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Zaratti fue quien provocó la ruptura entre Carlos Mesa y el Parlamento

Salen a luz entretelones de la crisis de junio

Fuentes: Servicio Informativo Datos & Análisis

El ex delegado presidencial favoreció a las empresas petroleras que operan en el Campo San Alberto causando una pérdida al Estado de más de $us 10 millones; y por eso se opuso a la nueva Ley que cambia el sentido expoliador de los contratos impuestos por Sánchez de Lozada. Ahora el italiano se apega a […]

El ex delegado presidencial favoreció a las empresas petroleras que operan en el Campo San Alberto causando una pérdida al Estado de más de $us 10 millones; y por eso se opuso a la nueva Ley que cambia el sentido expoliador de los contratos impuestos por Sánchez de Lozada. Ahora el italiano se apega a Tuto Quiroga

Casi a tres meses de la crisis que derivó en la caída de Carlos Mesa en junio pasado, surge el nombre del italiano Francesco Zaratti como uno de los promotores de aquella ruptura entre el Ejecutivo y el Parlamento a causa de la nueva Ley de Hidrocarburos.

En círculos de la llamada «Brigada Patriótica» que respaldaba a Mesa y que integraban parlamentarios izquierdistas como el senador Filemón Escóbar, se sostiene que el astrónomo italiano -quien fungía como «Delegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización»- cerró filas junto a otros miembros del gabinete para sabotear la nueva ley petrolera que corta las uñas a las transnacionales.

La función de Zaratti, encomendada por Mesa, consistía en revisar el proceso de «capitalización» (privatización) de las empresas estratégicas del Estado iniciado en 1996 durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, marco en el cual se impuso una Ley de Hidrocarburos para suscribir 72 contratos petroleros lesivos al interés nacional y excesivamente dadivosos con los inversores extranjeros. Sin embargo Zaratti dedicó su tiempo como funcionario estatal y destinó los presupuestos de la Delegación para celebrar insulsos y onerosos «seminarios» y «talleres» con el único fin de justificar y eternizar las leyes gonistas nada menos que después de las revueltas populares de octubre del 2003 que expulsaron a Sánchez de Lozada.

Según estas fuentes, Zaratti fue la correa de transmisión de los intereses transnacionales petroleros en el gobierno de Mesa y utilizó su poder como «zar» de la Capitalización para chantajear a empresas de otros rubros que no «aportaban» a su gestión con fondos como los que recibió de Repsol, Petrobras, Maxus, Total y BG Bolivia.

Mal consejero

Zaratti habría ejercido toda su influencia sobre el presidente Mesa buscando frenar la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso el 17 de mayo de este año. Mediante el dispositivo de la adecuación obligada a la nueva norma (migración), la Ley 3050, es decir el nuevo código petrolero promulgado por el presidente Rodríguez Veltzé el pasado 27 de junio, tiende a dejar sin efecto los contratos petroleros suscritos en 1996 por Sánchez de Lozada y sienta las bases de una nueva política impositiva, en un proceso que podría profundizarse al fragor de la exigencia popular para nacionalizar los yacimientos de gas y petróleo, hoy en manos de doce empresas extranjeras sobre el territorio de la llamada «media luna» sur-oriental del país.

Mesa se opuso a la nueva ley siguiendo los consejos de Zaratti, enfrentándose contra el Poder Legislativo. Los diputados Hugo San Martín y Juan José Torres, de la entonces «brigada oficialista», habrían sido testigos de las interferencias de Zaratti en el diálogo que el presidente Mesa intentó sostener con los legisladores, lo que derivó en la ruptura de junio. De hecho, una semana antes del conflicto de Sucre que culminó con la designación de Rodríguez Veltzé, Filemón Escobar exigió a Mesa la renuncia de Zaratti, «El que debía renunciar era Zaratti y no Carlos Mesa», afirma el senador Escobar.

En pleno forcejeo con el Congreso que impulsaba la nueva Ley de Hidrocarburos, Zaratti habría entregado a Mesa un «informe reservado» sobre las consecuencias que sufriría el país si se promulgaba esta ley, y el italiano también participó en la elaboración del discurso presidencial cuando Mesa, amenazando con su renuncia ya en el mes de marzo, advirtió que no promulgaría la nueva ley sancionada en el Parlamento.

