El pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy la toma en consideración de sendas proposiciones de Ley de ERC e IU-ICV, por las que se pretendía impulsar en la Administración central la implantación en sus equipos informáticos programas basados en ‘software libre’, es decir, aquellos que permiten el acceso al código fuente. En este […]
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy la toma en consideración de sendas proposiciones de Ley de ERC e IU-ICV, por las que se pretendía impulsar en la Administración central la implantación en sus equipos informáticos programas basados en ‘software libre’, es decir, aquellos que permiten el acceso al código fuente. En este tipo de sistemas operativos se puede modificar el contenido y funcionamiento de los programas, su uso no requiere el pago previo de ninguna licencia.
Apoyaron ambas iniciativas, de textos casi idénticos, los grupos de IU-ICV, ERC, BNG y CHA, mientras que CiU, PNV, PP y PSOE votaron en contra de su admisión a trámite.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera señaló en la defensa del texto presentado por su grupo que el software libre es una «exigencia contra una situación monopolística» y que contribuye a potenciar una sociedad más democrática, al tiempo que ensalzó las virtudes de los programas de estas características, que, según dijo, «son más seguros, más completos, más fáciles de usar y gratuitos».
Así, Herrera recordó que el Ministerio de Administraciones Públicas ha recomendado su uso como «la única forma de convergencia tecnológica con Europa», y que ya se utilizan con éxito en comunidades como la extremeña, la andaluza, valenciana o madrileña, además de en países como Italia o Bélgica.
El diputado ‘verde’ también advirtió del peligro de los programas bajo licencia, que permiten el acceso de los fabricantes a los ordenadores de los usuarios –«o del Ministerio de Interior o de Asuntos Exteriores», entre ellos– por las llamadas «puertas traseras» de sus sistemas operativos, a los que sólo ellos tiene acceso.
Por su parte, el otro proponente, Jordi Ramón Torres, diputado de ERC, suscribió los argumentos del portavoz de IU-ICV y añadió que el uso de estos programas ya no está restringido a expertos, y llegó a cuantificar en 3.000 millones de euros en dos años el ahorro que supondría para la Administración central la adopción de este sistema, además de las ventajas para ser configurados en las distintas lenguas cooficiales del Estado.
El diputado de ERC aseguró que «es falso que sean programas más inestables» sino que, al contrario, su seguridad garantiza mejor los derechos civiles y la privacidad. «Esta es una gran oportunidad, porque si el Estado deja de ser el cliente cautivo puede emplear el dinero de todos en otras cosas que considere más prioritarias», dijo Ramón, que reclamó no desaprovechar una oportunidad «para la izquierda».
Libertad de mercado
Por parte del Grupo Socialista, Lourdes Muñoz aseguró que «los monopolios no son buenos» pero que no se puede restringir la libertad de elección, por lo que recordó que el Gobierno y el PSOE han puesto en marcha políticas de impulso al software libre para facilitar la accesibilidad a las páginas web de la Administración para que el ciudadano no se vea obligado a adquirir un software, pero sin vulnerar la libre competencia.
La diputada socialista insistió en que desde su partido se cree en el desarrollo basado en dos criterios: «la neutralidad tecnológica y de eficacia». Por ello, señaló que su grupo está de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, pero no con el articulado, ya que a su juicio «ésa no es la manera de promocionar el software libre, porque hace falta más consenso».
Por último, adelantó que el Grupo Socialista va a presentar una propuesta para que se inste al Gobierno a un compromiso de impulso de este tipo de programas «como opción de libertad, pero garantizando la libertad del usuario».
José Ignacio Echániz, diputado del PP explicó el rechazo de su grupo por considerar la proposición «fruto del dirigismo tecnológico y limitadora de la libertad». «Los gobiernos no deben regular para crear alternativas que ya existen. Si el software libre es tan bueno, ¿por qué no dejan que compita en el mercado?», se preguntó. Echániz tildó la iniciativa de discriminatoria, y advirtió de que puede ir en contra de la libertad de mercado, las normas de contratación pública y la propiedad intelectual. Por otra parte, Echániz negó que se haya aprobado ninguna iniciativa similar en ningún país del mundo, y previno sobre los efectos negativos para el mercado doméstico de innovación y pequeñas empresas de programas con licencia