Según las auditorías, las reservas de gas fueron infladas artificialmente con fines bursátiles para la captación de más accionistas
La serie de 11 documentos a los que tuvo acceso Energy Press en la Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a las Auditorías Especiales realizadas a las empresas petroleras, dan cuenta de múltiples irregularidades cometidas por diez empresas petroleras y la transportadora de hidrocarburos Transredes en los últimos 10 años.
Las 10 operadoras, objeto de auditoría, son Petrobras Bolivia, Petrobras Energía, Vintage, Pluspetrol Bolivia, Total Exploración y Producción Bolivia, BG Bolivia, Repsol YPF, Chaco S.A., Andina S.A. A ellas se agrega la transportadora Transredes S.A. El resumen final, contenido en las conclusiones, dictamina que «absolutamente ninguna de las empresas capitalizadas auditadas cumplió con los compromisos de inversión acordados con el Estado boliviano desde el año 1996». «Las empresas Andina S.A. y Chaco S.A. son los ejemplos más destacados, aunque a esta última no se le auditó todos los campos», dice el documento. «Las inversiones se centraron, fundamentalmente, en el desarrollo de campos existentes, los cuales fueron descubiertos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) antes del proceso de capitalización. No así en trabajos exploratorios, tal como se había acordado en los Contratos de Riesgo Compartido (CRC) firmados con el Estado Boliviano», señala un acápite del informe en conclusiones. «En el caso de las operadoras Petrobras Bolivia, Petrobras Energía, Vintage, Pluspetrol Bolivia, Total Exploración y Producción Bolivia, BG Bolivia y Repsol YPF, realizaron inversiones con costos muy elevados que también son objeto de observaciones por estar contenidos en informes muy sesgados», explica el documento. Por un error procedimental no fueron auditadas aún las empresas Dong Won y Matpetrol, tarea que se espera desarrollar más adelante. Una de las observaciones más importantes en el resumen final es la que señala que «las reservas de gas fueron infladas artificialmente con fines bursátiles para la captación de un mayor número de accionistas en las bolsas de valores. El caso de Andina S.A., a través de Repsol YPF, es el mejor ejemplo». «Debe recordarse que el campo de inversiones abarca también a las reservas, puesto que a una reserva grande corresponde una inversión proporcional, cosa que no sucedió en los diez años precedentes», destaca el documento. Una de las fuentes consultadas por Energy Press, en la Unidad de Fiscalización, dijo que el artículo abordado por un semanario económico, en su edición del pasado 4 de marzo, acerca de la empresa Andina S.A., corresponde a un informe preliminar del pasado 10 de octubre de 2006, remitido por IFPC International Group y CAT. «Las cifras no son exactas y el contenido de ese informe ha sido objeto de varias modificaciones», apunto el funcionario. Con referencia a los Contratos de Riesgo Compartido (CRS), firmados entre el Estado boliviano y las empresas petroleras, se incluyó una cláusula reservada donde se establecía que cada año «ninguna empresa podría presentar baja en sus reservas, puesto que estas tendrían que ser iguales o superiores a las de la gestión pasada», destaca el informe. Con referencia a Transredes, el documento señala que se observa daños medio ambientales. Cita como ejemplo el derrame de Desaguadero, producto de la ruptura de un ducto. «YPFB había advertido a los ejecutivos de Transredes de que el ducto presentaba daños que, en un plazo inmediato podría ocasionar un derrame. Pese a ello, Transredes no tomó previsiones y aconteció el accidente». Otro de los temas abordados en el resumen se refiere a los cargos que ocupan funcionarios de YPFB en las empresas capitalizadas. El caso más elocuente se refiere al de Antonio Rolando Vidaurre de La Peña, quien actualmente es Gerente de Control de Exportación de YPFB y, a su vez, socio de Transredes con 2.301 acciones y síndico del directorio de la empresa. «Vale decir, que el hombre sobre cuya responsabilidad recaen los volúmenes de exportación de gas es juez y parte», cita el documento. El superintendente de Hidrocarburos, Hugo De la Fuente, quien antes de dejar el cargo anunció que esa entidad autorizó la construcción de la primera planta de petroquímica en el país, que estará ubicada en Santa Cruz, a las pocas semanas ingresó a la misma como un alto ejecutivo.
La planta petroquímica está ubicada en la carretera que conecta Warnes con la Bélgica, en el kilómetro 4.5. La propietaria de esa planta es la compañía de capital estadounidense Austin Powder Bolivia.
Buena fe del Estado
Para la firma de los 44 Contratos de Operación con 12 empresas petroleras, el pasado 29 de octubre de 2006, «los montos de inversión y amortización y depreciación han sido proporcionados por las petroleras y recibidos por el Gobierno de Bolivia de buena fe», anota el informe. «Sin embargo, las auditorías evidencian todo lo contrario, puesto que mucha información correspondiente al periodo que antecedió a la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos ha sido falseado y acomodado a los intereses de las empresas petroleras y la transportadora Transredes, principalmente por la carencia de una fiscalización adecuada», sostiene el documento.
Exportación«Bolivia ha exportado GLP a Brasil por un monto equivalente a 100 millones de dólares; sin embargo, este no ha sido facturado debido a que estaba contenido en los volúmenes de gas transportados a Brasil.
Se ha evidenciado que Análisis Cromatográficos para determinar la composición del gas exportado al Brasil daban como resultado un poder calorífico de hasta 1112 o 1120 BTUs, cuando lo establecido en el Contrato GSA establece un tope de 1034 BTUs. Esta irregularidad, puesta en conocimiento del señor ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas, dio pie para que ahora Brasil pague por los licuables contenidos en el gas adquirido a Bolivia», revela el informe.
Si bien las auditorías están concluidas, se espera que las mismas lleguen a las principales autoridades del país en los próximos 15 días, señaló la fuente consultada por Energy Press en la Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control.