Atribuir a grupos armados las explosiones en gasoductos de Petróleos mexicanos (Pemex), sin tener como base una investigación seria y objetiva, es sumamente arriesgado, afirmaron especialistas en seguridad nacional y organismos sociales y de derechos humanos, que mostraron incredulidad ante las versiones oficiales que señalan al Ejército Popular Revolucionario (EPR) como responsable de los atentados […]
Atribuir a grupos armados las explosiones en gasoductos de Petróleos mexicanos (Pemex), sin tener como base una investigación seria y objetiva, es sumamente arriesgado, afirmaron especialistas en seguridad nacional y organismos sociales y de derechos humanos, que mostraron incredulidad ante las versiones oficiales que señalan al Ejército Popular Revolucionario (EPR) como responsable de los atentados contra instalaciones petroleras.
El PAN respaldó al presidente Felipe Calderón en su llamado ‘para que todos los mexicanos de buena voluntad rechacen categóricamente la violencia’, y la Iglesia católica condenó, en nombre de todos los fieles del país, lo que denominó ‘acciones criminales’, pues el fin del hombre es la paz. ‘La justicia no puede ser establecida por la vía del terror, la explosión y del daño a terceros’, dijo el Episcopado Mexicano.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay situación de alerta en la ciudad, pero que a partir de las medidas adoptadas por el gobierno federal se aplicó la norma prestablecida que refuerza la seguridad en instalaciones estratégicas, como el Metro y los sistemas de comunicaciones y de distribución de gas. En entrevista, dijo que no está en posición de desestimar ni dar por confirmada la información sobre los presuntos ataques eperristas, pero se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, subrayó que el Estado mexicano está obligado a esclarecer totalmente las causas de las explosiones. Dijo que ante dos explicaciones extremas, como que efectivamente el EPR sea autor de actos de sabotaje o que las explosiones sean resultado del abandono en la infraestructura de Pemex, se perfilan tres escenarios: primero, que la acción de un grupo guerrillero dé la excusa de mano dura e incluso se pretenda criminalizar a los movimientos sociales; segundo, que se trate de una cortina de humo para dejar de lado los ‘cuentos chinos’, y tercero, que se pretenda argumentar que es mejor entregar la paraestatal a la iniciativa privada ante la falta de recursos para darle mantenimiento mínimo.
Piñeyro señaló que sólo después de una investigación ‘exhaustiva y con criterios objetivos’ se podrá constatar si efectivamente el EPR realizó acciones de sabotaje, a pesar de ‘aparentes contrasentidos, como el que realizara los ataques en estados donde no tiene influencia ni base de apoyo social. Además de que este grupo guerrillero siempre ha sostenido posiciones nacionalistas y Pemex es una empresa estatal y, por tanto, de todos los mexicanos, por lo que atacar sus instalaciones tiene un efecto en el sector industrial y en los trabajadores’.
Carlos Rodríguez Arechavaleta, investigador de la Universidad Iberoamericana y especialista en movimientos guerrilleros, aseguró que de ‘constatarse’ la participación del EPR sería un ‘error del Estado mexicano limitarlo a un problema de seguridad, cuando es evidente que tiene causas más profundas, como la pobreza y la marginación’. Insistió en que es necesario ‘esclarecer de manera objetiva y transparente los hechos, y no vincularlos simplemente con las acciones de un grupo guerrillero’.
Organismos de derechos humanos señalaron que estas acciones violentas son consecuencia ‘natural’ de una demanda social no atendida. Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín Pro, dijo que aún no existen elementos suficientes para asegurar que el EPR haya sido responsable de las explosiones, y Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, calificó de preocupante la persistencia de las desapariciones forzadas, como las que reclaman los eperristas.
Ambos señalaron que las afectaciones a los gasoductos evidencian la vulnerabilidad del Estado mexicano y su incapacidad para resguardar instalaciones estratégicas. También llamaron la atención sobre el riesgo de que atentados de este tipo sirvan de pretexto al gobierno para criminalizar la protesta social.
El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, afirmó que de confirmarse la autoría del EPR en las explosiones debe interpretarse como ‘una señal de alarma’ para el sistema político. ‘Hay que decir claramente que la violencia no ayuda a fortalecer la democracia y estos actos de sabotaje son reprobables y repudiables. Puedo estar claro que (de fondo) hay un contexto social y que por ello también se tendrá que revisar, desde la reforma del Estado, esta situación’.