La marcha indígena por la tierra, que salió de Santa Cruz rumbo a esta ciudad, va sumando voluntades y en su cuarto día, tras haber avanzado 90 kilómetros, poco menos de la décima parte de los que se pretende recorrer en 40 días, el número de marchistas subió de 300 a 500.

Hombres, mujeres y niños de 34 etnias, entre los que se hallan ayoreos, chiquitanos, mojeños, chimanes y yuracarés, exigen la inmediata modificación del Instituto de la Reforma Agraria (INRA), «porque la ley de 1996 favorecía sólo a gamonales y latifundistas para que comercialicen la tierra y la acaparen», señaló el secretario de organización de la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz, Ramiro Galindo.

Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, informó que fueron invitados por empresarios agropecuarios a integrarse a las reuniones de la «gran comisión», en la cual negocian con el vicepresidente Alvaro García Linera y otros funcionarios consensos para la modificación de la citada ley.

Se informó que las pláticas continuarán este fin de semana, con la participación de legisladores del oficial Movimiento al Socialismo y de la oposición, con miras a que el martes puedan discutirse las propuestas de modificación a la ley del INRA en el pleno de la Cámara de Diputados.

Por otra parte, en la población de Huanuni, departamento de Oruro, se abrieron las ventanillas para que se inscriban los cooperativistas que accedan ser asalariados de la Corporación Minera Boliviana.

Sin embargo, el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Santos Ramírez, anunció que están dispuestos a «recuperar» las áreas que trabajaban en el cerro Posokoni, donde hubo 16 muertos y casi un centenar de heridos cuando éstos intentaron apoderarse de los yacimientos de estaño que alberga.

Guillermo Dalence, ministro de Minería, advirtió que no permitirá que eso ocurra. La directiva de la nueva empresa Huanuni ordenó a los 500 policías que resguardan el centro minero redoblar la vigilancia.

De las cuatro cooperativas mineras que trabajaban en Huanuni -con unos 4 mil afiliados en total-, Nueva Karazapato y Libres firmaron el convenio para que sus miembros se conviertan en asalariados. Parte de los cooperativistas de Playa Verde y La Salvadora se niegan a hacerlo, por lo que continúa la tensión en ese poblado minero.