Multitudinarias manifestaciones paralizaron ayer el centro de la ciudad de La Paz marchando en contra del gobierno y exigiendo la nacionalización de la explotación de los hidrocarburos. Miles de personas bajaron a la capital de Bolivia intentando ingresar a la Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero la policía lo impidió sin […]
Multitudinarias manifestaciones paralizaron ayer el centro de la ciudad de La Paz marchando en contra del gobierno y exigiendo la nacionalización de la explotación de los hidrocarburos. Miles de personas bajaron a la capital de Bolivia intentando ingresar a la Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero la policía lo impidió sin que se hubieran registrado incidentes serios.
Las marchas fueron protagonizadas por miembros de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera Regional de la vecina ciudad de El Alto y del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fuerzas que firmaron el «Pacto por la Dignidad y la Soberanía».
Los manifestantes reclamaron la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso, al calificar al mandatario y a los legisladores de «traidores», porque se oponen mayoritariamente a la nacionalización de los hidrocarburos.
Por otra parte, agrupaciones de indígenas, campesinos y mineros, algunas vinculadas al MAS, iniciaron ayer el bloqueo de la carreteras La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba, dos de las más importantes del país. Los manifestantes iniciaron una marcha desde Caracollo (190 kilómetros al sur de La Paz) hacia esta capital reclamado también la nacionalización y la atención a otros requerimientos sectoriales.
En tanto, partidos políticos y empresas privadas pidieron al presidente Mesa la inmediata promulgación del proyecto de ley de hidrocarburos aprobado por el congreso el 6 de mayo, que no contempla la nacionalización, pero si la creación de un impuesto a la producción de carburantes del 32 por ciento.
Mesa convocó el pasado 10 de mayo a un encuentro multisectorial para analizar la ley aprobada por el Congreso, hacia la que dijo tener una «observación conceptual». Pero el rechazo del Legislativo a asistir a la reunión obligó al presidente a cancelarla. El presidente boliviano tiene plazo hasta hoy para vetar, promulgar o hacer observaciones puntuales a la ley sobre el futuro de los hidrocarburos.
El presidente Mesa no está de acuerdo básicamente con dos aspectos de la ley: con que se obligue a las empresas petroleras a cambiar sus contratos y adecuarlos a la nueva norma de forma obligatoria y no concertada, y con que el impuesto del 32 por ciento no sea acreditable, es decir, deducible de otros.
En declaraciones a medios locales, el principal dirigente opositor Evo Morales le exigió a Mesa que se decida de una vez a «tomar posesión de los campos petroleros» mediante la estatal petrolera YPFB y «sumarse a los reclamos del pueblo y no seguir defendiendo a las trasnacionales».
El MAS, quien también rechazó la ley, exige que las petroleras paguen un 50 por ciento de regalías y que el Estado controle la comercialización interna y externa del petróleo, pero no descarta que las empresas extranjeras actúen como «socias» del gobierno boliviano.