Se puede definir de varias formas la decisión del gobierno de cancelar la concesión otorgada a la empresa Metropolitano de la explotación de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, después de la rebelión de los usuarios del 15 de mayo. La definición que seguro no le corresponde es la más repetida por los medios y […]
Se puede definir de varias formas la decisión del gobierno de cancelar la concesión otorgada a la empresa Metropolitano de la explotación de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, después de la rebelión de los usuarios del 15 de mayo. La definición que seguro no le corresponde es la más repetida por los medios y por los voceros del propio gobierno: la de «reestatización». Es, en cambio, un nuevo episodio de una política kirchnerista de reprivatización disfrazada bajo la retórica del Estado atento, de la revancha contra el neoliberalismo de los ´90, una política que involucra a prácticamente todas las medidas específicas adoptadas por el gobierno respecto de las empresas privatizadas.
No es noticia ya el hecho de que el gobierno entregó los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur al consorcio denominado Unidad de Gestión Operativa de Emergencia Ferroviaria (UGOFE SA), el mismo que fue favorecido con la concesión del ferrocarril San Martín, otra concesión retirada a Metropolitano después de la batalla de los usuarios en la estación de Haedo. El consorcio «de emergencia» está conformado por las nada estatales empresas Metrovías, controlada por el grupo Roggio; TBA, con el grupo Plaza como socio mayoritario; y Ferrovías, del grupo Emepa. La gestión de UGOFE del ferrocarril San Martín acaba de merecer un durísimo informe de la Auditoría General de la Nación, por mal servicio, por incumplimiento de obligaciones y por mal uso de los subsidios públicos. Porque, eso sí, el financiamiento del servicio de las líneas de ferrocarriles concesionados sigue siendo tan «estatizado» -en realidad tan socializado, porque se trata de fondos aportados por todos- como antes de las privatizaciones de los ´90, y cuesta un promedio de 100 millones pesos por mes.
Antes, en 2003, el gobierno de Kirchner había creado una empresa «estatal» de aviación, Líneas Aéreas Federales, tras la quiebra de LAPA y Dinar. Pero LAF nunca operó: el negocio aéreo sigue en manos de los españoles de Aerolíneas Argentinas y del grupo multinacional LAN.
Para esa época también se creó ENARSA, la empresa estatal con la que, se decía, los argentinos íbamos a recuperar el control de la renta petrolera cedida ignominiosamente con la privatización de YPF, esa que en su época fue apoyada de manera entusiasta por Kirchner y defendida como proyecto de ley en Diputados por su secretario general de la Presidencia, el neuquino Oscar Parrilli. Hasta ahora, ENARSA sólo sirvió como oficina de adjudicación de concesiones de áreas petroleras en el mar continental a las grandes empresas del ramo. También en el rubro petrolero, y en complicidad con las gobernaciones provinciales correspondientes, el Estado avaló leoninas y anticipadas renovaciones de contratos por varios lustros de los yacimientos más ricos a favor de grandes grupos, como acaba de suceder en Chubut con las multinacionales Pan American Energy y Repsol, y con la también multinacional -aunque oficia de ejemplo de «burguesía nacional»- Tecpetrol, del grupo Techint.
Ahora, Kirchner se apresta a transformar al Estado en socio minoritario de la empresa Aeropuertos 2000, del grupo Eurnekian, concesionaria de los principales aeropuertos del país incluido el de Ezeiza. A cambio, Eurnekian se verá compensado con el perdón de la deuda de 849 millones de pesos que mantiene con el Estado en concepto de canon impagos. Esto es: el Estado volverá a funcionar como salvador de los negocios de un gran grupo económico privado.
Sólo dos de las estatizaciones forzadas que asumió el gobierno tienen carácter de tales, y porque ningún grupo privado quiso hacerse cargo: la del Correo Argentino y la de aguas y servicios sanitarios, AySA.
No hay ruptura con los ´90 en la política de Kirchner para los servicios públicos. A lo sumo, hay rotación de grupos económicos favorecidos.