El embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, realizará gestiones ante el Gobierno y el Poder Judicial estadounidense para que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada conozca del edicto público que este viernes hizo público la Corte Suprema de Justicia. La intención de ese edicto es que el ex Jefe de Estado, principal […]
El embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, realizará gestiones ante el Gobierno y el Poder Judicial estadounidense para que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada conozca del edicto público que este viernes hizo público la Corte Suprema de Justicia.
La intención de ese edicto es que el ex Jefe de Estado, principal acusado por la masacre de octubre, retorne al país y asuma su defensa en el juicio de responsabilidades que se le sigue por el delito de genocidio.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, calificó hoy como una buena señal la publicación del edicto en varios medios de comunicación impresos para que los acusados Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa; y Jorge Berindoagüe, ex ministro de Hacienda, retornen a Bolivia para asumir su defensa, caso contrario la misma podría derivar en una orden de captura internacional.
Toda vez que las normas vigentes en el país establecen la obligatoriedad de publicar un segundo edicto 10 días después del primero y en caso de no hacer caso a esa convocatoria corresponde la orden de captura.
«Consideramos que es una buena señal e inmediatamente nuestro embajador (en EEUU) ya ha tomado conocimiento de la nota oficial y va a ver el mecanismo para canalizar ante el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos para dar curso al pedido de la presencia de Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en el país», manifestó el también presidente nato del Congreso Nacional.
García Linera reiteró que Sánchez de Lozada y sus colaboradores tienen todas las garantías para asumir su defensa en el país por la denominada «guerra del gas» de septiembre y octubre de 2003 que derivó en la muerte de más de 67 personas y 417 heridos, según organismos defensores de los derechos humanos.
García Linera reiteró que Bolivia, su Gobierno y su población no quieren venganza sino justicia, motivo por lo que se pidió al embajador Guzmán «hacer todo lo posible» para canalizar las decisiones jurídicas para concretar la extradición de los imputados por el caso «octubre negro» y enfrenten un juicio justo.
El ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex colaboradores Sánchez Berzaín y Berindoagüe se refugiaron en Estados Unidos después que rebelión popular lo obligó a renunciar a su mandato el 17 de octubre de 2003.