Los diputados mecistas sostienen asimismo que Francesco Zaratti fue quien influyó de manera directa en la elaboración de las ambiguas preguntas que fueron lanzadas durante el Referéndum del 18 de julio del 2004 con la finalidad de neutralizar en dicha consulta la opción concreta por la nacionalización de los hidrocarburos, hecho que hizo bajar ostensiblemente la popularidad con que Mesa había ascendido a la Presidencia de Bolivia en octubre del 2003.

Zaratti fue denunciado públicamente por haber recibido dineros de las transnacionales cuando ejercía funciones como «asesor» de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de un llamado «Anexo D» inserto en los 72 contratos de 1996 que legaliza el soborno a través de una oscura partida de «Fondos de Cooperación» aportada por las empresas contratistas para financiar los «gastos generales» de funcionarios estatales vinculados a la gestión petrolera. Este «Anexo D» fue ratificado durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga en julio del 2001.

El regalo de San Alberto

En junio del 2004, durante su gestión como Delegado de Mesa para la Capitalización, Zaratti, con ostensible desparpajo, elevó un informe declarando los antiguos reservorios del Campo San Alberto (uno de los yacimientos gasíferos más ricos del país) como «nuevos», por lo que las compañías que operan en la zona fueron liberados de pagar regalías correspondientes al 50%, cancelando sólo el 18% cual si fuesen campos de reciente descubrimiento, lo que significa para el Estado boliviano una pérdida de más de 10 millones de dólares. Petrobras y Total, empresas beneficiadas por la declaratoria de San Alberto como «campo nuevo», son dos de las empresas que sobornaron a Zaratti mediante el «Anexo D».

La nueva Ley de Hidrocarburos a la cual se opuso Mesa y que el actual presidente de transición Eduardo Rodríguez Veltzé viene ejecutando al pie de la letra, deja sin efecto la discriminación jurídica establecida por la Ley 1689 (de Hidrocarburos) del 30 de abril de 1996, según la cual la explotación de campos «antiguos» implica el pago del 50% de regalías mientras que los «nuevos» sólo reciben el 18%. Esa normativa dio lugar a manipulaciones como las de Zaratti a favor de las petroleras y que a la luz de la nueva Ley constituyen delitos contra el Estado.

Zaratti fue «asesor» de YPFB durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada sin tener ninguna formación en el campo de los hidrocarburos y desde ese puesto realizó gestiones a nombre del Estado cobrando estipendios a las empresas petroleras en aplicación del famoso «Anexo D». El detalle de los cheques cobrados por Zaratti fue difundido públicamente por el economista Juan Carlos Virreyra, recientemente fallecido en un trágico accidente aéreo. Entre otros gastos, las transnacionales financiaron inclusive viajes de placer de Zaratti, dentro y fuera del país.

Tras la caída de Sánchez de Lozada, el sucesor Carlos Mesa lo nombró como su delegado para la «revisión de la Capitalización», cargo en el que Zaratti, al contrario de su antecesor Virreyra, no hizo nada para modificar los contratos de riesgo compartido vigentes desde 1996, incurriendo en un franco incumplimiento de deberes como funcionario gubernamental.

Durante la crisis de junio pasado, Zaratti jugó un rol influyente en la decisión de Mesa para no promulgar ni reglamentar la nueva Ley de Hidrocarburos, lo cual determinó la caída de aquel Presidente en medio de una áspera confrontación casi armada con el Congreso Nacional que produjo el saldo de un obrero muerto en la ciudad de Sucre, cuando fuerzas militares sitiaron la capital boliviana mientras se definía la nueva sucesión presidencial. Actualmente, el astrónomo italiano mantiene estrechos contactos con los entornos del ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga Ramírez, el candidato de las transnacionales para las elecciones de diciembre.

Existe el criterio entre varios parlamentarios en sentido de que se debe abrir una rigurosa investigación para establecer, con claridad política, las responsabilidades de Zaratti, además de las de Mesa, en la crisis de junio que puso al país nuevamente al borde del abismo.

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