Un nuevo decreto del presidente boliviano, Evo Morales, que recorta a las prefecturas (gubernaturas) 57.13 por ciento de los ingresos que reciben por impuestos del gas y se los transfiere a los municipios, provocó renovadas reacciones adversas de la mayoría de los prefectos y comités cívicos regionales. Con esta medida, con la que casi se […]
Un nuevo decreto del presidente boliviano, Evo Morales, que recorta a las prefecturas (gubernaturas) 57.13 por ciento de los ingresos que reciben por impuestos del gas y se los transfiere a los municipios, provocó renovadas reacciones adversas de la mayoría de los prefectos y comités cívicos regionales.
Con esta medida, con la que casi se duplican los ingresos de los municipios, «se profundiza la descentralización», afirmó el viceministro del ramo, Fabian Yacsik, contrariamente a la afirmación de los opositores que sostienen que el decreto va en detrimento de esa política y que es inconstitucional.
El citado decreto establece que la redistribución de los recursos está orientada «a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el proceso de descentralización en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo», por lo que las instituciones beneficiarias deberán priorizar la asignación de estos recursos a proyectos productivos.
La decisión se da en el contexto de la batalla por el financiamiento de la llamada Renta Dignidad, una pensión vitalicia para mayores de 60 años, que otorgará 314 dólares al año a los no pensionados y 235 dólares a los jubilados, recién aprobada por los diputados y que la derecha dijo rechazará con su mayoría en el Senado.
Las protestas surgieron de inmediato en las prefecturas de la llamada Media Luna (región que forman Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), así como en Cochabamba y La Paz. En este último departamento, el prefecto José Luis Paredes anunció que interpondrá un amparo o recurso de inconstitucionalidad en contra del recorte.
En contraposición, varios cientos de ancianos pensionistas volvieron a salir a las calles de La Paz en apoyo a la Renta Dignidad y exigiendo que el pago sea igual para todos las personas de la tercera edad. Un bono que el presidente Morales advirtió que aprobará por decreto si el Senado lo frena.
En Cochabamba hubo una marcha convocada por la prefectura y el comité cívico contra la redistribución del impuesto, a la par con una contramarcha de universitarios en apoyo al bono para los ancianos y exigiendo la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa, bajo investigación por adquisición de vehículos sin autorización.
En Santa Cruz, el comité cívico local se declaró en emergencia y convocó a una Cumbre Social Autonómica este miércoles para definir las acciones de fuerza que tomarán contra esta disposición, al considerar que dicho decreto «representa un golpe certero a las autonomías departamentales».