Las Cortes espñaolas instaron el pasado miércoles 27 de junio al Gobierno a ‘exigir el estricto cumplimiento’ de los compromisos asumidos por Air Comet -sociedad del grupo Marsans- al adquirir Interinvest, que aún se encuentran pendientes de ejecución, ‘teniendo en cuenta en todo caso la protección de los intereses económicos del sector público español’. A […]
Las Cortes espñaolas instaron el pasado miércoles 27 de junio al Gobierno a ‘exigir el estricto cumplimiento’ de los compromisos asumidos por Air Comet -sociedad del grupo Marsans- al adquirir Interinvest, que aún se encuentran pendientes de ejecución, ‘teniendo en cuenta en todo caso la protección de los intereses económicos del sector público español’. A través de Interinvest, Marsans controla Aerolíneas Argentinas.
Esta propuesta de resolución fue aprobada ese mismo día en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas de España sobre el informe de fiscalización relativo a la compra de Aerolíneas Argentinas.
El Tribunal de Cuentas remitió en marzo al Parlamento de Madrid el informe sobre la actuación del sector público español en Aerolíneas Argentinas, en el que advierte de presuntas irregularidades detectadas en la venta en 2001 de la compañía aérea argentina por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la sociedad Air Comet, controlada por el grupo Marsans.
Ahora, se ha dado luz verde a que se compruebe ‘de modo particular’ el destino dado a las cantidades aportadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la cancelación de pasivos de Aerolíneas Argentinas, la naturaleza y cuantía de las responsabilidades asumidas por la SEPI por contingencias, el cumplimiento por Air Comet del compromiso de aumento de la flota de la aerolínea y el resultado final de la liquidación del contrato de compraventa de la compañía aérea.
Además, se propone que SEPI ‘se ajuste a los términos concretos contenidos en las propuestas de privatización aprobadas por el Consejo de Ministros, dando cumplimiento a los trámites previstos en el acuerdo del 28 de junio de 1996 para llevar a cabo cualquier modificación de los compromisos establecidos con arreglo a la propuesta aprobada’. Asimismo, se instó a que se realice una fiscalización específica sobre la finalización del contrato de compraventa de Interinvest.
Se trata de propuestas elaboradas por el Partido Socialista Obrero Español -defendidas por su diputado Ricard Torres- que no tuvieron el apoyo del Partido Popular, grupo que se abstuvo en las votaciones después de que los socialistas rechazaran la resoluciones ‘populares’, que según el protavoz adjunto de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ‘iban en la misma línea’.
Informe fiscalizador
En su informe, el Tribunal apunta que la SEPI aportó 300 millones de dólares (249 millones de euros) a la sociedad Interinvest -propietaria de Aerolíneas y bajo control de Air Comet- que debían haber sido destinado al pago de pasivos.
Sin embargo, Air Comet destinó parte de este importe, en concreto 273 millones de dólares (226 millones de euros), a la compra de estos pasivos y no a cancelarlos, ‘quedando subrogada en la posición de acreedor frente a Aerolíneas’ con el objetivo de ‘poder intervenir en el concurso de acreedores de esta sociedad’. El concurso aprobó en 2002, con el voto favorable de Air Comet, una quita del 60% de las deudas que acumulaba Aerolíneas Argentinas.
El Tribunal de Cuentas subraya que estas operaciones contaron con el ‘consentimiento’ de la SEPI, ya que el holding público español ‘incluso vendió a Air Comet uno de sus propios créditos frente a Aerolíneas Argentinas’. Estos hechos están siendo investigados por el juzgado número 35 de Madrid, donde figuran como imputados los dueños de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y el propio presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata.
Finalmente, el organismo fiscalizador advierte de que la SEPI aportó otros 248 millones de dólares (206 millones de euros) para que Air Comet los destinara a la implantación del plan industrial de Aerolíneas Argentinas, centrado en la ampliación de flota y el desarrollo de nuevas rutas. Sin embargo, Air Comet destinó estos fondos al pago de gastos de funcionamiento de Aerolíneas y de su filial Austral.
