos mayoritarios, ni el Congreso, ni los jueces, ni organizaciones sociales e intermedias. Ayer, entidades de derechos humanos y el Defensor del Pueblo advirtieron que «la democracia y la unidad de Bolivia están en riesgo» ante las movilizaciones sociales que arrancarán el lunes.
Mesa ya presentó su renuncia hace dos meses, pero el Congreso se la rechazó. Tampoco las fuerzas armadas aceptarían, trascendió en ese momento, que el presidente dejara el poder en manos de la sucesión natural: los jefes del Senado o de Diputados. Así, aunque no tiene base y no quiere promulgar la «ley del gas» -el punto neurálgico de la crisis boliviana desde 2003- Mesa está atrapado. Varios analistas concluyen entonces que la única salida será anunciar el adelanto de las elecciones, que de otro modo deberían hacerse en 2007.
La marcha que arranca mañana en Caracollo (entre Oruro y Potosí), llegará a La Paz en una semana aproximadamente y fue convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones del movimiento social boliviano. Grupos más radicalizados como los de Felipe Quispe dijeron que bloquearán caminos.
Morales defiende lo votado en Diputados que fija regalías por 50% a la explotación del gas, contra 18% más 32% complementario que decidió el Senado. Si Mesa gira sus observaciones al Congreso el martes, será el Legislativo el que finalmente las discuta y promulgue la Ley, contra la cual han protestado compañías como Repsol-YPF (España), Petrobras (Brasil), British Gas (Reino Unido), Chevron (EE.UU.) y otras, que amenazaron con juicios si hay cambios sobre los ventajosos contratos que firmaron con el gobierno de Sánchez de Lozada.
El clima sigue tenso. El viernes hubo una pequeña bomba contra el auto de un directivo local de Petrobras en Santa Cruz de la Sierra. Según el ministro de Gobierno, Saúl Lara, fue un atentado «que busca generar incertidumbre, caos e intranquilidad, para desestabilizar al gobierno».
Ayer, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Boliviana, Sacha Llorenti, hizo «un ferviente llamado a tender puentes de diálogo en lugar de cavar trincheras, ahora que nuestro país enfrenta el momento político y social más difícil desde que recuperó la democracia», en 1982. «Respetamos el derecho a disentir que tiene cada sector, pero esperamos que las movilizaciones del lunes no se conviertan en un atropello a los derechos de los otros», dijo por su parte Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo.
La COB ratificó sin embargo sus movilizaciones. Y su titular, Jaime Solares, dijo «se acabó el tiempo de Mesa y del Congreso». Algunos sectores dentro de la central sindical, por ejemplo los de la ciudad de El Alto, quieren directamente la nacionalización de los combustibles. El boom gasífero que tuvo Bolivia desde la década pasada dejó una renta extraordinaria a las multinacionales pero la sociedad boliviana hasta ahora no vio los beneficios.
En El Alto dicen que bloquearán rutas, el aeropuerto y la planta de Senkata que abastece de combustible a La Paz. Sucesos similares en octubre de 2003 terminaron con casi 100 muertos y la caída de Sánchez de Lozada.
Evo Morales, en tanto, mantiene su postura de exigir regalías de 50%. «Queremos que las empresas sean nuestras socias, no dueñas del gas», dijo hace poco a Clarín. Y aseguró ayer que, si llegara a la presidencia de Bolivia, respetará las relaciones bilaterales, pero que si EE.UU. plantea una ruptura «pues que lo hagan», al aludir a la campaña en su contra que, dice, genera Washington.
También abogó por adelantar las elecciones, igual que dirigentes como Samuel Doria Medina, del Frente Unidad Nacional (centrista) y Mauro Bertero de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Si Mesa renuncia antes, debería asumir el poder el titular del Congreso, Hormando Vaca Diez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (centroderecha).
Mesa dijo ayer que ante el fracaso de su convocatoria «los riesgos para la convivencia democrática y la unidad del país se mantienen». La semana pasada, había dicho que el país estaba al borde de «enfrentamientos violentos». El viernes por la noche el presidente se volvió a reunir con los jefes militares y policíales para recibir un informe sobre la seguridad interna.
AFP, ANSA, AP, EFE, DPA, CLARIN