La mexicana Concepción Moreno acostumbraba, como sus vecinos, dar comida y en ocasiones albergue a inmigrantes centroamericanos. Por esto fue encarcelada hace dos años, pero su caso, como cientos de miles en este país, exuda irregularidades. Tras la detención de esta madre soltera de 48 años que vivía en una destartalada casa junto a las […]
La mexicana Concepción Moreno acostumbraba, como sus vecinos, dar comida y en ocasiones albergue a inmigrantes centroamericanos. Por esto fue encarcelada hace dos años, pero su caso, como cientos de miles en este país, exuda irregularidades.
Tras la detención de esta madre soltera de 48 años que vivía en una destartalada casa junto a las vías del ferrocarril y se ganaba la vida lavando y planchando ropa ajena, sus vecinos tienen miedo de ayudar a los centroamericanos que pasan por México en su camino a Estados Unidos.
Moreno es oriunda de Epigmenio González, un pueblo 200 kilómetros al noroeste de la capital de México. Allí, los amigos de la acusada juntaron unos 600 dólares para que un abogado gestionara su libertad, pero éste se esfumó con el dinero.
La máxima autoridad de la localidad, Ramón Quintanar, quien para sobrevivir debe ejercer además como conductor de autobuses, y el hijo de Moreno clamaron justicia en sendas entrevistas telefónicas con IPS.
Por Epigmenio González, al que se conoce también como pueblo de El Ahorcado, cruzan a diario ferrocarriles de carga procedentes del sur del país, donde se embarcan los inmigrantes.
En su viaje por México, estos extranjeros sufren toda clase de abusos, pero ocasionalmente reciben respaldo de grupos religiosos, no gubernamentales y de personas como las de El Ahorcado, de unos 15.000 habitantes, la mayoría agricultores, obreros fabriles y trabajadores de oficios mal pagos.
«Aquí lo tomábamos como natural ayudar a los centroamericanos. Doña Concha (Moreno) no era la única que los apoyaba, pero ahora la gente ya lo ve con temor», señaló Quintanar, subdelegado del poblado que pertenece al municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.
«Ella no era ‘pollera’ (traficante de personas), ni lo piense. Ella tiene su casa a la orilla de la vía (del ferrocarril) y lo que hacía es darles de comer, ayudar a los muchachos que seguían luego el camino. Le soy sincero, a veces les daba hospedaje y es que venían muy ‘amoladillos'» exhaustos y maltratados, añadió el subdelegado, cuyo sueldo equivale a unos 100 dólares al mes. Por pedido de la fiscalía, la policía detuvo a Moreno el 10 de marzo de 2005. Desde entonces enfrenta un proceso por «tráfico de personas», que en la legislación mexicana es el acto de ayudar a pasar personas de manera ilegal hacia terceros países, delito por el que podría recibir hasta seis años de cárcel.
«Lleva dos años detenida ya mi mamá. No tiene abogado (contratado), le acusan de ‘pollera’. La policía nada más llegó, vieron que afuera de nuestras casa había centroamericanos y tras amenazarla con armas se la llevaron», dijo Jorge Pérez, hijo de la acusada, quien trabaja como albañil.
«Hemos intentado moverle (sacarla de la cárcel), pero los recursos son los que escasean. Nos falta dinero y que nos escuchen las autoridades. Pero no nos responden y no sé qué pasará ahora, no entendemos bien a quién acudir y ni sé si algún abogado va ayudar», añadió Pérez, de 27 años.
Cuando un acusado no puede costear un abogado, el Estado nombra a uno que actúa de oficio. Pero ese defensor no ha aparecido, y ni la familia ni la autoridad entrevistada saben de su existencia. Son por su pobreza y aislamiento, presa fácil de las irregularidades de la justicia.
Cerca de la mitad de los 210.000 presos que hay en México no han sido sentenciados. De la otra mitad, 80 por ciento nunca conocieron al juez que dictó sus sentencias y 70 por ciento no tuvieron apoyo legal al momento de responder a la acusación fiscal, señala un estudio del Centro de Investigaciones y Docencia Económica.
Tener en México un «debido proceso» en la justicia penal es un lujo para pocos, señaló en enero la no gubernamental Asociación Mexicana para las Naciones Unidas al presentar una investigación al respecto.
«Como somos gente humilde nos ignoran, nos dejan al abandono. Ojalá alguien nos ayude ahora», dijo Quintanar.
El caso de Moreno llegó a inicios de este año a la estatal e independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, por gestión de la comisión homóloga de Querétaro. Aduciendo cuestiones de confidencialidad, autoridades de la entidad nacional indicaron a IPS que no podían dar a conocer el expediente ni las acciones a adoptar. El hijo de Moreno sostiene que su madre «sólo hacía lo que los demás de aquí en el rancho (El Ahorcado): ayudar a los centroamericanos».
«Si mi mamá fuera ‘pollera’ no viviría en la casa que tenemos. No, esto no es justo, así que por favor alguien tiene que venir y ayudarnos. Diga que ya estamos desesperados, igual que ella», solicitó.
La casa de Moreno es descrita por el subdelegado de El Ahorcado como una choza de una sola habitación flanqueada con pedazos de cartón, plásticos y madera.
«Ella es una buena persona, sólo ayudaba a los centroamericanos, pero sin cobrar nada», afirmó.
«No sabemos cómo ayudarla ahora», pues «no tenemos dinero para seguirle un pleito (proceso judicial). Es que aquí todos somos de escasos recursos», se lamentó el funcionario.