Un tribunal popular de moral pública, integrado por intelectuales, abogados y otros personajes, encontró culpable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el conflicto político y social vigente en la entidad, por lo que le exigió su renuncia al cargo y la liberación inmediata de todos los «presos […]
Un tribunal popular de moral pública, integrado por intelectuales, abogados y otros personajes, encontró culpable al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por la comisión de delitos de lesa humanidad durante el conflicto político y social vigente en la entidad, por lo que le exigió su renuncia al cargo y la liberación inmediata de todos los «presos políticos», así como la presentación con vida de los desaparecidos. Además, lo declaró persona non grata, «lo que quiere decir que es un indeseable donde quiera que se presente».
Aparte, instó a las personas, organizaciones y partidos que se identifiquen como progresistas a promover un juicio político contra «el tirano», para lograr su destitución del cargo y su enjuiciamiento penal e inhabilitación de por vida para desempeñar algún cargo público o una función relacionada con la docencia o la investigación.
«Los testimonios de las atrocidades ordenadas por Ulises Ruiz Ortiz caracterizan un gobierno de ignominia y barbarie inaudita», afirmó José Sotelo Marbán, abogado y ex coordinador de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de la República, al dar lectura al veredicto del tribunal popular de moral pública.
Además de Sotelo Marbán, el jurado estuvo formado por Miguel Concha Malo, Pablo Franco Hernández, Guillermo García Romero, Gilberto López y Rivas, Eduardo Miranda Esquivel, Carlos Payán Velver, Elena Poniatowska, Ernesto Sánchez Aguilar y Fausto Trejo, entre otros.
El fallo se dio durante la clausura del tercer Foro Nacional e Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, convocado por las asambleas Popular de los Pueblos de Oaxaca y Popular de los Pueblos de México.
En su sentencia, el tribunal popular dijo que se constituyó ante la falta de un medio legal efectivo para llevar a juicio a Ruiz Ortiz y a otros funcionarios públicos, federales y estatales, y por «el peso moral del aval de la sociedad» para impartir justicia, con fundamento en el artículo 39 de la Constitución, que deposita la soberanía primordial en el pueblo de México.
Sotelo Marbán dijo que los jueces del tribunal popular recibieron pruebas de forma directa e inmediata acerca de la responsabilidad de Ruiz Ortiz para comprobar que gobierna para su propio interés y el de un reducido grupo económico y político, «y no para beneficio del conjunto del pueblo».
Por el contrario, la mayoría de los oaxaqueños «demanda su renuncia o destitución, por considerarlo responsable de graves delitos, incluyendo la ejecución extrajudicial de personas, la desaparición, el encarcelamiento y la tortura de decenas de inocentes, la persecución y la amenaza de represión sobre quienes se oponen a sus acciones ilegales y antidemocráticas, y el sostenimiento de un aparato de represión que anula las libertades esenciales de la población».
Independientemente de que se le acusa de «perversión de la justicia, de cometer los delitos y crímenes por medio de sicarios, de los que acusa a sus opositores y por los que los ha privado de la vida o de la libertad sin respetar el debido proceso, incurriendo en crímenes adicionales de uso excesivo e innecesario de la fuerza, tortura continua, saña en contra de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violación sistemática de las garantías fundamentales».
Subrayó que «se presentaron pruebas contundentes de los agravios infligidos por Ruiz Ortiz, con la complicidad de sus colaboradores, de diputados, de jueces y de las llamadas fuerzas del orden, contra ciudadanas y ciudadanos que no cometieron ningún ilícito.
«Se documentó sobradamente que se han dado detenciones sin orden de autoridad judicial, que constituyen verdaderos secuestros; se les ha aplicado tortura sicológica y física con el consecuente daño en su integridad personal; se ha perseguido a los familiares de opositores políticos y se intenta someter a los gobernados por medio del terror ejercido desde el Estado».
Destacó que Ruiz Ortiz ha perpetrado delitos «desde el poder», aprovechando cuerpos policiacos, jueces, celadores y recursos económicos «que le permiten comprar a la prensa que está al mejor postor, e intelectuales y escritores cuya pluma se cotiza en el mercado».
Además, «ha contado con la protección del ex presidente Vicente Fox y ahora la de Felipe Calderón, quienes han militarizado el estado e intervenido represivamente con la Policía Federal Preventiva».
Resaltó que a las víctimas se les reprime por defender derechos de la población y por ejercitar atribuciones constitucionales. La resistencia civil que presenta el pueblo oaxaqueño «es ejemplo de cómo se puede y se debe defender las convicciones».
El tribunal popular de moral pública, además de declarar culpable a Ruiz Ortiz e instar a la realización de un juicio político, facultó «éticamente» al pueblo de Oaxaca «para que continúe en su lucha de liberación de esta tiranía por los medios jurídicos que considere convenientes».
También requirió al pueblo de México para que cree una comisión de la verdad a fin de investigar los hechos de la guerra sucia del pasado y del presente, y a los servidores públicos y representantes populares, a promover de inmediato una ley de amnistía general que proteja e incluya a todos los presos de conciencia.
En el foro participaron ciudadanos y miembros de la sociedad civil de diferentes estados del país, así como de España, Italia, Canadá y Estados Unidos.