A pesar de las recientes altas tasas de crecimiento económico, la desigualdad no se ha reducido en Argentina. Por el contrario, el gasto social estatal no se ha recuperado y los ingresos del 10 por ciento más rico son ahora 30 veces superiores al del 10 por ciento más pobre. La economía argentina no ha […]
A pesar de las recientes altas tasas de crecimiento económico, la desigualdad no se ha reducido en Argentina. Por el contrario, el gasto social estatal no se ha recuperado y los ingresos del 10 por ciento más rico son ahora 30 veces superiores al del 10 por ciento más pobre.
La economía argentina no ha dejado de crecer desde el año 2003. Si bien a fines de 2001 el país sufrió una gravísima crisis económica y financiera, que se extendió a 2002, el país registró en los años siguientes tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) que sobrepasan el ocho por ciento anual. Pero a pesar de esta rápida recuperación de muchos indicadores económicos esa mejora no se ha extendido al plano social, donde la situación todavía se mantiene rezagada.
Una primera constatación indica que el gasto social asignado por el gobierno de Néstor Kirchner es incluso menor al promovido por los gobiernos anteriores, incluso el de Carlos Menem. En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, en 2004 el gobierno destinó al gasto social poco más de 45.500 millones de pesos (15 millones de dólares), frente a los 56.000 millones que destinara el de Menem en 1994 y a los casi 60.000 millones el de Fernando de la Rua en 2001 (en valores constantes). Las estimaciones no oficiales para 2005 sostienen que el gasto social total habría aumentado en este último año hasta alcanzar los 51.000 millones de pesos.
Una segunda conclusión es que bajo ese crecimiento espectacular de la economía, la ausencia de un mayor gasto social, junto a otros factores, terminó desembocando en un empeoramiento en la distribución del ingreso. Argentina se ha convertido en uno de los países más inequitativos del continente. La diferencia entre el 10 por ciento de las personas ubicadas en la franja socio-económica más elevada y el 10 por ciento más pobre se ha ampliado a más de 30 veces. Esta cifra resulta realmente alarmante, sobretodo comparándola con los valores que este indicador tenía en la década del 70, cuando esa diferencia era de sólo ocho veces. Esta brecha no ha dejado de crecer, y en entre 2004 y 2005 pasó de 28 a las 30 veces actuales.
Los valores del índice de Gini -un indicador utilizado para medir el grado de concentración del ingreso en una sociedad- han estado empeorando en las últimas décadas no sólo en el caso argentino sino en el de toda América Latina. (Los valores del índice de Gini van de cero a uno, donde los resultados más altos indican una mayor concentración, es decir una distribución menos igualitaria.) En América Latina y el Caribe el índice pasó de poco más de 0,48 en la década del 70 a 0,52 a principios de la década actual. En lo que respecta a Argentina, los valores para las zonas urbanas han pasado de 0,42 a principios de la década del 90 a 0,47 en 1995 y a 0,53 a fines de 2002 (según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto de Estadística). Es decir que en Argentina se observa un retroceso particularmente rápido en la equidad, especialmente en los últimos años, a pesar de un escenario ventajoso desde el punto de vista económico.
Las recesiones se han caracterizado no sólo por el aumento de la pobreza, sino también por el mayor deterioro relativo de los ingresos de los pobres. Tanto la pérdida de ingresos como el aumento de la desigualdad del ingreso llevan a una distribución menos equitativa.
A fines de 2004, un economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) sostenía que a pesar de la reactivación, los obreros y empleados no recibían los frutos de ese crecimiento económico. Recordó que la suma de los ingresos del conjunto de empleados, formales e informales, desocupados que perciben subsidios y jubilados representaba el 34 por ciento del PIB en 2001, momentos antes de la crisis. Pero en 2002 la participación bajó a 29 por ciento, en 2003 a 27 por ciento y en 2004 volvió a caer al 25 por ciento. Se podría argumentar que en épocas de crisis este cociente disminuya, pero una vez superada y en momentos de bonanza económica, esos números no sólo no mejoraron sino que ni siquiera se acercaron a los niveles anteriores.
