En la tarde de anteayer, y para sorpresa de todos los presentes, el tribunal no dictó la sentencia luego de que los cinco abogados presentaran, en forma colectiva, el alegato final en defensa de los 15 acusados de la Causa Legislatura. El mismo se desarrolló en cuatro partes: la apertura, que dio cuenta del contexto […]
En la tarde de anteayer, y para sorpresa de todos los presentes, el tribunal no dictó la sentencia luego de que los cinco abogados presentaran, en forma colectiva, el alegato final en defensa de los 15 acusados de la Causa Legislatura.
El mismo se desarrolló en cuatro partes: la apertura, que dio cuenta del contexto general en que sucedieron los hechos; un análisis legal de las figuras que se les imputan; la valoración de las pruebas presentadas y el cierre, que define la calidad de presos políticos de los acusados.
En 20 audiencias públicas que se iniciaron el pasado 3 de octubre, declararon 50 testigos. La fiscalía, que representa al Estado, llamó como testigos a policías y personal de seguridad del edificio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa contó con las declaraciones de trabajadores del lugar, de integrantes de las organizaciones que convocaron ese día a la movilización, y con el testimonio de 12 legisladores porteños. La estrategia consistió en demostrar que ninguno de los imputados provocó los daños por los que se los acusa y que las pruebas fotográficas y fílmicas no los involucran, ya que no pueden ser identificados en ellas.
Por su parte, el fiscal dejó de lado los cargos de coacción agravada y privación ilegal de la libertad, en los se basó la jueza Raimond para sentenciarlos durante la etapa de instrucción. Durante 14 meses estuvieron presos por delitos que ahora la fiscalía desestima por falta de pruebas.
El alegato demostró que los acusados no han sido ni autores ni partícipes necesarios en los daños que se provocaron en el edificio de la Legislatura. Tampoco hubo resistencia a la detención, excepto en los casos de las personas detenidas por personal de civil.
¿Quienes fueron los autores de los destrozos? En ninguna de las miles de fojas de expedientes que fueron acumulándose durante dos años se responde a esta pregunta.
«El hecho ocurrió y tiene que haber pena», dijo el fiscal apelando a la teoría de que un sujeto es «peligroso» antes de que suceda el hecho.
Esta causa marcó un hito. A partir de ella, se produjo la mayor cantidad de encarcelamientos políticos desde la última dictadura.
Este proceso es considerado por los abogados defensores como un «escándalo jurídico»; las acusaciones de la fiscalía se basan en falsos testimonios y las propias declaraciones de los policías son dudosas.
La defensa concluyó que la judicialización de la protesta es un elemento disciplinador, que el derecho Contravencional es un construcción ideológica para atrapar a quienes no pueden ser detenidos por el derecho penal y que el fallo busca ser ejemplificador.
El 16 de julio de 2004 fueron detenidos 15 hombres y mujeres que protestaban por el intento de aprobación de la reforma del Código Contravencional que traería aparejada la penalización de la venta ambulante y la prostitución. La policía actuó en una «caza de brujas» y los detuvo a varias cuadras de la Legislatura porteña, incluso varias horas más tarde de producidos los hechos.
«Pedimos la absolución por los delitos de daño agravado y resistencia a la autoridad (..) Los acusados no tienen antecedentes, son trabajadores, son jefes de familia», expresó una de las abogadas.
Los funcionarios policiales y la justicia que instruyó esta causa es la que debería ser acusada de privación ilegal de la libertad. En tanto, se espera la sentencia para el próximo lunes.