Bertha Acarapi tiene 33 años y un aplomo que convence. Viste la pollera de la mujer aymara y es concejala del municipio boliviano de El Alto, en el occidental departamento de La Paz, donde laten un millón de vidas, la mitad mujeres. Como ella, otras 336 concejalas ejercen en la administración de los 329 […]
Bertha Acarapi tiene 33 años y un aplomo que convence. Viste la pollera de la mujer aymara y es concejala del municipio boliviano de El Alto, en el occidental departamento de La Paz, donde laten un millón de vidas, la mitad mujeres.
Como ella, otras 336 concejalas ejercen en la administración de los 329 municipios de Bolivia, muchas sin haber cursado estudios secundarios, lo que representa grandes desventajas para incidir en la representación de su comunidad.
No es una deducción ni una agresión, dice a IPS la gerente general de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), María Eugenia Pinto. «Se ha visto que sólo el 60 por ciento de estas mujeres ha hecho la secundaria y muchas no saben ni leer ni escribir. Por supuesto que tienen la visión social y el empuje de liderezas, por algo están donde están, pero necesitan apoyo en el desarrollo de sus capacidades para tener un impacto en la gestión, a nivel de políticas públicas».
Ese apoyo es la dotación de motores, como el manejo del marco jurídico y legal, técnicas de mediación y negociación y estrategias de comunicación, entre otros, para transitar con soltura en el ámbito local.
Acarapi, con cuatro años de experiencia como concejala y hasta hace poco presidenta del Concejo Municipal de su ciudad, lo ratifica admitiendo que en el terreno de la política local el desconocimiento o la inexperiencia –que, por cierto, «no es sólo propia de las mujeres»– se suma al sesgo machista y segregador con que es vista la actuación femenina en la política.
«Yo tengo formación universitaria (trabajadora social), pero no había sido suficiente. He tenido que capacitarme y a la vez hacer oídos sordos a la discriminación, a la falta de crédito que me han dado mis propios compañeros sólo por el hecho de que soy mujer», dice a IPS.
Con esta vivencia se identificaron plenamente alrededor de un centenar de mujeres (concejalas, una alcaldesa y representantes de organizaciones sociales), durante las jornadas Gobernabilidad, Género y Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local, celebradas entre el 29 de enero y el 1 de febrero en la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano.
Con la organización de Acobol, el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales y el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw, por sus siglas en inglés), esta actividad permitió una mirada crítica de las mujeres hacia ellas mismas, experiencia que se espera replicar a lo largo de este mes en Ecuador, Colombia y Perú.
Según Altagracia Balcacer, representante de UN-Instraw, esta itinerante iniciativa ha de ser para devolver a las mujeres el producto de investigaciones hechas sobre el rol femenino en la política en esta parte del continente, y forma parte de un proyecto que abarca también a México y América Central.
Tales estudios hablan de la desigualdad de género en nuestros países, la crónica baja proporción de mujeres en cargos electivos locales y muestran, en pocas cuentas, que la participación femenina ha crecido en el Poder Ejecutivo, en los parlamentos latinoamericanos, en el espacio local, pero aún falta mucho por avanzar.
En la última década, en promedio, la participación femenina latinoamericana en los ejecutivos ha crecido de nueve a 14 por ciento. Entre concejalías y alcaldías hay un promedio de 17 por ciento de mujeres. Simple lógica: «Los porcentajes no son significativos en ninguno de estos espacios», sintetiza Balcacer.
El caso de Acarapi puede considerarse ejemplificador. En El Alto, una ciudad de 500.000 mujeres, apenas dos accedieron a una concejalía de las 11 existentes.
El asunto, sin embargo, es más que cuantitativo. Después de más de 10 años de implementación de la Ley de Participación Popular en Bolivia, que dio a los municipios todo el poder administrativo para impulsar su desarrollo a través de la actuación ciudadana, los resultados no se visibilizan con fuerza, mucho más cuando la mayoría de las concejalas pertenecen a municipios rurales, dice Elsa Suárez, socióloga que realiza una investigación sobre el tema.
Su hipótesis es que gran parte de las mujeres llegaron a un cargo de administración local con una trayectoria sindical, por lo que sus códigos, discursos y dinámicas no encajan en las instancias municipales.
En ese escenario prefieren callar, y rara es la ocasión en que vuelven a optar a un puesto similar. «Hay muy pocas mujeres reelectas, la mayoría no quiere volver a participar», confirma Pinto, lo cual se vincula con el argumento de Suárez, pero también con otros factores, como «la familia, la violencia política, el machismo que se traslada a los gobiernos municipales para obligar a la mujer a renunciar».
Pero tampoco puede afirmarse que las mujeres no tengan logros de los que jactarse. «Hemos dado un importante empuje a temas como el respeto a los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la educación, al trato de nuestros adultos mayores…, y son asuntos sustanciales en cualquier sociedad», dice Balcacer a IPS.
«Y queda claro que las mujeres construimos nuestros liderazgos a partir del espacio social, no del espacio político», subraya.
La desventaja se marca justamente en el espacio político, donde se da la lucha por el poder, cosa que tiene que ver mucho con lo cultural, señala el sociólogo Jesús Flores, investigador que indagó en la participación de las ciudadanas de El Alto en las movilizaciones de 2003, que terminaron con la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras el abrumador rechazo popular de su política energética y de privatizaciones.
En el combativo y altiplánico El Alto, las mujeres se movilizaron, salieron a las calles, organizaron estrategias de lucha y se convirtieron en líderes de sus barrios. Cualquiera hubiera pensado que era la gestación de una nueva masa crítica femenina. Sin embargo, pasada la efervescencia social, esas mismas dirigentes volvieron a sus casas sin ver que su aporte las proyectara a un nuevo liderazgo.
«Una de las razones es la institucionalidad política machista y una falta de democratización en las organizaciones sociales. En un contexto en el que ya no median los conflictos, la actuación femenina tanto en las acciones colectivas como en el día a día, está limitada por el ciclo doméstico de las familias», opina el sociólogo.
Según su investigación, las dirigentes y las mujeres políticamente activas son minoría hoy en El Alto y se encuentran en los mercados (ferias callejeras), los únicos espacios públicos de dominio femenino.
Claro que no es así en todos los casos. «En el oriente boliviano (en departamentos como Santa Cruz, Pando y Beni), la mujer se muestra más empoderada», dice Pinto antes de lanzar un suspiro: «Pero tenemos mucho en que avanzar».