El año 2006 concluyó con un balance positivo para Bolivia. Todos los indicadores económicos mostraron avances de tal magnitud que, internacionalmente, se reconoció que el país mostraba una imagen de consolidación. Por supuesto, los voceros de la derecha, sin poder desconocer las cifras, adujeron que la bonanza no se debía a una política de gobierno, sino a las alzas que experimentaron las materias primas en los mercados transnacionales.

Así se dio un paso trascendental, al sacar a Bolivia de la postración en que se hallaba desde que, en 1985, se implementó el modelo neoliberal. En un año, el déficit fiscal desapareció y se obtuvo un superávit. Las reservas se duplicaron. La deuda externa disminuyó sustancialmente. El comercio internacional logró cifras no imaginadas. La recuperación de la propiedad sobre los hidrocarburos, la negociación de mejores precios para el gas, el pago de mayores impuestos por este recurso, la transparencia en el manejo de la cosa pública, la austeridad en el gasto fiscal, fueron factores decisivos para estos cambios.

Un panorama de estas características debiera entusiasmar a un empresariado que, durante todo el periodo neoliberal, fue víctima de una política favorable a las transnacionales que desahuciaba cualquier intento nacional de desarrollo. Estos factores debieron saludarse con satisfacción por una clase media sistemáticamente expulsada del país por falta de oportunidades. Por una suerte de contrasentido, las perspectivas que ahora se presentan, son como un reproche a la resignación que fue su característica durante tanto tiempo; se niegan a reconocer la realidad.

Agentes de la frustración

Los clasemedieros que paseaban su ocio obligado por la desocupación, en el tiempo de los gobiernos neoliberales, son ahora defensores a rajatabla de la frustración nacional que significó ese periodo. Protagonizaron, a fines del año anterior, huelgas de hambre reclamando una «democrática» imposición de las minorías.

La prolongada discusión por la regla de los dos tercios en la aprobación de cada artículo de la Constitución a elaborar por la Asamblea Constituyente, ha sido el fuerte de su oposición a los avances alcanzados durante el año pasado. El gobierno ha debido aceptar, finalmente, una fórmula que permita avanzar en esa redacción.

Con ese lema han detenido, durante seis meses, la tarea encomendada por el pueblo a la Constituyente. Pero no se trataba de lograr ese resultado. La verdadera intención es la desesperada búsqueda de un liderato que no tiene la oposición. Por cierto, Jorge «Tuto» Quiroga, ha sido descartado por su demostrada incapacidad para encabezar una reacción contra el gobierno de Evo Morales. En vez de aquel, intentó asumir esa función el empresario Samuel Doria Medina, quien se encargó de organizar una poco creíble huelga de hambre en varios distritos del país, reclamando los mencionados dos tercios. Tampoco pudo lograrlo. Hasta se fijaron en un poco notorio escritor: Juan Claudio Lechín; su carta de presentación es el apellido de su padre, quien fue un histórico dirigente de la Central Obrera Boliviana.

Ninguna de estas cartas ha sido capaz de aglutinar la oposición que lucha por mantener un margen de oposición que alcance un tercio de la población. Pese a una intensa campaña mediática, nacional e internacional, las posibilidades de cualquiera de ellos se han reducido a cero. Por ahora, se busca un liderato en otras esferas.

Los intentos del caciquismo

Elegidos por primera vez, la mayoría de los prefectos -primera autoridad de los departamentos en que se divide el país-, se ha constituido en un frente de resistencia al cambio. Pretenden obtener una especie de total mandato para definir políticas económicas, sociales y territoriales que llevarían al país a un desmembramiento que, muchos intereses internacionales esperan con gran interés.

No dudaron en alinearse al frente dela campaña por los dos tercios. Pero, además, se pronuncian conjuntamente contra toda medida que disminuya las prebendas a que se acostumbraron los empresarios durante los gobiernos anteriores.

Sin embargo, la avidez personal de cada uno de ellos, ha hecho imposible que formen un frente común. Es que, cuando uno de los prefectos reclama autoridad absoluta sobre recursos y servicios del departamento en cuestión, los otros no pueden apoyarlo, pues estarían mermando sus propias posibilidades.

