Dos desaparecidos, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) han conseguido lo prácticamente imposible: unir a los movimientos armados que actúan en el territorio nacional, que desde el 25 de mayo demandan que sean presentados vivos. Otro motivo de unión de las guerrillas es el asedio del que son víctimas los hermanos Cerezo Contreras que, nos […]
Dos desaparecidos, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) han conseguido lo prácticamente imposible: unir a los movimientos armados que actúan en el territorio nacional, que desde el 25 de mayo demandan que sean presentados vivos.
Otro motivo de unión de las guerrillas es el asedio del que son víctimas los hermanos Cerezo Contreras que, nos recuerda Jorge Lofredo, cofundador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados ( cedema.org) permanecen «detenidos desde agosto de 2001, acusados de terrorismo luego de los petardos en las sucursales de Banamex en el DF, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (desprendimiento del EPR).»
En su más reciente Posdata, Lofredo se pregunta, ante estos hechos, si estamos presenciando «¿un combate abierto (para la relegitimación de la administración federal) al narco» y por otra lado, uno «clandestino (o de ‘baja intensidad’, según los guerrilleros) a organizaciones políticas?»
Apunta, asimismo que «la actual administración federal no ha tomado la iniciativa política con la implementación de los operativos conjuntos pero si parece haber volcado en ellos una necesidad de legitimarse, que ha sido y sigue siendo puesta en tela de juicio desde su asunción en el primer cargo del país… Debido a que éstos (los operativos) procuran alcanzar ámbitos clandestinos (delincuencia, narco) no hay razón para que desentienda de esta lista a las organizaciones políticas insurgentes (guerrilla)…»
Contrario sensu, no se actúa contra los paramilitares que, por su parte, afectan también a distintas organizaciones (sociales, populares, políticas, Derechos Humanos) no clandestinas ni tampoco ilegales.
«Este factor se ha dado en llamar ‘criminalización de la protesta social’, que no es más que entender el fenómeno político y social reivindicativo en clave delincuencial, y que, por tanto, no encontrará una resolución política dentro de las instituciones sino que serán tratadas en ámbitos judiciales.»
Señala que el caso de los hermanos Cerezo -cuya defensora, Digna Ochoa, falleció en condiciones no aclaradas–«es paradigmático», pues pese a que hay coincidencia de que no son responsables de lo que se les imputa, permanecen encarcelados sólo por ser hijos de presuntos dirigentes del EPR. Son, de acuerdo a las convenciones internacionales signadas por el gobierno mexicano, «rehenes del Estado» o «presos por consigna».
Peor aún: A estos hermanos, recién les han llegado correos electrónicos amenazantes, que de acuerdo al investigador del Cedema, tendrían como objetivo provocar al EPR, del cual son militantes los desaparecidos Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
¿Qué perseguiría la administración calderonista con ello?
Pues, concluye Lofredo, «desprestigiar al enemigo para ganar la legitimidad necesaria y además que la sociedad vea en esas organizaciones (sociales, políticas y de Derechos Humanos) a los componentes de ese enemigo»