El cierre de válvulas de un ducto que transporta hidrocarburos es una operación que no sólo importa pérdidas, sino también perjuicios técnicos. Este sábado, los periódicos de La Paz anunciaron que, los pobladores de Camiri -en paro desde el miércoles pasado- tomaron ayer dos estaciones de bombeo y obligaron a cerrar válvulas. La amenaza de esta acción había sido anunciada ya desde el mismo día en que iniciaron la protesta. El gobierno envió contingentes de policía y unidades militares para resguardar los campos y estaciones, aunque los oficiales recibieron órdenes precisas de no usar violencia en las operaciones que realizaran.

Pero, el hecho curioso es que, en realidad, las válvulas fueron cerradas por al menos una de las empresas, dos horas antes que se iniciase la acción de los pobladores de Camiri y aún cuando, en la mañana de este sábado, se restituyó el control de las estaciones de bombeo, la transportadora se negó a abrirlas durante varias horas. El gobierno se vio obligado a advertir que cancelaría el contrato vigente si mantenía la negativa; sólo entonces fueron abiertas las válvulas.

Las maniobras de TRANSREDES

Entre el 1 de mayo y el 27 de octubre pasados, las negociaciones con las empresas que explotan y transportan el gas, fueron dificultosas. Los enemigos del programa de cambios que ejecuta el gobierno de Evo Morales, realizaron una intensa campaña de amedrentamiento, sosteniendo que las empresas se negarían a firmar nuevos contratos y aislarían a Bolivia.

La campaña mediática contó con el apoyo abierto de la llamada Cámara de Hidrocarburos que, periódicamente, publicada textos pagados en la prensa nacional, expresando su rechazo al decreto del 1 de mayo y a la propia Ley de Hidrocarburos. Era evidente que, la otra parte de esa campaña, recibía también el financiamiento de la Cámara aludida; al menos, de algunas de las empresas.

TRANSREDES fue especialmente contraria a la firma de un nuevo contrato con el Estado boliviano. Es controlada mayoritariamente por la conocida transnacional Shell, otra importante accionista es PRISMA, que sustituyó a la quebrada ENRON en el manejo de la transportadora y se completa con capitales brasileños no vinculados a la estatal petrolera de ese país. De hecho, representa tanto a los grandes capitales petroleros europeos y a los más escandalosos especuladores de Estados Unidos.

Esta empresa fue también entusiasta promotora de la campaña mediática y es probable que haya aportado los fondos necesarios para este propósito.

Pero, no sólo se ha opuesto a los nuevos contratos, sino que ha patrocinado activamente las movilizaciones de los opositores al gobierno, aunque tales acciones no se hayan relacionado directamente con el tema del gas.

De hecho, empleados de la empresa en diferentes tiempos, se han dado a la tarea de promover acciones contra el gobierno. Son los casos de Oscar Serrare y de Richard Moreno, quienes actúan en diferentes campos, pero con el mismo propósito de forzar situaciones de confrontación. Su objetivo es crear las condiciones favorables a un golpe de Estado y, aunque no han tenido éxito en la conjura, persisten en sus intenciones.

Todo esto es parte de una estrategia de desestabilización que busca el retorno a las viejas formas de gobierno, tan favorables a los intereses transnacionales. La intromisión en política interna, abiertamente mostrada en varias oportunidades, ya constituye un hecho inadmisible.

Considerándose intocable, TRANSREDES ha participado, ahora, de una acción claramente dañina a los intereses económicos del país. Es muy probable, por tanto, que haya incentivado el mismo paro que se realiza en Camiri.

Demanda justa, acción injusta

La Ley de Hidrocarburos que rige actualmente, determina que, la Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se instale en Camiri que, durante los años ’50 y ’60, fue el centro de la actividad petrolera del país.

Los partidos tradicionales, que se oponían a la nueva Ley de Hidrocarburos, maniobraron con su mayoría parlamentaria y aguijonearon sentimientos regionalistas, con el propósito de impedir la refundación de YPFB, como una empresa sólida, con capacidad de tomar a su cargo todas las operaciones de la industria de hidrocarburos.

El gobierno, a través del Ministro de Hidrocarburos, ha explicado en Camiri que está buscando la mejor forma de cumplir con la ley que, en referencia a la refundación de YPFB, manda que se fortalezca esa entidad y, por otra parte, dispone la dispersión de sus unidades. Pero, los extremistas camínenos respondieron que el ministro demostró que está violando la ley, al no cumplirla hasta ahora y amenazaron con iniciar un juicio de responsabilidades. Es decir: no se trata de encontrar un entendimiento, sino de ahondar la confrontación, para lo cual sirve cualquier argumento.

Si es cierto que, en la derecha, se hallan los más enconados opositores al cambio, en el otro extremo están quienes acusan al gobierno que preside Evo Morales de actuar en beneficio de las transnacionales. El periodista Mirko Orgaz, ahora convertido en un extremista dirigente cívico de Camiri, ha dicho textualmente que, este gobierno, «está siguiendo el mismo camino discursivo e ideológico del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada».

En esta confrontación artificialmente creada, los comiteístas de Camiri se han visto aislados. La provincia Gran Chaco de Tarija y la región chaqueña de Chuquisaca dialogaron con el gobierno y encontraron acuerdos satisfactorios. El extremismo desubicado campeó en Camiri.

Pero, la discrepancia absoluta que aparece entre los oponentes al cambio y quienes exigen cambios más radicales, se confunde y trastoca en el momento de las acciones. Ambas partes coinciden y se ponen de acuerdo en causar perjuicios a la economía nacional.

Los protagonistas de estos hechos tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Bolivia.