Las medidas impulsadas por el Gobierno de Morales para «recuperar» las tierras improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad sean fraudulentos, han provocado la alarma entre los grandes terratenientes. «No lo vamos a permitir. No es posible que décadas de tradición familiar y sacrificio sean víctimas de un acto político». […]
Las medidas impulsadas por el Gobierno de Morales para «recuperar» las tierras improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad sean fraudulentos, han provocado la alarma entre los grandes terratenientes.
«No lo vamos a permitir. No es posible que décadas de tradición familiar y sacrificio sean víctimas de un acto político». Con estas palabras al periódico boliviano La Nación, Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que representa a los empresarios agropecuarios de Santa Cruz, expresaba el temor de los terratenientes de la región donde se extienden la mayor parte de los latifundios del país. Las medidas anunciadas por el Gobierno boliviano, que para muchos son consideradas como una reforma agraria, pretenden recuperar las tierras que sean improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos fraudulentamente.
La situación actual de la tierra en Bolivia viene de atrás. Tras la Reforma Agraria de 1953, en el occidente del país las tierras se repartieron entre los campesinos en forma de minifundios, que se iban dividiendo en sucesivas herencias. La distribución de tierras, ya de partida fue injusta, porque «en aquel momento los lotes de tierras que proporcionaron a los campesinos fueron muy pequeños y más si tenemos en cuenta que luego se los tenían que repartir entre los descendientes», apunta Moisés Torres, presidente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, y añade: «Mi abuelo recibió cinco hectáreas que tuvo que repartir entre ocho hijos. Cada hijo tuvo que repartir de nuevo entre sus cinco hijos. El resultado es que aquellas cinco hectáreas que recibió mi abuelo se tienen que repartir entre casi 40 familias herederas. ¿Qué tierra se puede cultivar en esas condiciones?».
Mientras, en el oriente, se mantuvieron los grandes latifundios con los que posteriores gobernantes ‘pagaron’ los favores políticos de sus partidarios. Gran parte de los empresarios surgidos en esta región actualmente poseen un enorme poder económico. Hoy, las empresas agrícolas del oriente controlan el 90% de la tierra productiva, pero no siempre sus propietarios las emplean con fines agrícolas. Mauricio Roca, reivindica que «en el occidente no entienden que en el oriente se asegura la alimentación del país y que los productores agropecuarios aportamos el 14% del PBI. Eso debería ser apoyado, no destruido» y añadió «en el oriente no hay, en general, tierras que estén sin uso».
Según un informe del año 2003 elaborado por el Ministerio de Agricultura «más del 95% de los latifundios no son trabajados agrícolamente y se encuentran en manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente» o bien se emplean como avales bancarios. Para resolver esta situación, en 1996 se aprueba la ley INRA con el fin de otorgar a las comunidades indígenas las llamadas tierras comunitarias de origen y anular aquellos títulos de propiedad ‘regalados’ por favores políticos. Después de diez años, la ley apenas se puso en práctica. «A esta ley le faltó voluntad política para aplicarse, pero ahora esperamos una decisión firme apegada a la norma» señala Miguel Urioste, presidente de la ONG Fundación Tierra. Hoy día, un millón de campesinos no tienen tierra, no existe un apoyo técnico a los minifundios y se mantiene la pobreza de la mayor parte de los bolivianos.
Al comenzar su mandato, Morales indicó que promovería una justa distribución de la tierra para combatir a «aquellos propietarios que poseen una vaca para pastar en 50.000 hectáreas». El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, acaba de anunciar medidas que son una «ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria» para redistribuir entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra (más del 10% de las tierras de Bolivia) a grupos indígenas y campesinos. El viceministro explicó en el diario argentino Clarín que es una «medida que no sólo fue prometida durante la campaña electoral, sino que es resultado de 15 años de movilizaciones sociales de grupos indígenas y campesinos». La reforma agraria de 1953 «distribuyó tierras de manera individual y en condiciones de libre disponibilidad, pero ahora estamos trabajando en un reparto colectivo, preservándolo de futuros procesos de reconcentración de tierras y fortaleciendo su desarrollo productivo».
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tan sólo 100 familias en Bolivia poseen 25 millones de hectáreas, mientras dos millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de hectáreas.
Fernando Molina es miembro de Minka CPS.