El tres de mayo encuentra a muchos periodistas bolivianos en medio de un fuego cruzado. Por un lado, como decía el periodista Juan Pujol a inicios del siglo XX: «La libertad de opinión de los periodistas es completamente ilusoria. Tienen que decir lo que a las empresas conviene o presentar la dimisión». Por otro lado, […]
El tres de mayo encuentra a muchos periodistas bolivianos en medio de un fuego cruzado. Por un lado, como decía el periodista Juan Pujol a inicios del siglo XX: «La libertad de opinión de los periodistas es completamente ilusoria. Tienen que decir lo que a las empresas conviene o presentar la dimisión». Por otro lado, estos profetas de la verdad soportan la fulminante agresividad de algunos sectores de los movimientos sociales, quienes cansados de la manipulación informativa que realizan algunas empresas de «comunicación» masiva, descargan su bronca contra los periodistas dependientes de dichas empresas.
En los desencuentros sangrientos del enero último, en la ciudad de Cochabamba, un periodista, al ser identificado como trabajador de UNITEL (empresa televisiva del banquero y terrateniente Osvaldo «Pato» Monasterio) e interpelado por la ciudadanía enardecida, decía: «Nosotros sólo captamos las imágenes y llevamos los reportes a la sala de prensa». Al día siguiente del sangriento 11 de enero, un ejército de ciudadanos organizados y armados con palos y piedras avanzaba hacia la estación central de UNITEL y apedreaba la vistosa fachada de dicha empresa.
Nunca antes se había visto una reacción tan violenta por parte de la ciudadanía en contra de un medio de «comunicación». No por lo menos en Bolivia. Por lo regular las agresiones contra los medios de información provienen del Estado. Ahora es ya casi una práctica común que la policía sindical restrinja el ingreso de periodistas de algunos medios de información a los ampliados y a los congresos de los movimientos sociales e indígenas.
Estas reacciones espontáneas deben de interpelar a los periodistas, a los directores de noticias y a los dueños de las empresas de «comunicación».
El periodismo es una vocación social que implica una responsabilidad pública. Encuentra su fundamento último en el ejercicio del derecho fundamental a la información que tiene todo ciudadano. Así está estipulado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de prensa no es una muletilla más para que los opinadores o empresarios, amenazados en sus intereses económicos e ideológicos, desinformen o adoctrinen a la ciudadanía.
La libertad de prensa consiste en la potestad ciudadana de exigir información completa sobre asuntos socialmente importantes. Implica una investigación profunda y la difusión completa y veraz sobre lo investigado por los periodistas (Desantes, 1998: 81)
La libertad de prensa sólo es reconciliable con la libertad de empresa si acaso la empresa comunicacional se sujeta al derecho de la información completa y transparente que tiene la ciudadanía.
La desconfianza ciudadana traducida en reacciones violentas contra algunas empresas de «información» no es más que una respuesta al velado sensacionalismo y oposición cerrada (que han asumido algunos empresarios de la prensa) a los procesos de cambio que vive el país. La gran mayoría de las empresas de información masiva, hoy, se han convertido en un reducto de resistencia política y cultural a la nueva configuración sociopolítica del país. Basta saber quiénes son los dueños, los analistas y los comentaristas de noticias en algunas empresas de alcance nacional. UNITEL, propiedad de Osvaldo Monasterio, latifundista de Santa Cruz. PAT y su comentarista principal Roberto Barbery, cuya familia acapara cerca de 280 mil hectáreas de tierras en el Oriente Boliviano. BOLIVISIÓN, cuyo accionistas principal es Tito Asbún, hoy, prófugo de la justicia boliviana. RED UNO, propiedad del derrotado candidato a la vicepresidencia por diferentes partidos de la derecha, Ivo Mateo Kuljis. Así la lista sigue y suma en el intento del adoctrinamiento mediático que no gusta a la ciudadanía alfabetizada.
La libertad de prensa es el mejor termómetro para medir el grado de la democracia política en los países. El año 2006 Bolivia ocupó, según Reporteros Sin Fronteras, el puesto 16 de cerca de 200 países en la evaluación de la libertad de prensa. Bolivia compartía este puesto con Canadá y Austria. Estaba por encima de EEUU, «adalid» de la democracia, que se encontraba en el puesto 53. La libertad de expresión y de prensa en Bolivia raya en algunos casos en el libertinaje. Sólo aquí se permite insultar al Presidente, desde los canales de la televisión, con calificativos de: Burro, ignorante, resentido, rabioso.
Todavía recuerdo cómo el Presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, el pasado año, sugería colocarle un bozal al Presidente de la República.
Estos excesos obligan a los periodistas, a los empresarios y a la ciudadanía en general a reflexionar y a redefinir el rol de la prensa en los procesos que vive el país. En aras de profundizar la libertad de prensa, es necesario que ésta sea más horizontal y menos vertical, más pluridireccional y menos unidireccional, más interpeladora y menos pasiva, más liberadora y menos opresora, más democrática y menos dictatorial. Es bastante difícil que la prensa empresarial se sujete al bien común y renuncie al poder, pero no es imposible que los profetas de la Palabra asuman la mística de la disidencia frente al poder, y profesen el respeto absoluto a la verdad y a la dignidad de la persona humana.