Luego de medio año empantanada en la discusión sobre la forma de votación de la nueva Carta Magna, la Asamblea Constituyente boliviana encendió finalmente los motores. Según el acuerdo recientemente logrado entre el oficialismo y la oposición, los artículos sin consenso de dos tercios serán remitidos a una comisión especial y si sigue el desacuerdo […]
Luego de medio año empantanada en la discusión sobre la forma de votación de la nueva Carta Magna, la Asamblea Constituyente boliviana encendió finalmente los motores. Según el acuerdo recientemente logrado entre el oficialismo y la oposición, los artículos sin consenso de dos tercios serán remitidos a una comisión especial y si sigue el desacuerdo a un referéndum popular. Repudiada por la oposición, el MAS aspira a incluir la reelección presidencial
En este marco, desde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales -que controla el 60% del cónclave- comienzan a dibujar su visión de país, cuyos contornos son la construcción de un Estado fuerte y el fin del «colonialismo» que excluyó a la mayoría indígena.
«El Estado será el primer vagón de la locomotora de la economía. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto la economía campesina y el sexto la economía indígena comunitaria. Este es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país», resumió el vicepresidente Alvaro García Linera. El copiloto de Evo Morales no se siente atraído por el concepto de socialismo del siglo XXI, «made in Caracas», y prefiere hablar de capitalismo andino, «diferente del desarrollismo de los años 50 en que no busca una sola vía de desarrollo y modernización, sino que reconoce la diversidad del país». El objetivo: un capitalismo productivo.
En lo político, esta propuesta se traduce en un «Estado plurinacional», que prevé no solamente las autonomías departamentales -reclamadas por el departamento de Santa Cruz- sino autonomías indígenas donde se respetará formas políticas y jurídicas propias. Allí se reconocerá la «Justicia comunitaria» que, dicen sus defensores, no incluye los linchamientos corrientes en Bolivia, sino que «promueve la conciliación entre las partes y la reparación de los daños por parte del in fractor». Y es cuestionada por sus detractores porque «no hay abogado defensor» y se castigan los delitos como el adulterio.
Ante los reclamos cruceños, en el gobierno dicen que no permitirán el «descuartizamiento de Bolivia» y que recursos naturales, tierra, política exterior, policía y FF.AA. «no se tocan» y seguirán formando parte de las atribuciones del poder central.
La multiculturalidad llega hasta la religión: si el oficialismo logra aprobar su iniciativa la Iglesia Católica ya no gozará de ningún privilegio. Un borrador de la propuesta del Poder Ejecutivo a los constituyentes, que circula en algunos medios, plantea que «el Estado plurinacional no tiene, profesa ni promueve religión alguna, y no reconoce carácter oficial a ninguna iglesia o institución religiosa nacional o extranjera». Para el constituyente del conservador «Podemos», José Antonio Arequipa, el MAS «quiere un Estado fundamentalista (quechua-aymara), ateo y totalitario». Desde el gobierno dicen que, a diferencia de 1825, esta vez la mayoría indígena será la invitada fundamental.