A un año de la entrada de las fuerzas represivas al poblado de San Salvador Atenco, cuando el 4 de mayo de 2006 mataron a dos jóvenes, encarcelaron a decenas y violaron y vejaron a las compañeras que ahora están detenidas, aún hay muchas preguntas sin respuesta. El pasado catorce de abril las puertas del […]
A un año de la entrada de las fuerzas represivas al poblado de San Salvador Atenco, cuando el 4 de mayo de 2006 mataron a dos jóvenes, encarcelaron a decenas y violaron y vejaron a las compañeras que ahora están detenidas, aún hay muchas preguntas sin respuesta.
El pasado catorce de abril las puertas del penal de Santiaguito se abrieron para María Luisa López, después de que se las autoridades concluyeran, luego de haber revisado un recurso de amparo interpuesto por la defensa, que no había pruebas suficientes para mantenerla secuestrada, no sin antes pagar una fianza que ascendió a más de catorce mil pesos, suma cubierta por las aportaciones de distintas organizaciones sociales nacionales e internacionales.
Del mismo modo, Norma Aidée Jiménez fue recibida a las afueras del penal el pasado 16 de abril. Ambas compañeras fueron detenidas, golpeadas y maltratadas en el operativo preparado por las autoridades municipales (PRD), estatales (PRI) y federales (PAN). Una vez liberadas, las compañeras fueron recibidas por la gente que se encuentra en plantón permanente fuera del penal, así como por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Las irregularidades en los procesos judiciales de los veinticinco compañeros y compañeras que aún se encuentran presos en el penal de Santiaguito y tres en el penal del Altiplano (antes la Palma) continúan.
Hoy, a casi un año de su ilegal detención todavía no han sido procesados, no se les ha dictado sentencia alguna, no se han encontrado pruebas que sustenten los delitos por los que son acusados, ninguno de ellos ha sido señalado de manera particular por los supuestos testigos (menos de 10 policías de los más de dos mil que participaron en la incursión). En este sentido, las autoridades están obligadas a resolver la situación jurídica de todas y todos antes de que se cumpla un año de los acontecimientos, situación que parece poco probable que suceda.
La Defensa aún se encuentra a la espera de la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre si hubo o no violación a los derechos humanos, teniendo como antecedentes la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las pruebas presentadas por los abogados de los detenidos.
Lo que sigue será insistir para que sea concedido el traslado de los detenidos en Santiaguito al penal de Texcoco, que se les dicte sentencia, se revisen los amparos y conseguir su liberación.
Mientras tanto, organizaciones sociales nacionales e internacionales continuaremos con la denuncia de las irregularidades en el seguimiento y resolución de los casos de nuestros 28 compañeros, exigiendo su liberación.
¡Presos políticos libertad!
¡Atenco vive… la lucha sigue!