El Tribunal de Cuentas remitió en marzo al Parlamento de Madrid el informe sobre la actuación del sector público español en Aerolíneas Argentinas, en el que advierte de presuntas irregularidades detectadas en la venta en 2001 de la compañía aérea argentina por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la sociedad Air Comet, controlada por el grupo Marsans.
Ahora, se ha dado luz verde a que se compruebe ‘de modo particular’ el destino dado a las cantidades aportadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la cancelación de pasivos de Aerolíneas Argentinas, la naturaleza y cuantía de las responsabilidades asumidas por la SEPI por contingencias, el cumplimiento por Air Comet del compromiso de aumento de la flota de la aerolínea y el resultado final de la liquidación del contrato de compraventa de la compañía aérea.
Además, se propone que SEPI ‘se ajuste a los términos concretos contenidos en las propuestas de privatización aprobadas por el Consejo de Ministros, dando cumplimiento a los trámites previstos en el acuerdo del 28 de junio de 1996 para llevar a cabo cualquier modificación de los compromisos establecidos con arreglo a la propuesta aprobada’. Asimismo, se instó a que se realice una fiscalización específica sobre la finalización del contrato de compraventa de Interinvest.
Se trata de propuestas elaboradas por el Partido Socialista Obrero Español -defendidas por su diputado Ricard Torres- que no tuvieron el apoyo del Partido Popular, grupo que se abstuvo en las votaciones después de que los socialistas rechazaran la resoluciones ‘populares’, que según el protavoz adjunto de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ‘iban en la misma línea’.
Informe fiscalizador
En su informe, el Tribunal apunta que la SEPI aportó 300 millones de dólares (249 millones de euros) a la sociedad Interinvest -propietaria de Aerolíneas y bajo control de Air Comet- que debían haber sido destinado al pago de pasivos.
Sin embargo, Air Comet destinó parte de este importe, en concreto 273 millones de dólares (226 millones de euros), a la compra de estos pasivos y no a cancelarlos, ‘quedando subrogada en la posición de acreedor frente a Aerolíneas’ con el objetivo de ‘poder intervenir en el concurso de acreedores de esta sociedad’. El concurso aprobó en 2002, con el voto favorable de Air Comet, una quita del 60% de las deudas que acumulaba Aerolíneas Argentinas.
El Tribunal de Cuentas subraya que estas operaciones contaron con el ‘consentimiento’ de la SEPI, ya que el holding público español ‘incluso vendió a Air Comet uno de sus propios créditos frente a Aerolíneas Argentinas’. Estos hechos están siendo investigados por el juzgado número 35 de Madrid, donde figuran como imputados los dueños de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y el propio presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata.
Finalmente, el organismo fiscalizador advierte de que la SEPI aportó otros 248 millones de dólares (206 millones de euros) para que Air Comet los destinara a la implantación del plan industrial de Aerolíneas Argentinas, centrado en la ampliación de flota y el desarrollo de nuevas rutas. Sin embargo, Air Comet destinó estos fondos al pago de gastos de funcionamiento de Aerolíneas y de su filial Austral.
Días atrás el presidente argentino, Néstor Kirchner, de visita oficial en España llegaba a un acuerdo con Miguel Sebastián, secretario de Estado y asesor económico del Presidente Zapatero para echar tierra sobre el escándalo Aerolíneas Argentinas. El acuerdo era muy sencillo: el Tesoro público español pagaría más dinero a ese pozo sin fondo que es la aerolínea de bandera argentina, con tal de que fuera la última aportación, el Gobierno argentino tomaría un 20% de la compañía, descongelaría las tarifas y retiraría las impugnaciones contra Aerolíneas y en tercer lugar, Marsans propietario de Aerolíneas cedería el control de la gestión a manos argentinas previsiblemente privadas y se enjuagaría su presunta desviación de fondos públicos españoles y las responsabilidades administrativas que pesan sobre los máximos propietarios de Marsans y ARSA, Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y Antonio Mata.
El Congreso exige ahora, gracias a la iniciativa de Torres el cumplimiento estricto de las condiciones de privatización de Aerolíneas. Es decir, exige que Marsans demuestre a que destinó los 758 millones de dólares que el tesoro público español le ofreció para reflotar Aerolíneas además de regalarles la Compañía.