Al buscar un modelo para manejar estas tensiones, Morales puede examinar el historial de otras administraciones progresistas que han alcanzado el poder en Latinoamérica. En años recientes, a la Casa Blanca le ha disgustado ver la propagación de gobiernos progresistas en Suramérica. Mientras tanto, los oponentes de la globalización corporativa han invertido una esperanza considerable […]
En sentido general, los gobiernos progresistas de Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile han aumentado el gasto social y dedicado mayor atención a las necesidades de los pobres. Sin embargo, raras veces han cumplido las expectativas de los movimientos sociales que ayudaron a llevarlos al poder. Estos movimientos han mantenido un papel de confrontación con el gobierno.
Igualmente, el triunfo electoral en Suramérica ha señalado una reacción a dos décadas de neoliberalismo económico desencadenado. Pero la magnitud con que cada país ha rechazado las políticas del «Consenso de Washington» varía grandemente.
La victoria electoral más reciente de la izquierda en Latinoamérica tuvo lugar en Chile. Allí una coalición de democristianos y socialistas, conocida como la Concertación, ha gobernado desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990. El 15 de enero los chilenos eligieron a la socialista Michelle Bachelet como su nueva presidenta. Bachelet es la primera mujer que gobierna el país y la tercera mujer elegida como jefa de estado en la historia latinoamericana. Su familia estuvo en la cárcel y su padre murió a manos del régimen de Pinochet en la década de 1970. Aunque la victoria de Bachelet marca un excitante viraje cultural, la presidenta electa ha jurado «andar por el mismo camino» que el actual presidente socialista, Ricardo Lagos. Lagos apoyó iniciativas neoliberales como el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), mantuvo estrechos lazos con Washington y se distanció de gobiernos más radicales en la región. Aunque observadores optimistas internacionales esperan que Bachelet pueda abandonar la moderación de la administración Lagos y enfrentar más agresivamente las duras desigualdades del país, su declaración hasta ahora subraya la continuidad.
Más relacionadas con la situación boliviana son los ejemplos de Argentina, Brasil y Venezuela. Cada uno representa una economía dominante en la región y cada uno ha actuado de manera diferente desde que los progresistas llagaron al poder, ofreciendo lecciones únicas a los líderes del MAS.
En 2003 el izquierdizante Néstor Kirchner tomó posesión en Argentina -después del colapso en 2001 de la economía del país y los levantamientos populares que expulsaron del poder a sucesivos gobiernos. Las políticas neoliberales apoyadas por el FMI e implementadas por el Presidente Carlos Menem en la década del 90 fueron consideradas responsables del colapso. Desde entonces Argentina ha sentado un precedente al romper con el FMI y jugar al duro con los acreedores internacionales.
En 2003 el país hizo la creíble amenaza de suspender sus pagos al FMI -algo nunca visto en países de ingresos medios. En respuesta, el Fondo retiró sus exigencias de austeridad y tasas más altas de intereses. Lo hizo por temor de que otros países siguieran el ejemplo de Argentina y suspendieran pagos. El intercambio sacudió el prestigio internacional del FMI y permitió a Argentina terminar una renegociación de más de mil millones de dólares en deuda externa en 2005. La renegociación redujo drásticamente el valor de las obligaciones existentes del país con los acreedores privados. Además, la posición de Argentina en contra del FMI le ha permitido al país basar su recuperación económica en políticas que, aunque no se desvían muy a la izquierda de las reglas keynesianas, son contrarias a las preferidas por Washington. Más allá de la política económica, Kirchner ha apoyado el rechazo a las leyes de amnistía que protegen a los militares. Esta acción ha ayudado a abrir un gran número de casos legales en contra de abusos a los derechos humanos por parte de gobiernos militares argentinos anteriores.
Además, mientras el fuerte crecimiento económico fue utilizado en el pasado para justificar el enfoque cauteloso del gobierno, las cifras del crecimiento este año se mantienen en un pobre 2,5 por ciento. Esto ha provocado que incluso economistas de centro critiquen la preocupación del gobierno por controlar la inflación con altas tasas de interés, lo que provoca un alto desempleo.
Las acciones de Lula en la escena internacional también muestran una trayectoria decepcionante. En 2003 la dirigencia del PT en la mayor economía de Suramérica prometió abrir un espacio de posibilidades en las negociaciones internacionales. Lula hablo a menudo de construir una «nueva geografía» de comercio y política, donde los países pobres serían considerados como iguales. Brasil emergió como uno de los países más vehementes en su crítica a la invasión norteamericana de Irak. Y Lula fue una fuerza decisiva en la formación del G20+, un grupo de países en desarrollo que se enfrentó a las exigencias de EE.UU. y Europa en la Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2003 en Cancún. La postura del grupo provocó el colapso de las conversaciones de Cancún.
En un último hecho descorazonador, varios importantes funcionarios del PT han sido implicados en un escándalo de corrupción el año pasado. Esto ha manchado la reputación del partido de mantener normas éticas más estrictas que las de sus competidores; ha posicionado de manera desfavorable al PT en un contexto habitual de la política, cundido de patronazgo y sobornos.
Entre la corrupción y los fracasos de políticas, algunos observadores han llamado con acierto al 2005 el «Año de la Inocencia Perdida en Brasil». En el Foro Social Mundial de 2005, el presidente venezolano Hugo Chávez aconsejó a los críticos de Lula que tuvieran paciencia y dieran más tiempo al gobierno del PT para que pudiera hacer valer su independencia del Consenso de Washington. Un año después, con la popularidad de Lula en descenso y la cercanía de elecciones en el otoño, el tiempo pudiera estar acabándose.
