En México ya no existe el monopolio del poder político, pero permanecen las estructuras corporativas, privadas y públicas, que se expresan en privilegios y posiciones dominantes de un puñado de empresas y sindicatos. El presidente saliente Vicente Fox, un ex empresario de la empresa estadounidense Coca-Cola afiliado al conservador Partido Acción Nacional (PAN), pasó a […]
En México ya no existe el monopolio del poder político, pero permanecen las estructuras corporativas, privadas y públicas, que se expresan en privilegios y posiciones dominantes de un puñado de empresas y sindicatos.
El presidente saliente Vicente Fox, un ex empresario de la empresa estadounidense Coca-Cola afiliado al conservador Partido Acción Nacional (PAN), pasó a la historia por poner fin a las siete décadas de régimen del PRI (Partido Revolucionario Institucional), pero deja casi intactas esas estructuras.
Los observadores se preguntan si su sucesor y correligionario, Felipe Calderón, intentará acotar el peso de esos poderes fácticos, algunos de los cuales apoyaron su candidatura presidencial.
Calderón, que asumirá este viernes, es un político profesional que se declara propulsor de la libre competencia. Como candidato ofreció acabar con los monopolios, crear millones de empleos y combatir la pobreza a través del impulso de nuevas empresas.
Un estudio del Banco Mundial presentado este martes sostiene que los monopolios en diversas esferas de la economía y los sindicatos del Estado frenan el crecimiento de México y deberían ser acotados.
El Banco afirma que las instituciones del Estado encargadas de regular la competencia son débiles y por tanto presa fácil de los actores privados a los que deben fiscalizar en este país de más de 100 millones de habitantes.
Los bancos Banamex y el español BBVA, las empresas Telmex, de telecomunicaciones, Televisa, de medios de comunicación, Cemex, productora de cemento, las alimentarias Maseca, elaboradora de tortillas de maíz, y Bimbo, panificadora, controlan casi la totalidad de sus mercados.
Estas posiciones les permiten fijar precios mucho más elevados que los de empresas similares en países vecinos.
Algo similar ocurre con la compañía petrolera PEMEX y la empresa de electricidad Luz y Fuerza del Centro, ambas estatales.
El reporte coloca en un mismo plano al gran poder económico y a un grupo de poderosas organizaciones sindicales.
Por ejemplo, los sindicatos de profesores, los de Pemex y Luz y Fuerza del Centro, viejos aliados del PRI, que ostentan gran poder de presión y cuyos afiliados perciben salarios mayores al resto de trabajadores.
El gran empresariado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoyaron la candidatura de Calderón a la Presidencia, mientras su adversario, el izquierdista Andrés López Obrador, contó con respaldo de empresarios y de varios sindicatos de empresas públicas y privadas.
El nuevo presidente de México «deberá mostrar sus músculos frente a los dueños del país si quiere cumplir sus promesas de más competencia y empleo», dijo a IPS Miguel Morales, politólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Si Calderón emprende esa batalla, «veremos un cambio histórico», sostuvo.
El Banco Mundial acusa del mantenimiento de la pobreza y de la desigualdad social tanto a la concentración de riqueza en el sector empresarial como a los sindicatos protegidos, herencias de «viejos acuerdos institucionales y políticos».
Según cifras oficiales, la mitad de los 103 millones de habitantes de México son pobres.
El salario mensual promedio de un trabajador mexicano es de 392 dólares, mientras el de los petroleros llega a 978 y el de los sectores de la energía, de telecomunicaciones y de educación ronda los 721 dólares, apenas decente.
El Banco se ve obligado a reconocer que los afiliados de esos sindicatos «son mucho menos ricos que los auténticos millonarios, como sucede con todos los mexicanos. Sin embargo, están en condiciones significativamente mejores que los ciudadanos promedio del país», insiste.
Fox dejó truncas sus promesas de sanear los sindicatos ligados al PRI y de abrir ciertos sectores a la competencia para mejorar los instrumentos de lucha contra la inequidad y la pobreza, según su interpretación de la economía.
El 21 de este mes, inauguró una empresa hidroeléctrica construida durante su mandato con el nombre del fallecido Leonardo Rodríguez, sempiterno líder del sindicato de electricistas y ex secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y del Congreso del Trabajo, brazos del corporativismo del PRI.
El régimen priista (1929-2000) consiguió parte de su poder y de la estabilidad política mediante una alianza de tipo corporativa con sindicatos y organizaciones campesinas y barriales.
Algunos habían vaticinado que con la salida del PRI del gobierno federal el sindicalismo que le era fiel entraría en declive. Lejos de ello, los sindicatos buscaron y hallaron un nuevo aliado: Fox.
Otra alianza del mandatario saliente fue con empresas casi monopólicas como Telmex, que controla 80 por ciento del mercado de las telecomunicaciones, y Televisa, el consorcio de medios de comunicación dueño de casi todo el pastel de publicidad y frecuencias del país.
El 20 de este mes, en su discurso al asumir al cargo simbólico de «presidente legítimo» –pues impugnó por fraude el triunfo de Calderón– López Obrador pasó revista al costo de algunos servicios que están en manos de empresas privadas y públicas.
Los mexicanos pagan 223 por ciento más que los estadounidenses por el cemento gris, 260 por ciento más por Internet de banda ancha, 312 por ciento más por el teléfono celular, 65 por ciento más por la telefonía básica, 116 por ciento más por la electricidad residencial, 131 por ciento más por el fluido comercial y 178 por ciento más por una tarjeta de crédito.
Además, gastan 116 por ciento más que los consumidores de Estados Unidos por los servicios de televisión por cable, 150 por ciento más por un crédito a la vivienda y 3.600 por ciento más por comisiones bancarias.
«Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es 90 por ciento menor que en Estados Unidos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo», señaló López Obrador, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El columnista del diario El Universal, Raymundo Riva Palacio, opina que los perfiles y antecedentes de los secretarios de Estado ya designados por Calderón para el área económica sugieren que se avecina una lucha a los monopolios empresariales.
El futuro secretario (ministro) de Hacienda, Agustín Carstens, hasta octubre subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, se declara contrario a los monopolios, mientras Javier Lozano, quien dirigirá la cartera del Trabajo, combatió desde diversas trincheras la posición dominante de Televisa.
Pero sólo el tiempo dirá si Calderón dará batalla a todos los monopolios, tanto públicos como privados, o permanecerá como su antecesor sometido por conveniencia al corporativismo, dijo el politólogo Morales.(FIN/2006)
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