El lunes 10 de abril se publicó en el Boletín Oficial el decreto 385/2006 del Ejecutivo que establece el aumento de las tarifas de gas para comercios, industrias y usuarios particulares, en un promedio del 15%. Con las firmas del presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández, la ministra de Economía Felisa Miceli […]
El lunes 10 de abril se publicó en el Boletín Oficial el decreto 385/2006 del Ejecutivo que establece el aumento de las tarifas de gas para comercios, industrias y usuarios particulares, en un promedio del 15%.
Con las firmas del presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández, la ministra de Economía Felisa Miceli y el secretario de Planificación Federal Julio de Vido, este decreto ratifica el «Acta acuerdo de renegociación contractual» firmada en enero de este año entre el Estado argentino y la empresa Gas Natural Ban SA, controlada por la española Gas Natural.
Voceros de la compañía, que distribuye gas natural en el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires, confirmaron la semana pasada que «para los usuarios industriales el incremento será retroactivo al 1º de noviembre de 2005 y al 1º de enero de 2006 para los residenciales».
Sin embargo el gobierno dijo que había un error en la interpretación y que el decreto recién se aplicaría para los hogares en el 2007.
Esto no puede confirmarse porque el nuevo cuadro tarifario aun no ha sido publicado por el Ente Nacional Regulador del Gas.
Lo que tampoco está claro es si ese aumento viene a engrosar el «cargo específico» que pagaremos los usuarios para realizar las obras de infraestructura, obras que, mientras tenían indexación en las tarifas, las privatizadas no realizaron (ver «Aumentan la luz y el gas»- Boletín Red Eco -17/3/06).
El mismo decreto contempla la implementación de una tarifa social en base a un «consumo máximo» que también está a definir.
Pero lo que sí se conoce es que, tal como lo hizo Telefónica a cambio de incrementar sus tarifas, Gas Ban suspendió su reclamo ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) por el que pedía compensaciones por la anulación del esquema de indexación de tarifas que estuvo vigente hasta la devaluación del año 2002.
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) envió una carta documento pidiendo precisiones a Julio de Vido sobre el cuadro tarifario, a qué clientes alcanza, a partir de qué fecha se hará efectivo y el dictamen que avala legalmente que dicho aumento sea retroactivo, no recibiendo aún respuesta.
La posibilidad del ejecutivo de negociar directamente con las empresas de servicios, se la dio el Congreso de la Nación al aprobar la Ley 25561 de emergencia pública sancionada apenas asumió Duhalde la presidencia y complementada por leyes y decretos durante el actual gobierno.
Casualmente -o no tanto- el FMI instó esta semana al gobierno de Kirchner para que ponga en marcha una reforma que «libere los precios del sector de los servicios».