Gran parte del liderazgo progresista que se esperaba de Lula cuando fue elegido ha sido asumido por Hugo Chávez de Venezuela, quien se ha establecido como el principal adversario de la Casa Blanca en la región. A diferencia de otros países en los que los levantamientos populares y las organizaciones establecidas del movimiento social han ayudado a llevar al poder a nuevos gobiernos, Chávez ha usado al estado en gran medida como punto de partida para dirigir una «Revolución Bolivariana», la cual subsiguientemente ha desarrollado dimensiones populares. En los últimos dos años la conformación de esta revolución ha entrado en su camino a medida que Venezuela se recuperó de varias rondas de huelgas petroleras y la inestabilidad de un golpe en 2002, apoyado por EE.UU.
Aunque Chávez a menudo es presentado como una copia de Fidel Castro, varios observadores han señalado que los programas de redistribución que son el cuño de su política social le deben más al Nuevo Trato que al socialismo estatal cubano. Entre los muchos programas gubernamentales que han sido financiados en años recientes por los ingresos provenientes de las ventas de petróleo, se incluyen un ambicioso programa de alfabetización, educación publica gratuita hasta el nivel universitario, y un amplio sistema de clínicas de salud pública. La política económica de Chávez, decididamente anti-neoliberal, ha creado el crecimiento más robusto en el hemisferio, con un aumento del PNB del país de 18 por ciento en 2004 y aproximadamente 9 por ciento en 2005
En la escena internacional, Chávez ha sido el más destacado de los líderes latinoamericanos al proponer un frente unido de la Nueva Izquierda. Ha presentado la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) como modelo de cooperación regional en contraposición al ALCA. Prestó a Argentina casi mil millones de dólares y ha vendido petróleo a precio reducido a muchos países a fin de beneficiar a poblaciones empobrecidas (incluyendo a residentes de viviendas de bajos ingresos en el Bronx y Boston). En otro acuerdo petrolero de ese tipo, Cuba envió 20 000 médicos para apoyar el sistema de cuidado de salud pública en Venezuela, a cambio de petróleo. En las conversaciones de la OMC en Hong Kong en diciembre, Venezuela presentó una fuerte y coherente voz. En una dramática actitud, la Viceministra de Asuntos Exteriores Mari Pili Hernández insistió en la ceremonia de clausura en denunciar el acuerdo de la OMC, y que constara en acta, antes de que fuera aprobada formalmente por la asamblea
Sin embargo, el modelo venezolano no carece de problemas. La buena fortuna de la riqueza de recursos naturales del país plantea preguntas acerca de si la revolución bolivariana es exportable. Los países endeudados, con menos libertad para enfrentarse a la comunidad financiera internacional, no pueden darse el lujo de replicar los programas sociales de Chávez y sus protestas públicas. Además, un número de iniciativas estatales han atraído las críticas de los ambientalistas. En un ejemplo, PDVSA -la compañía energética estatal de Venezuela- se unió a Chevron y a Phillips Petroleum para el multimillonario proyecto de Hamaca, que desarrollará un campo petrolero en la cuenca del río Orinoco. Los activistas argumentan que el proyecto tendrá un impacto devastador en el ecosistema circundante.
La centralidad del presidente venezolano como un líder de esfuerzos de reformas también plantea preocupaciones de si la «revolución» puede sobrevivir más allá de Chávez. Con un alto concepto de sí mismo, Chávez se presenta regularmente como un actor histórico clave y a menudo ha trabajado por consolidar su propio poder. Falta por ver de qué manera grupos locales como los «círculos bolivarianos», que actúan como foros de participación democrática en nuevas iniciativas sociales, pueden llegar a madurar a fin de sobrevivir más allá de la permanencia de Chávez en la presidencia y garantizar un modelo diferente al del poder estatal centralizado que tiene Castro en Cuba.
Las circunstancias internas, las presiones extranjeras y la propia inclinación política de Morales determinarán si Bolivia andará por uno de los caminos iniciados en Argentina, Brasil o Venezuela, o si trazará un curso totalmente diferente. En términos de condiciones políticas, Bolivia es una amalgama de sus vecinos suramericanos. Al igual que Argentina, Bolivia ha experimentado una crisis de gobernabilidad con rápidos cambios de presidentes. Una presión fuerte por parte de los movimientos sociales ha creado un mandato para enfrentarse a las instituciones financieras internacionales. Pero al igual que Brasil, Bolivia debe preocuparse también por la fuga de capitales y los acreedores extranjeros, los cuales pueden paralizar su economía y limitar la capacidad de acción del gobierno. (Irónicamente Petrobrás, una compañía energética parcialmente propiedad del estado brasileño, es uno de los mayores intereses extranjeros en la industria de gas de Bolivia.) Dicho lo anterior, los grandes recursos naturales de Bolivia podrían traducirse potencialmente en palanca para Morales, al igual que el petróleo ha sido una bendición para Chávez. Bolivia posee una de las más grandes reservas de gas natural en el hemisferio, así como grandes depósitos de petróleo. Sin embargo, al menos en el futuro cercano, el país depende de la inversión extranjera para desarrollar estos recursos.