El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró «ilegal» la posesión de 12 mil hectáreas del predio Yasminka, propiedad de la familia del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, y en consecuencia, «corresponde el desalojo de esa propiedad» para su posterior distribución entre los miembros del pueblo guarayo, señaló el director Nacional […]
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró «ilegal» la posesión de 12 mil hectáreas del predio Yasminka, propiedad de la familia del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, y en consecuencia, «corresponde el desalojo de esa propiedad» para su posterior distribución entre los miembros del pueblo guarayo, señaló el director Nacional de Tierras, Kliver Rocha.
El funcionario boliviano indicó que gran parte de las hectáreas de los predios Yasminka y Laguna Corazón, propiedad de la familia Marinkovic, ubicadas en el departamento de Santa Cruz, retornarán a poder del Estado.
Este caso es «el comienzo» de las acciones que desarrollará el gobierno de Evo Morales «para recuperar los predios obtenidos ilegalmente, como también aquellos que no cumplen una función económico-social», señaló el funcionario a la estatal Agencia Boliviana de Información.
«Tenemos la obligación de restituir la legalidad agraria. Si existen actos irregulares corresponde anular esos actos, y eso se va a hacer, se va anular y se va a establecer el derecho propietario de acuerdo a como corresponda», aseguró Rocha.
Desde noviembre de 2006 el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, había denunciado que 34 familias controlan un millón 800 mil hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, y difundió una lista con los nombres de los principales latifundistas.
En junio de este año, Almaraz, denunció que la familia Marinkovic se apropió ilegalmente de 26 mil 951 hectáreas situadas en Santa Cruz y pertenecientes a la Tierra Comunitaria de Origen del pueblo guarayo.
El funcionario aseveró que los Marinkovic, entre ellos el propio Branco, se adueñaron «de manera dolosa, fraudulenta y delictiva» de los dos predios, presuntamente violando disposiciones legales con el apoyo de funcionarios del INRA y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que el gobierno interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para sancionar penalmente a las personas que incurrieron en actos delictivos para apropiarse de tierras.
Branco Marinkovic, por su parte, aseveró que es víctima de una «persecución política» por parte del gobierno y acusó a su vez a Almaraz de difamación, calumnias e injurias, por lo que el funcionario compareció ante un juez en Santa Cruz, que le impuso el pasado 6 de septiembre la obligación de acudir al juzgado cada 15 días en tanto se desarrolla el proceso respectivo.