La visita de Chávez impidió que Evo Morales estuviera presente en la ceremonia en que se dio lectura a dos decretos supremos: uno para incrementar el salario mínimo en 13.66 por ciento, para pasar de 440 a 500 bolivianos al mes (unos 62.50 dólares), y otro para derogar el artículo 55 del decreto 21060, que […]
La visita de Chávez impidió que Evo Morales estuviera presente en la ceremonia en que se dio lectura a dos decretos supremos: uno para incrementar el salario mínimo en 13.66 por ciento, para pasar de 440 a 500 bolivianos al mes (unos 62.50 dólares), y otro para derogar el artículo 55 del decreto 21060, que implantó el modelo neoliberal en el país.
Dicho artículo permitía la libre contratación de los trabajadores
En representación de Morales Ayma, encabezó la ceremonia el vicepresidente Alvaro García Linera, quien ante dirigentes sociales y sindicales señaló que la derogación de ese artículo es el comienzo del entierro del neoliberalismo «para dar paso a una economía social» comunitaria, al servicio de los trabajadores.
«Nunca más una economía sin dignidad» que maltrate los derechos de los trabajadores, afirmó.
Respecto del incremento salarial, dijo que no fue posible «el sueño» de incrementarlo 100 por ciento como quería el presidente Morales Ayma, porque el presupuesto nacional tiene un hueco de 270 millones de dólares, «que no sabemos de dónde conseguir» y habría sido necesario que el presidente saliera a pedir limosna a otros países.
Ante esta perspectiva fue que se decidió realizar primero la nacionalización de los hidrocarburos, para poder tener más recursos para el país, apuntó.
Critican la timidez de los decretos
Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Labora y Agrario (Cedla) resulta obvio que la derogación del artículo 55 sea rechazada por los empresarios privados, que en estos 21 años de neoliberalismo aplicaron la norma de manera interesada, vinculándola a la libre oferta y demanda y a la libertad de empresa. Esta visión empresarial fue el gran justificativo para el despido de trabajadores y la negación de sus derechos.
Sin embargo, abrogar el referido artículo no garantiza la transformación del mercado laboral fuertemente orientado hacia el libre mercado, y menos un cambio de la situación de precariedad laboral. Ello sólo se logrará afectando al modelo neoliberal que tiene su sustento en una serie de libertades económicas afines a los intereses empresariales y a la acumulación del capital, dice el Cedla.
Aún cuando las autoridades insisten en decir que «el cambio» ha llegado, lo cierto es que las medidas anunciadas en materia social no hacen sino ratificar el carácter conservador del gobierno del MAS y su escaso interés por transformar las condiciones laborales de los trabajadores.
Aumento salarial irrisorio
La esperanza de que el gobierno del MAS aumente substancialmente el salario mínimo nacional quedó reducida a simple promesa electoral. El anuncio de un leve incremento salarial (13% al Salario mínimo nacional) confirma la decisión gubernamental de mantener, a costa de bajos sueldos, la estabilidad macroeconómica y las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, que es la base de la acumulación de las ganancias del capitalismo.
Las autoridades del Ejecutivo afirman que «antes de interesarnos en el salario mínimo queremos revertir las condiciones en el mercado laboral». Esto significa que el gobierno no considera que el incremento del salario mínimo sea una de las condiciones básicas para la mejoría de las pésimas condiciones laborales que actualmente afecta a gran parte de los trabajadores.
Haciendo coro al gobierno, de manera interesada, algunos analistas aseguran que un aumento del salario ocasionaría un aumento en el gasto público, inflación y despidos de trabajadores. Sin embargo, observa el Cedla, se olvidan que el origen del déficit fiscal es el pago de las amortizaciones de la deuda pública y los gastos dispendiosos de las anteriores administraciones.
En síntesis, explica el Cedla, la política salarial del actual régimen demuestra que se mantendrán las bases del modelo de libre mercado en el país y, por tanto, la sobreexplotación de los trabajadores y la precarización de las condiciones laborales de los explotados.
¿Empleos dignos? Una quimera
Las demandas de generación de nuevos empleos de calidad y con estabilidad laboral expresadas en todas las manifestaciones de los sectores sociales no encuentran eco en el nuevo gobierno. Las acciones, señales y el discurso oficiales demuestran que el problema del desempleo en el país no será resuelto. Es más, todo apunta a que los empleos de mala calidad y las condiciones precarias de trabajo se mantendrán y profundizarán.
Las acciones del gobierno del MAS en estos 100 días de administración muestran que no cambiará la postura neoliberal que propugna que los empresarios tengan como base fundamental de la productividad y la competitividad a la flexibilización o precarización laboral (inestabilidad del trabajo, prolongación de la jornada laboral, trabajo eventual, más miembros de la familia que trabajan y el aumento del desempleo abierto). Aquello que fue criticado por el MAS desde la oposición, ahora es parte de su política gubernamental. Basta recordar las tres medidas anunciadas por el gobierno: la abrogación del Artículo 55 del Decreto 21060 sin tocar las medidas neoliberales estructurales, un leve incremento del salario mínimo nacional, y la continuación de programas que ofrecen empleos precarios a través del PLANE y el PROPAÍS.
PLANE Y PROPAÍS
El gobierno continúa con el PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia), destinado a paliar temporalmente la situación de extrema pobreza de grandes sectores sociales. Al igual que los anteriores gobiernos neoliberales, el actual apuesta por reproducir empleos precarios, con bajísimos salarios y desprovistos de beneficios sociales.
El gobierno aprobó el PROPAÍS (Programa contra la Pobreza y Apoyo a la Inversión Social), que financiará pequeños proyectos demandados por las organizaciones comunitarias y vecinales, bajo las siguientes condiciones: 1) el costo del proyecto no debe exceder los 20 mil dólares, 2) el plazo de ejecución no debe ser mayor a los tres meses, 3) deben ubicarse en zonas de bajos ingresos, 4) simples en diseño y ejecución y 5) no estar registrados en los POA municipales.
Tanto el PLANE como el PROPAÍS son programas de empleo temporales para la población más pobre, lo que muestra la continuidad de una política social asistencial disfrazada de política de desarrollo productivo, advierte el Cedla.
Lo más grave es que el gobierno del MAS reproduce medidas paliativas a sabiendas que de ninguna manera éstas atacan el problema estructural del desempleo, que este año afectará a más de 315 mil personas.
La tasa del desempleo abierto para la presente gestión está estimada en 11.8% con relación a la población económicamente activa, una décima más que la registrada el año pasado cuando llegó al 11,7%.
Esta estimación del desempleo responde al crecimiento proyectado del PIB para el 2006 (3.87%), que, sin embargo, no logrará que la tasa de desempleo baje de dos dígitos. Incluso, es previsible que la desocupación en el país se incremente debido a que el comportamiento del PIB boliviano es altamente dependiente de factores externos, por lo que cualquier variación en los precios internacionales afectará su comportamiento.