Un llamado a la devolución de tierras obtenidas de manera irregular lanzó hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, a tiempo de advertir que su administración se propone acabar con el latifundio improductivo. El mandatario hizo los planteamiento al tomar juramento al nuevo director del Instituto de Reforma Agraria, Saul Salazar, y destacó la importancia […]
Un llamado a la devolución de tierras obtenidas de manera irregular lanzó hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, a tiempo de advertir que su administración se propone acabar con el latifundio improductivo. El mandatario hizo los planteamiento al tomar juramento al nuevo director del Instituto de Reforma Agraria, Saul Salazar, y destacó la importancia de resolver la problemática de la tierra por sus connotaciones sociales Señaló que el nuevo funcionario tiene la obligación de hacer respetar la Constitución, según la cual la tierra debe tener utilidad social y económica, lo cual, apuntó, significa acabar con el latifundio improductivo, especialmente en el oriente del país. Llamó a quienes poseen grandes extensiones obtenidas por favores políticos u otras irregularidades, a entregar esas tierras al Estado para que sean repartidas entre campesinos pobres. Advirtió que, si no lo hacen voluntariamente, el gobierno aplicará rigurosamente las normas legales, lo cual significa la recuperación estatal de los predios. «Las tierras no pueden seguir siendo solo para negociar, eso tiene que terminar, sabiendo que hay tanta gente sin tierra o con tierra insuficiente», expresó, a tiempo de señalar que quienes exigen respetar la seguridad jurídica deben también cumplir la leyes. Aseguró al mismo tiempo que el gobierno respetará la tenencia de tierras que cumplen una función económica y social. Salazar por su parte anunció que trabajará por el cumplimiento del programa gubernamental en materia de tierra y territorio, con un relanzamiento de la reforma agraria, que, pese a haber sido aplicada desde hace más de medio siglo, no ha impedido el latifundismo. Adelantó que acortará los procesos de saneamiento de propiedades, es decir de verificación de la legalidad de las mismas y del cumplimiento de la función económica y social exigida por la Carta Magna.