Los analistas de la CTA consideran que la reactivación económica beneficiaba apenas a un puñado de empresas. Frente a un incremento de ocho por ciento en la actividad, las ganancias de las cien empresas más importantes de Argentina crecieron 47 por ciento. Además, la población sigue sosteniendo buena parte de la recaudación: en Argentina más del 60 por ciento de la recaudación proviene de impuestos al consumo mientras es relativamente baja la presión sobre las ganancias.
En este contexto de desigualdad se observaron avances al lograrse una disminución en la pobreza y la indigencia en el último año. Se estima que esto se debe a aquellas personas de los sectores populares que cayeron en la pobreza durante la crisis y que lograron revertir su situación gracias al reciente dinamismo económico, mientras que otros tantos indigentes pasaran a la categoría de pobres.
La evidencia empírica parece chocar con la idea de equidad y bienestar que Kirchner pregona en su discurso. Efectivamente, aunque el actual gobierno congela precios, subsidia servicios y mantiene planes asistenciales, en los hechos la distribución del ingreso sigue siendo cada vez más regresiva. Los analistas sostienen que parte de este resultado se debe a que jubilaciones, salarios de docentes y personal de la salud han perdido poder adquisitivo, afectando así a un amplio sector de la población.
Otra de las causas que estaría afectando la mala distribución en los últimos años se derivaría de la baja en el porcentaje del gasto en los rubros de educación, cultura, ciencia y técnica. Las cifras muestran que en estos ámbitos, el gobierno destinó 28 por ciento menos en 2004 que en 2001. Es cierto que rubros como empleo y seguro de desempleo evidenciaron un fuerte aumento en el último año, pero también es verdad que si no se refuerza la educación y la preparación de los trabajadores para la reinserción en el mercado laboral, ese aumento en el empleo no se va a ver reflejada en mejores condiciones de ingresos, y esto es lo que conduce a mayores niveles de inequidad.
La informalidad constituye otra barrera a la mejora en la equidad, que a la vez está relacionada con las características educativas de la población laboral. Las diferencias entre salarios formales e informales es cada vez más grande, alcanzando en la actualidad un 40 por ciento. Las cifras son una vez más alarmantes: en el sector privado el 50 por ciento de los trabajadores están «en negro», es decir fuera del sistema legal.
Lo que en un principio puede parecer una contradicción, que el aumento en el número de ocupados no debería empeorar las condiciones de equidad, se explica entonces por la calidad del empleo. Muchos de los empleos que se generan son en condiciones de informalidad, es decir sin cobertura de seguridad social y con remuneraciones muy por debajo de las del sector formal.
Las cifras anteriores no dejan de ser llamativas. Se esperaría que con un gobierno que se define como de izquierda la tendencia al aumento de la desigualdad se revirtiera. Sin embargo esto no sucede. Los estudios demuestran que la distribución del ingreso no está mejorando en Argentina, y por lo tanto tampoco mejoran las condiciones de vida de una gran parte de la población. Las razones pueden ser muchas, y entre ellas están las que se han comentado previamente donde ha fallado el papel del Estado en redistribuir activamente parte del ingreso generado en el país.
Esto demuestra una vez más que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo ni tampoco es suficiente para lograrlo. Para que el crecimiento se refleje en mejoras para la sociedad se requieren de medidas específicas que no pueden reducirse a planes asistenciales puntuales. Es necesario crear oportunidades diversificadas que permitan lograr una vida digna asegurando educación, trabajo y salud. Si se espera que el mercado por sí mismo genere esas oportunidades, sin intervenciones ni incentivos, se seguirá perdiendo un valioso tiempo para lograr una mejora verdadera en la equidad.
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* Paola Visca es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina): www.economiasur.com