Correos electrónicos, mensajes de texto y noticias corrieron la voz: el gobierno chileno había firmado uno de los acuerdos más amplios que se conozcan hasta ahora con Microsoft Corporation, incluyendo aspectos de educación, manejo de datos personales, apoyo a los gobiernos locales (municipios) y al sector de microempresarios. No es extraño que la empresa establezca […]
Correos electrónicos, mensajes de texto y noticias corrieron la voz: el gobierno chileno había firmado uno de los acuerdos más amplios que se conozcan hasta ahora con Microsoft Corporation, incluyendo aspectos de educación, manejo de datos personales, apoyo a los gobiernos locales (municipios) y al sector de microempresarios.
No es extraño que la empresa establezca este tipo de acuerdos con los gobiernos. El punto crítico estaba en que sin previa licitación, se facilitaba que la mayor empresa informática del mundo posicionara sus aplicaciones y servicios en la implementación de una buena parte de las acciones que debían ser parte de la estrategia de desarrollo digital de la presidenta Michelle Bachelet. Lo que en Chile se ha denominado Agenda Digital 2.0 (2007-2010), continuación de la primera que se implementó bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
Los once puntos de la discordia
El «Acuerdo Marco de Colaboración entre Gobierno de Chile y MS Corporation», firmado por el actual Ministro de Economía, cartera de la que depende la nueva política de tecnologías de la información y comunicación, es un contrato legal que establece la «colaboración voluntaria» en once puntos que incluyen:
– Capacitación y certificación digital para jóvenes desempleados entre 18 y 35 años, para el manejo de las aplicaciones básicas de la suite Office.
– La creación de un domicilio digital: a través de la plataforma Live (que incluye cuentas de e-mail), recopilando la información personal de los casi 16 millones de chilenos y chilenas.
– Apoyo para la creación e implementación de portales municipales para todo el país
– Un inversión de aproximadamente USD 1,600,000 para capacitar a estudiantes y profesores en el uso de productos de su línea de aplicaciones en la suite Office.
– Capacitación y facilidades de acceso para el sector de pequeñas y medianas empresas en el uso de aplicaciones para la productividad de pequeños y medianos empresarios.
Se puede revisar el acuerdo completo en el blog http://eldiabloenlosdetalles.net/acuerdo-marco-de-colaboracion-microsoft-gobierno-de-chile
Varias preguntas que quedaban en el aire: ¿era esto un golpe de estado digital?, ¿se iba a «entregar» la información privada de millones de ciudadanos a una empresa privada?,
Molestia ciudadana en la red y en red
A pocas horas de hacerse público el documento, firmado en mayo de este año pero que no se dio a conocer a la opinión pública, ya se había articulado uno de los mayores movimientos ciudadanos internautas en contra del acuerdo: el Movimiento de Liberación Digital, bajo el lema «Por un Chile acierto e independiente en tecnología».
Como nos explicó uno de los voceros de turno, Juan Olguín, «somos un espacio y una plataforma de acción donde comenzaron a actuar e interactuar cientos de ciudadan@s chilen@s, desde profesionales, estudiantes y personas comunes y corrientes que se interesan en este tema y que ha tenido la capacidad para autoorganizarse descentralizadamente, funcionando a través de varios grupos de trabajo y tomando decisiones a través de una Asamblea».
En una semana intensa, la agrupación de manera colaborativa desarrolló una carta que fue entregada la última semana de julio a la presidenta Bachelet. También un grupo de representantes tuvo la oportunidad de exponer su posición ante la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en la primera semana de agosto.
Las principales críticas apuntan a:
– La poca transparencia, al no haberse realizado una licitación pública, dejando paso a una actitud parcial que induce al uso de cierto tipo de aplicaciones, que atenta a la libre competencia, libre comercio y desarrollo de la industria nacional de software.
– La no claridad sobre cuánto será la inversión que deberá realizar el estado chileno una vez que caduquen las licencias donadas.
– La poca falta de visión sobre las tendencias tecnológicas mundiales, que se demuestra en casos como Brasil, Venezuela, Finlandia, Alemania o Francia en que se apuesta, en base a software libre, al desarrollo de soluciones y plataformas digitales propias.
Desde Educalibre, comunidad educativa que fomenta el uso del software libre, Werner Westerman agrega otros elementos: «El acuerdo busca establecer la certificación conocida como ICDL (Licencia Internacional para Conducir Computadores) como un gran aporte en la capacitación digital de jóvenes desempleados. Microsoft Chile junto con la Fundación Chile, entidad público – privada que trabaja en la promoción de la innovación y desarrollo tecnológico, monopolizan este ámbito de certificación (ver www.icdl.cl), que aplica sólo a los programas informáticos Windows. Existen otros sistemas de certificación de competencias digitales en el mundo que integran de manera efectiva lo que son las competencias en materia digital y no sólo la habilidad para usar un procesador de texto».
Las posiciones oficiales: ministerio de economía y Microsoft Chile
Tanto la empresa como la única comunicación entregada hasta ahora por el Ministerio de Economía, han bajado el perfil a la polémica.
El comunicado oficial del ministerio señala que el acuerdo, «no incluye la entrega de datos de los ciudadanos a una empresa privada», aclara que «la empresa se compromete a entregar el código fuente a los municipios, para que puedan desarrollar portales que les permitan relacionarse con la comunidad y una serie de aplicaciones para modernizar tecnológicamente a los gobiernos comunales».
En cuanto al aspecto más criticado sobre la creación de un Domicilio Digital, se explica que «no habrá entrega alguna de datos» y «que estos permanecerán bajo el resguardo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Finalmente, el comunicado reitera que «esto no altera la política de neutralidad tecnológica sostenida por el Gobierno.»
Por su parte, Microsoft Chile también ha defendido su parte señalando que se trata de de «una declaración de intenciones». Su vocero en Chile ha explicado varias veces que el Gobierno no está obligado y las personas tampoco a usar los servicios de la compañía si no quieren y ha señalado que «el Gobierno no desembolsa dinero» con este acuerdo.
Una noticia en desarrollo
El debate seguirá en desarrollo en las próximas semanas en la blogósfera y en otros espacios de articulación ciudadana, aportando nuevos elementos informativos sobre el acuerdo y sus implicancias.