Mientras el gobierno de Evo Morales avanza con la distribución de tierras a los campesinos, los latifundistas usan a las colonias menonitas para evitar la confiscación de sus tierras ociosas. El gobierno también les apunta a las parcelas improductivas de la Iglesia Católica.
En las localidades rurales de Santa Cruz puede vérselos andando en carros, estilo Familia Ingalls, las mujeres luciendo largos vestidos floridos, los hombres en mamelucos y sombreros de paja. En las ciudades su nombre resuena en los famosos quesos menonitas. Los seguidores del religioso holandés Menno Simonz (1496-1561) comenzaron a llegar al país en los años ’50, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, y construyeron comunidades cerradas, aprovechando las tierras fértiles y poco pobladas del oriente boliviano. La mayoría es de origen europeo, pero antes de aterrizar en Bolivia pasaron por países como Canadá, México y Paraguay.
Esta semana, estas colonias introvertidas y alejadas de la vida moderna saltaron a las primeras planas de los medios de comunicación: el gobierno de Evo Morales Ayma, embarcado en una «revolución agraria», acusó a los menonitas de tráfico de tierras en connivencia con los terratenientes cruceños.
Hoy los menonitas detentan en conjunto grandes extensiones agrarias -gran parte de las cuales dedican a la producción de soja- y están bajo la sospecha de haber establecido acuerdos bajo la mesa con grandes propietarios que les alquilan o les venden tierras, de forma condicionada, para burlar las regulaciones vigentes contra los latifundios improductivos. Amparadas en sus propias reglas, las colonias menonitas funcionan fuera de las normas estatales: tienen su propia educación, no respetan las regulaciones gubernamentales sobre desmonte e ingresan a Bolivia sin control por la frontera paraguaya, otro de los centros menonitas en Sudamérica.
Un reciente artículo en el suplemento dominical del matutino La Prensa explica el vínculo entre religiosos y terratenientes. Los poseedores de tierras ilegales o improductivas, antes de su saneamiento por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), las «venden» de manera condicionada a las colonias menonitas. Un contrato paralelo establece que, si los menonitas logran -con su rápida inversión en desmonte, alambrado, construcción de casas, etc.- que el Estado reconozca la función económica y social y consolidan la propiedad de esas tierras, pagan a los vendedores sólo el 50 por ciento del valor de los terrenos. Por eso, no es de extrañar que estos colonos tengan aliados como la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que advirtió que hará respetar las tierras menonitas ante el anuncio de «revolución agraria» de Evo Morales.
A todo esto se suman los cuestionados métodos de cultivo de los seguidores del reformador holandés. El artículo citado define a los menonitas como «termitas depredadoras», por su práctica de desmonte de bosques con maquinaria pesada (orugas D-7 y D-8 y tractores con ruedas de hierro) y explotación intensiva de tierras. Una vez agotados los suelos, los religiosos buscan nuevas tierras: zonas boscosas para desmonte o tierras vírgenes, contribuyendo a la desertificación del Chaco boliviano. Según el director del Instituto Superior Técnico Agropecuario de Charagua, Dante Ergüez, el proceso se potencia con el fuerte crecimiento de los cultivos de soja -411 por ciento en los últimos 15 años-, que ha contribuido a la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosques. De acuerdo con un informe de Agroecología Universidad de Cochabamba (Agruco), el «66 por ciento de la producción sojera está en manos de extranjeros: menonitas, brasileños y japoneses», incluyendo un 35 por ciento que está en manos deterratenientes brasileños. Ayer comenzó el desalojo de propietarios de esta nacionalidad que poseen tierras ilegales en la frontera brasileño-boliviana.
También las tierras improductivas en manos de la Iglesia Católica son cuestionadas por las organizaciones campesinas. «La Iglesia tiene alrededor de 15 mil hectáreas de tierra no productivas que deben ser revertidas al Estado para su distribución», declaró el dirigente campesino Isaac Avalos. Ya surgieron conflictos en la localidad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, donde la federación campesina local ocupó predios eclesiales.
En un contexto de crispación entre el gobierno indígena y los grandes propietarios de tierras, Evo Morales anunció que continuará con el reparto de tierras fiscales (unos 2,5 millones de hectáreas) entre campesinos pobres, para afectar luego a los latifundios improductivos. Y puso en la mira las tierras hipotecadas, sospechadas de ser usadas con fines puramente especulativos, y a las dotaciones agrarias entregadas, como favores políticos, por las dictaduras militares, especialmente la de Hugo Banzer Suárez (1971-1978).
Entretanto, el gobierno departamental de Santa Cruz, junto con las organizaciones empresariales locales, decidió articular un frente de resistencia a la «revolución agraria» del gobierno indígena, al tiempo que reclaman que la redistribución de tierras sea atribución del gobierno regional. Esta semana habría comenzado a circular un comunicado de organizaciones agropecuarias de Santa Cruz en el que piden dinero a sus afiliados para financiar comités de defensa de la tierra.
