Los gobiernos de Bolivia y España manifestaron en La Paz su confianza sobre un inminente acuerdo para que la petrolera de Repsol siga explotando las riquezas no renovables del país más pobre de Sudamérica, con un nuevo contrato que se ajuste a la actual ley de hidrocarburos, de clara orientación liberal. Lejos de la estridencia […]
Los gobiernos de Bolivia y España manifestaron en La Paz su confianza sobre un inminente acuerdo para que la petrolera de Repsol siga explotando las riquezas no renovables del país más pobre de Sudamérica, con un nuevo contrato que se ajuste a la actual ley de hidrocarburos, de clara orientación liberal.
Lejos de la estridencia retórica de una «nacionalización», que sólo es ficticia y no real, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, y la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, mostraron su confianza en que el gobierno boliviano y Repsol YPF alcanzarán un acuerdo que garantice la permanencia de la petrolera antes del vencimiento del plazo de negociación.
En una conferencia de prensa conjunta, tras mantener una reunión de trabajo, Fernández de la Vega subrayó la voluntad clara y firme de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF de permanecer en Bolivia y mantener sus inversiones y celebró el anuncio de Morales sobre la buena marcha de las negociaciones con Repsol.
«Nuestro Gobierno no expulsará ni expropiará a nadie, las negociaciones con Repsol avanzan a nivel técnico y habrá un acuerdo», dijo Morales. Sobre ello, la vicepresidenta española dijo que «las cosas van bien. Si el Presidente de Bolivia dice que las cosas van bien, van bien, si dice que habrá acuerdo es porque habrá acuerdo», añadió.
El pasado primero de mayo, el gobierno del presidente Evo Morales dictó un decreto que otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras legalicen sus operaciones en Bolivia y firmen nuevos contratos en el marco de la neoliberal Ley 3058, aprobada hace un año y combatida por todos los sindicatos y el propio Morales.
Aunque presenta esta acción como una «nacionalización» de los hidrocarburos, el nuevo decreto reabre y formaliza, en lo esencial, la posibilidad para que todas las petroleras que operan ilegalmente en Bolivia, –según estableció en su momento un dictamen del Tribunal Constitucional–, puedan adecuarse a la Ley 3058, aprobada el 17 de mayo de 2005 por el Congreso dominado por las fuerzas neoliberales. La aprobación de esta ley ocasionó hace un año un levantamiento popular que derivó en la caída del expresidente neoliberal Carlos Mesa, sustituto de Gonzalo Sánchez de Lozada.
De uno u otro modo, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses su disposición a adecuarse a la Ley 3058, que nominalmente les obliga a cancelar más impuestos y regalías, hasta en un 50%, aunque en términos reales, según estudios especializados independientes, no superaría el 35%.
Los términos de los nuevos contratos son negociados actualmente por altos funcionarios del gobierno de Morales, algunos de ellos, como es el caso del presidente de la petrolera estatal de YPFB, acusados de corrupción.
SEGURIDAD JURÍDICA
En la conferencia de prensa, Evo Morales afirmó que se dará seguridad jurídica a todas las empresas. Fernández de la Vega, por su parte, transmitió a Morales la incertidumbre que sienten los empresarios españoles establecidos en Bolivia y propuso que el gobierno boliviano designe un interlocutor único para resolver las dudas que puedan surgir, propuesta que fue aceptada por el mandatario. Esta fue una de las principales peticiones que le plantearon a Fernández de la Vega los representantes de las principales empresas establecidas en Bolivia. Según explicó la vicepresidenta española, todas las empresas comprenden, conocen, comparten y respetan el proceso de cambios que está experimentando el país, y han tomado la decisión de permanecer, invertir y contribuir al desarrollo del país.
«Esto va a permitir que las incertidumbres que se crean, ajenas a las partes, se reconduzcan y dará más seguridad y permitirá crear más confianza y mejor relación respecto a la inversión», declaró la autoridad española.
«El pueblo boliviano sabe exactamente que para salir de esta crisis económica el país necesita inversiones. Yo estoy convencido de que el Asamblea Constituyente va ratificar esta posición del Gobierno de garantizar la inversión extranjera», sostuvo el presidente boliviano.
En horas de la mañana, Morales y Fernández firmaron la IX Acta de la Comisión Mixta de Cooperación. La misma establece la canalización de la cooperación española a temas relacionados con la lucha contra la pobreza, defensa de los derechos humanos, equidad de género, sostenibilidad ambiental y respeto a la diversidad cultural.
Según información del gobierno de España, entre los años 2003 y 2006, ese país otorgó a Bolivia 200 millones de euros con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida para la población boliviana y consolidar el proceso democrático en el país.