La «nacionalización» de hidrocarburos del presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciada con gran estridencia interna y enorme impacto mediático internacional, no reportó ni un solo centavo para el Estado y se debate hasta ahora en la incertidumbre y la parálisis.Según el balance de la propia administración gubernamental, la «nacionalización» decretada hace más de 100 días […]
La «nacionalización» de hidrocarburos del presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciada con gran estridencia interna y enorme impacto mediático internacional, no reportó ni un solo centavo para el Estado y se debate hasta ahora en la incertidumbre y la parálisis.
Según el balance de la propia administración gubernamental, la «nacionalización» decretada hace más de 100 días aún no ha reportado ingresos adicionales para Bolivia, lo que demuestra que esta medida no ha pasado de ser un slogan.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, reconoció en una interpelación ante el Senado que el Ejecutivo no cuenta con dinero suficiente para que el Estado cobre protagonismo en el negocio y volvió a acusar a la empresa brasileña Petrobras de intentar sabotear el proceso de nacionalización, según reporta la agencia AFP.
En rigor, la «nacionalización» de Morales es una medida más ficticia que real y se orienta, en lo esencial, a legalizar los ilegales e inconstitucionales contratos con los que las petroleras explotan las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en más de 200 mil millones de dólares.
Esta «nacionalización» otorgó hasta el 1 de noviembre de 2006 para que las petroleras, como Repsol, Petrobras, Total, Enron, Shell, Vintage, British Petroleum y otras, firmen nuevos contratos en el marco de la ley neoliberal de hidrocarburos 3058, además de imponer algunas modificaciones menores y temporales en la tributación y en la reorganización de la empresa estatal del petróleo, medidas que sin embargo tampoco han podido ser ejecutadas.
Control transnacional
El ministro Soliz admitió también que el gobierno cometió el «flagrante error» de poner fechas precisas y cercanas al 1 de mayo, cuando Morales lanzó la «nacionalización», para la reorganización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pues ya vencidos, la empresa aún no logra despegar y, más bien, enfrenta serios cuestionamientos por supuestos casos de corrupción.
En su interpelación en el Senado, Soliz dijo que el problema para lograr el pago adicional de entre 30 y 90 millones de dólares por los dos campos de mayor producción de gas y petróleo de Bolivia es de naturaleza jurídica, al señalar que debería ser el Estado el que captara el total facturado y repartiera su parte a la empresa privada, y no viceversa.
La sesión se suspendió porque el oficialismo abandonó la reunión, ante la posibilidad de que Soliz fuera censurado por la oposición.
El funcionario dijo que lo que acontece actualmente es que Petrobras, al captar el dinero, sería la encargada de pagar el adicional por los campos San Alberto y San Antonio (Sábalo) al Estado. Esto, dijo, sería un reconocimiento tácito de que Petrobras sigue siendo la dueña de la cadena de producción, una realidad que el gobierno ya no puede ocultar.
El decreto de nacionalización estableció que ambos campos debían pagar desde el 1 de mayo 32% adicionales al Estado, sobre el total de su producción, además del 50% que ya pagaban por regalías y tributos.
«No hay nacionalización»
«El meollo de la nacionalización, sobre todo en el tema de los megacampos, es que si YPFB recibe los 30 ó 90 millones de Petrobras, la transnacional se queda como dueña de toda la cadena productiva y con eso no hay nacionalización», afirmó Soliz.
El ministro volvió a atacar a Petrobras, como lo hizo en la primera sesión al acusar a la empresa de frenar el proceso nacionalizador, al indicar que busca iniciar una campaña en defensa de los intereses de las petroleras.
«Tengo información que habría pedido una cuota adicional para desplegar una gran campaña en los 75 días que quedan antes de la firma de nuevos contratos», aseveró Soliz, sin presentar pruebas, aunque dejando en claro que el proceso de «nacionalización» de Evo se sustenta en lograr acuerdos con las transnacionales.
Tras el denominado decreto de nacionalización, Petrobras rechazó la posibilidad de modificar el contrato por el que Bolivia exporta a Brasil 26 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMCD) para pagar más de los 4 dólares por millar de BTU (Unidad Térmica Británica, por sus siglas en inglés) que abona actualmente.
Petrobras también anunció el congelamiento de las multimillonarias inversiones que planeaba hacer en Bolivia para adquirir más gas e industrializarlo. Al respecto, Soliz dijo que eso «es parte de las presiones sicológicas en la etapa de negociación».
Soliz confirmó, además, un comunicado conocido el fin de semana según el cual YPFB suspende temporalmente su intervención en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, hasta obtener un financiamiento de 180 millones de dólares del Banco Central de Bolivia. La actual ley del órgano emisor no contempla esa posibilidad.