El mandatario boliviano, Evo Morales, pidió este martes al Congreso abrir un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que cesaron a cuatro ministros interinos de la Corte Suprema designados por decreto presidencial. La propuesta acusatoria fue entregada en una ceremonia pública en la casa de gobierno al presidente del Congreso, el […]
La propuesta acusatoria fue entregada en una ceremonia pública en la casa de gobierno al presidente del Congreso, el vicepresidente Alvaro García Linera, que debe remitirla a la Cámara de Diputados -donde el oficialismo es mayoría-, para la apertura del proceso.
Morales cuestiona a los magistrados Elizabeth Iñiguez (presidenta), Martha Rojas (decana), Artemio Arias y Walter Raña por dejar la semana pasada cesantes a los cuatro ministros de la Corte Suprema tras cumplir 89 días de interinato, algo que en el pasado y en otros casos no generó ningún problema.
«Hacemos la denuncia ante el Congreso, para que mediante la Cámara de Diputados se lleve a cabo un juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional», declaró el presidente, quien dijo esperar un proceso para los magistrados.
Los cuatro magistrados -sobre cinco miembros del TC- declararon el 9 de mayo pasado que los jueces de la Corte Suprema: Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal Callapa, Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando, cumplieron el tiempo máximo de interinato, tras ser elegidos por el presidente Morales en diciembre pasado.
En su fallo los jueces del TC pidieron que el Parlamento bicamaral elija a los magistrados según procedimiento constitucional: por dos tercios de voto de sus miembros (105 de 157), lo que obliga al oficialismo a concertar los nombres con la oposición.
«Este fallo del Tribunal Constitucional, suspendiendo a cuatro ministros, está perjudicando la lucha contra la corrupción y el juicio (al ex presidente liberal Gonzalo) Sánchez de Lozada», afirmó Morales, en referencia al proceso contra el ex mandatario por la muerte de 64 personas en la convulsión social de octubre de 2003 que precipitó su renuncia.
Morales, en su argumentación contra el TC -máxima instancia que debe velar el cumplimiento de la Carta Magna-, dijo no entender que «los doctores de ley operen contra el pueblo, defiendan a los corruptos, a los criminales y a los narcotraficantes», aunque no mencionó a qué casos se refería.
En el TC no se emitió ninguna reacción, aunque los magistrados demandados -según la oficina de prensa- podrían emitir una declaración en las próximas horas.