La bienvenida del gobierno estadounidense a Evo Morales, primer presidente indígena boliviano de visita en Nueva York, no pudo ser más clara: desaprobación de su política antidrogas y advertencia sobre una probable descertificación en 2007 por la expansión de cultivos de coca. El mandatario indígena que pocas horas atrás pisó por primera vez territorio estadounidense […]
La bienvenida del gobierno estadounidense a Evo Morales, primer presidente indígena boliviano de visita en Nueva York, no pudo ser más clara: desaprobación de su política antidrogas y advertencia sobre una probable descertificación en 2007 por la expansión de cultivos de coca.
El mandatario indígena que pocas horas atrás pisó por primera vez territorio estadounidense para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la cual pronunciará un discurso este martes, vivió un traspié político con el informe elaborado por la Casa Blanca y enviado al Congreso legislativo de Estados Unidos el lunes.
Morales anticipó su llegada a Estados Unidos acusando al gobierno de George W. Bush de presuntos planes para provocar un conflicto armado con el vecino Paraguay y de asociarse con las transnacionales petroleras para evitar que se cumpla la medida de nacionalización del petróleo, decretada el 1 de mayo.
Ahora siente el sabor amargo de una anticipada desaprobación a su política flexible en materia de cultivos de coca, que desvirtúa sus esfuerzos por eliminar las plantaciones ilícitas destinadas a la fabricación de cocaína para el mercado estadounidense.
El comunicado firmado por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, expresa que «pese a un aumento en la interdicción de drogas, Bolivia ha llevado a cabo una política que le ha permitido la expansión del cultivo de coca y ha reducido de manera significativa la erradicación».
Pero, según reveló a IPS una fuente diplomática, el documento contiene una fuerte advertencia a Morales sobre la necesidad de una reducción drástica de al menos 5.000 hectáreas de cultivos antes de marzo de 2007, y de anular resoluciones gubernamentales que autorizan la libre comercialización del vegetal que –además de su uso ilícito–, tiene fines legales como medicina tradicional y alimento de consumo ritual.
El documento que ha circulado en Washington también lleva una implícita exigencia a Morales de eliminar un tercer mercado de acopio y concentración de hojas de coca en la población de Caranavi, en el central departamento de La Paz, porque la ley antidrogas de 1989 sólo permite la existencia de dos de estos mercados, en las ciudades de La Paz y Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
El documento desaprueba las medidas de Morales, quien además se desempeña como máximo dirigente de los cultivadores de coca y cedió a demandas de éstos, base social y política que le permitió llegar a la Presidencia el 22 de enero, tras ganar los comicios de diciembre con 53,7 por ciento de votos.
El mandatario cambió algunas políticas que ya habían sido flexibilizadas por su antecesor Carlos Mesa (2003-2005), como la autorización para el cultivo de 1.600 metros cuadrados de coca por familia, y accedió a otorgar este beneficio a cada uno de los afiliados del movimiento cocalero, medida que generó una multiplicación de las plantaciones.
Una medición de los cultivos difundida por Estados Unidos hace tres meses señalaba que en Bolivia existían 26.500 hectáreas de hoja de coca, mientras la Organización de las Naciones Unidas las estimó en 25.400 hectáreas.
La legislación boliviana en materia de sustancias controladas permite el cultivo de 12.000 hectáreas de coca para uso tradicional, como infusión y rituales indígenas, mientras el resto de las plantaciones están penalizadas.
Morales y los cultivadores expresaron su deseo de erradicar unas 5.000 hectáreas de cocales, y el gobierno afirmó que a la fecha se erradicaron 3.411 hectáreas en un clima pacífico, sin violencia y sin enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los agricultores.
Tras conocer el informe de la Casa Blanca, el portavoz presidencial Alex Contreras aseguró que Estados Unidos expresaba una «lectura equivocada» de lo que está pasando en Bolivia respecto de la política antidroga, toda vez que en ocho meses de gestión de Morales se ha procedido a erradicar en forma voluntaria y sin violentar los derechos humanos.
«Eso significa que la supuesta meta de erradicación de las 5.000 hectáreas hasta fin de año tranquilamente ha de ser sobrepasada, no por imposición del gobierno de los Estados Unidos, sino por voluntad propia y sin utilizar ni un solo gas lacrimógeno, menos la represión y los enfrentamientos», aseguró.
La «descertificación» de Washington podría afectar a Bolivia en materia de cooperación económica, con el recorte de los 150 millones de dólares que otorga Estados Unidos anualmente al país andino y un voto de desaprobación en los directorios del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos de los cuales este país es altamente dependiente.
Se estima que, anualmente, el país obtiene de esas agencias unos 400 millones de dólares en préstamos y donaciones para financiar programas sociales y de construcción de carreteras, escuelas y centros hospitalarios.
El producto interno bruto boliviano, según datos del FMI, alcanza a unos 9.500 millones de dólares, mientras la deuda externa se aproxima a los 4.500 millones de dólares en un país donde la pobreza afecta a 63,7 por ciento de los 9,2 millones de habitantes.
«Al gobierno de Evo Morales le costará mucho quebrar el paradigma que ha creado al señalar que la hoja de coca no es cocaína, mientras la visión de la comunidad internacional es diferente», comentó a IPS el investigador y director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas, Franklin Alcaraz del Castillo.
El pedido de Morales de declarar la despenalización de la coca durante la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en La Habana desde el lunes 11 hasta el sábado 16, no recibió suficiente respaldo, recordó Alcaraz del Castillo.
El mandatario ha iniciado una ofensiva internacional, a través de sus representantes diplomáticos, para obtener la despenalización de los cultivos de coca en la ONU, que clasificó al vegetal como sustancia controlada en 1988, prohibiendo su comercialización y consumo.