Lo cierto es que, los prefectos, quieren convertirse en caciques de un territorio, pretendiendo negar cualquier fiscalización nacional y, menos aún, una mecanismo de coordinación. Seis, de los nueve prefectos, han practicado esta contradanza en la que, los pasos cruzados, los enfrentan con los sectores sociales de cada departamento.

Esto ha provocado movilizaciones que exigen la renuncia de varios de ellos. Se han producido enfrentamientos con víctimas fatales. Al no existir un mecanismo institucional que los obligue a retirarse, los movimientos sociales han debido retraerse. Empero, han logrado arrinconar a las autoridades departamentales, quienes han tenido que bajar el tono de su ofensiva política.

La complicidad de los desubicados

Las acciones contra el gobierno no se detienen ante ninguna consideración. Han sido capaces de jugar con ingenuidades y perversiones de varios sectores. Una olvidada ciudad que fue emporio de la producción petrolera hace cuarenta años, Camiri, se ha declarado en paro y amenaza tomar medidas más drásticas, si no se accede a instalar allí la gerencia de explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa que trata de reconstruir el gobierno. La reclamación es válida, a partir de la letra muerta de la actual Ley de Hidrocarburos. Una entidad cuyas gerencias se distribuyan en diversas poblaciones, no tendrá efectividad. Para cumplir con la ley, se estudian alternativas que, al mismo tiempo de satisfacer las expectativas de las regiones, hagan que la institución sea operativa.

Los apresuramientos, que la reacción contra el gobierno incita, impedirá la búsqueda de soluciones racionales. Por supuesto, esto alegrará grandemente a las empresas petroleras que han debido adecuarse a las nuevas condiciones establecidas por esa misma ley en beneficio del país. Los exigentes bloqueadores, no se dan cuenta que, la empresa YPFB, desarticulada, complotará contra la explotación racional y la industrialización de los hidrocarburos. En corto tiempo, volveríamos a la extracción irracional con míseros beneficios.

Al mismo tiempo, los cooperativistas mineros vuelven a la carga. Después de haber provocado un enfrentamiento en el centro minero de Huanuni, a principios de octubre, amenazan con repetir su ataque. Una perversión de la cooperativa, convirtió a éstas en sociedades en las que, los propietarios de acciones, contratan personal para realizar el trabajo de extracción minera, con pagos miserables y sin seguridad social. El conflicto de octubre se solucionó incorporando a los explotados servidores de los «cooperativistas» a la histórica empresa estatal, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Ese tipo de cooperativas, ha sido una de las causas de la destrucción de mejores posibilidades de explotación de los abundantes minerales que existen en el país. El gobierno está trabajando en un programa de asimilación de esos grupos que depredan los recursos mineros.

Para concretar esa idea, es preciso reformular las condiciones de explotación y los beneficios que debe recuperar el Estado, como propietario del subsuelo. Los empresarios de la minería mediana y pequeña han incentivado a los cooperativistas, haciendo el cálculo de un retroceso del gobierno, temeroso de enfrentar a un numeroso sector social. Hasta ahora, sin embargo, no es ese el rumbo que ha tomado el Ministro de Minería.

La distribución de la riqueza

Los defensores del neoliberalismo buscan, por todos los medios, que el gobierno se enrede en esta lucha. Pretende que, ocupado en solucionar los diversos conflictos que aparecen, no tenga capacidad de llevar adelante el programa de cambio que se ha propuesto.

Es evidente que, en este año, el gobierno de Evo Morales, debe cumplir una tarea gigantesca: la redistribución de la riqueza.

Si, durante 2006, consolidó una economía sana, no es menos cierto que el beneficio no se ha sentido en el bolsillo de la gente. La desocupación apenas se ha aliviado. El éxodo de bolivianas y bolivianos en busca de mejores perspectivas, no ha cesado. La deficiente alimentación, la falta de vivienda y, en general, la carencia de servicios básicos, son los problemas que deben encontrar solución, al menos inicial, en el curso de este año.

Un volumen de reservas que supera con creces los montos que se registraban en años anteriores, permite asumir que se dispondrá de una parte para generar empleo. La creciente exportación de minerales hará otro tanto. Los recursos frescos que están recibiendo las prefecturas y alcaldías, deben completar el resto.

Por supuesto, esto requiere de una planificación conjunta que sólo este gobierno puede llevar adelante.