El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia y la oposición minoritaria se aprestan hoy a una confrontación política, ante el empeño de la segunda de censurar en el Senado al ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz. El enfrentamiento puede iniciarse hoy, en el reinicio de las sesiones de la Cámara Alta, que debatirá la situación […]
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia y la oposición minoritaria se aprestan hoy a una confrontación política, ante el empeño de la segunda de censurar en el Senado al ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz.
El enfrentamiento puede iniciarse hoy, en el reinicio de las sesiones de la Cámara Alta, que debatirá la situación del ministro que impulsó la nacionalización de los hidrocarburos y ha denunciado que el afán de censurarlo forma parte de una ofensiva contra esa medida patriótica.
La bancada senatorial del MAS reafirmó la decisión de impedir la censura a Soliz, que asume como una maniobra del grupo opositor Poder Democrático Social (Podemos) contra la nacionalización decretada en mayo pasado.
«Podemos, están contra la nacionalización, contra Bolivia y a favor de las transnacionales», dijo, al anunciar el acuerdo, el senador del MAS Antonio Peredo.
El grupo opositor pretende censurar a Soliz como responsable de un caso de supuesta corrupción registrado por la firma irregular de un contrato de venta de petróleo barato, firmado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El senador Gastón Cornejo, por su parte, sostuvo que la bancada del MAS no permitirá la censura al ministro Solíz, porque están en juego los intereses de la Patria.
En torno a las acusaciones de Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, y el grupo Unidad Nacional, del millonario Samuel Doria Medina, Cornejo señaló que el tema del contrato petrolero está pendiente de investigaciones.
El afán opositor contra Soliz se intensificó tras revelarse el pasado lunes que un informe de auditoría del Ministerio de Hidrocarburos encontró indicios de responsabilidad administrativa, por parte del presidente de YPFB, Jorge Alvarado, en la firma del cuestionado contrato.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que el presidente Evo Morales prefiere esperar también los resultados de otras dos investigaciones, a cargo del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para tener más elementos.
Por su parte, vicepresidente Alvaro García apuntó que el primer dictamen habla de responsabilidad administrativa y no de daños al Estado, pues el contrato no se hizo efectivo por el veto que le impuso la Superintendencia de Hidrocarburos, que denunció el caso.
El senador de Podemos Walter Guiteras, quien fue ministro del Interior del ex dictador Hugo Banzer, alegó que la censura de Soliz impedirá que queden sin sanción supuestos actos de corrupción en YPFB.
El ministro Soliz señaló que la ofensiva derechista parece buscar el debilitamiento de los negociadores bolivianos, en momentos en que se aprestan a tratar con las transnacionales sobre nuevos contratos de esas empresas, acordes con la nacionalización.
«Los grandes enemigos de la nacionalización se ponen en una posición de pedirnos una rendición de cuentas», señaló Soliz, a tiempo de negar a Podemos autoridad moral para interpelar al ejecutivo.
El presidente Evo Morales declaró la semana pasada que no tomará medidas contra Alvarado mientras no sean presentadas pruebas de que incurrió en corrupción, y reiteró que su administración es implacable en la lucha contra ese delito.