El coordinador Político del Movimiento sin Tierra (MST) Ángel Durán comentó que el Prefecto de Santa Cruz está haciendo lo que tiene que hacer: defender a los traficantes de tierra. «Al Movimiento Sin Tierra no le va temblar la mano para recuperar las tierras de los terratenientes (..) vamos a acabar con el tráfico de […]
El coordinador Político del Movimiento sin Tierra (MST) Ángel Durán comentó que el Prefecto de Santa Cruz está haciendo lo que tiene que hacer: defender a los traficantes de tierra. «Al Movimiento Sin Tierra no le va temblar la mano para recuperar las tierras de los terratenientes (..) vamos a acabar con el tráfico de tierras…vamos a dar una respuesta contundente a las logias y a los traficantes de tierras», enfatizó.
Rufo Calle, secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz, señaló que su sector está listo para recuperar pacíficamente las tierras ociosas. «La Ley 1715 es clara, los comunarios son los que trabajan la tierra. Estamos pidiendo que los títulos fraudulentos de propiedad de tierras desde 1952 sean revisados», dijo luego de anunciar que las tomas comenzarán después del año nuevo aymara, el 21 de junio.
La CSUTCB pidió al gobierno que destituya a los miembros de la Comisión Agraria y del INRA porque son representantes del MNR. El dirigente campesino Rufo Calle señaló que estos señores son asesorados por Mirtha Quevedo para que defienda la Hacienda Collana, que pertenece a familiares cercanos de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Saneamiento
Fernando Salazar Guzmán, director nacional del INRA, reiteró que el Guarayos no existe ningún avasallamiento sino asentamientos antiguos que datan de cinco, seis, siete años atrás. «Hay asentamientos como 6 de Junio y Villa Cariño, que es una colonia menonita. Más bien se habla de avasallamiento de parte de mal llamados empresarios, que no han demostrado su derecho de propiedad».
En cuatro meses de gobierno, dijo, se han dotado 3,2 millones de hectáreas a sectores sistemáticamente excluidos. En diez años sólo se saneó el 17 por ciento de las tierras, pero no se entregaron títulos, es decir sin seguridad jurídica. En ese proceso se gastó 120 millones de dólares y se terciarizó y contrató a empresas nacionales y extranjeras.
El plan del gobierno para desterrar la terciarización es conceder la administración directa a instituciones como el Instituto Geográfico Militar, universidades y otras, y de esta forma acelerar el saneamiento y títulación en seis meses.
Salazar dio algunos nombres de personas que se beneficiaron con tierra de manera indebida. Ahí están el ex ministro Hedim Céspedes, Javier Monasterios Indaburo, Ricardo Angulo Reynaga, Hugo Speiser Gonzáles, Rodolfo Justiniano, José Luis Dabdoub, José Saavedra Ortiz y Carmen Luizaga Flores.
Arturo Bowles, presidente de la Cámara Forestal, comentó que en materia forestal no existe ninguna concesión ilegal, todas son legales, pasaron por procesos de auditorías técnicas y jurídicas, tienen respaldo legal, no se ha perdido nunca una concesión en estrados judiciales.
Solicitó al Director del INRA las resoluciones que dotan de tierra a algunas TCO y que fueron firmadas entre el 26 y 27 de mayo, y que no son de conocimiento público. «Necesitamos conocer esas resoluciones para poder argumentar nuestra posición».
Salazar explicó que los decretos lanzados el sábado pasado se refieren a dotación de tierras fiscales sin afectar el derecho constituido. Los 3,2 millones de hectáreas dotadas el sábado son tierras fiscales, producto de un proceso realizado en 9 años y 7 meses. Las concesiones forestales son concesiones, no constituyen derecho propietario, precisó la autoridad.
Por otro lado, el gobierno ratificó las denuncias contra el ex canciller Carlos Saavedra Bruno, quien habría avalado asentamientos ilegales de ciudadanos brasileños en la frontera. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Alfredo Rada presentó documentación que prueba que Saavedra aprobó los asentamientos dentro de los 50 kilómetros adyacentes a la línea fronteriza, aspecto que está expresamente prohibido por la Constitución Política del Estado.
Rada informó también que el INRA emitió una orden de desalojo contra 40 súbditos brasileños que estarían asentados de forma ilegal en el departamento de Pando.