En las calles y a través de medios virtuales de comunicación, las arengas a la resistencia civil y los rumores contra el gobierno del indígena Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), corren como reguero de pólvora. Santa Cruz. La rebelión contra el proyecto constitucional de Bolivia, aprobado sólo por el oficialismo, comenzó por […]
En las calles y a través de medios virtuales de comunicación, las arengas a la resistencia civil y los rumores contra el gobierno del indígena Evo Morales, del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), corren como reguero de pólvora. Santa Cruz. La rebelión contra el proyecto constitucional de Bolivia, aprobado sólo por el oficialismo, comenzó por el oriente con el anuncio del líder del movimiento cívico local, el terrateniente Branco Marinkovic, de lanzar un «sacrificado» plan de reconquista de la autonomía departamental.
Frente a miles de personas concentradas este martes en la plaza principal de la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Marinkovic pidió «sacrificio» a la población en medio fuertes críticas al gobierno por la muerte de al menos cuatro muertos en los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Sucre, mientras la Asamblea Constituyente sesionaba en un recinto militar.
La palabra «sacrificio» es interpretada de diferentes modos, desde un bloqueo económico al gobierno nacional hasta el corte de servicios básicos y alimenticios a la población, para obligar al MAS a dejar sin efecto la nueva constitución aprobada en general por 138 asambleístas afines a Morales de los 255 integrantes de la Asamblea.
Morales se movilizó en defensa de su gobierno y caminó unos 18 kilómetros, como en sus mejores tiempos de líder de los cultivadores de coca, al frente esta vez de una marcha campesina y de sectores sociales pobres que reclaman al Senado la aprobación de una renta mensual y de por vida para personas mayores a 60 años, equivalente a 26 dólares.
Por su parte, Marinkovic, un empresario de origen yugoslavo y poseedor de extensas propiedades en las ricas tierras del oriente boliviano, proclamó la lucha por la autonomía departamental, la libertad y el bienestar popular.
En ese marco, pidió ante la concentración autorización para llevar a la práctica un radical estatuto que incluye un rígido control de los inmigrantes del occidente empobrecido de Bolivia, la autodeterminación y otras medidas que en interpretación del gobierno son secesionistas. Esa tendencia es compartida por seis de los nueves departamentos en que se divide el país
La marcha y concentración santacruceña es el inicio de una batalla política contra el gobierno de Morales y este miércoles tendrá también su repercusión en los departamentos de Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, que además de Santa Cruz, es donde las organizaciones cívicas son afines a las corrientes políticas derechistas y preparan una huelga de 24 horas.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló que el paro es un homenaje a las víctimas de lo que llamó la «masacre de La Glorieta» en Sucre y un rechazo al «panfleto» aprobado por la Asamblea Constituyente. Anunció gestiones para demandar a Morales por la «búsqueda de fraccionar el país, violar la democracia y atentar contra los derechos humanos». Ha transcurrido un año y tres meses desde el inicio de sesiones de la Asamblea Constituyente y casi dos años desde la instalación del primer gobierno presidido por un indígena en Bolivia y en América del Sur.
Las tensiones en este lapso han subido ante el proyecto de Morales de recuperar los recursos naturales para el país, rescatar las tierras obtenidas irregularmente por los empresarios para entregarlas a campesinos pobres y crear beneficios directos para la población más vulnerable, como la bonificación a familias de escolares de primaria y el bono a los ancianos, en este último caso afectando los recursos de las prefecturas.
Morales es consciente del recorte de privilegios que lo ha convertido en impopular entre los ciudadanos de clase media y alta de Santa Cruz de la Sierra, donde lo califican de «tirano», «totalitarista», «asesino» y «servil del presidente venezolano Hugo Chávez». Ante unas 30.000 personas reunidas en la plaza de armas de La Paz, el mandatario comparó la situación de las reservas internacionales netas que al asumir su mandato se situaban en 1.000 millones de dólares y ahora asegura que han superado los 5.000 millones de dólares.
«Ya no tenemos que pedir prestados para el pago de aguinaldos», dijo y se preguntó dónde fueron a parar los millones de dólares durante los gobiernos anteriores.
Defiende la Constitución escrita por los militantes del oficialismo, que ahora debe ser discutida en particular en la Asamblea para luego ponerla a referéndum de la ciudadanía, porque sella la propiedad estatal de los recursos naturales y propone un estado plurinacional en el cual también incluye a sectores que no pertenecen a los pueblo indígenas.
«No aceptan en Santa Cruz que el negocio haya terminado», sostuvo Morales, quien atribuye a una «guerra económica» las dificultades de las amas de casa de las regiones del centro y occidente del país por la falta de alimentos y el aceite vegetal que producen industriales como el propio Marinkovic.
El portavoz de la Presidencia, Alex Contreras, define al momento como un proceso de «revolución democrática con una Bolivia pura y cultural», y ello es interpretado en Santa Cruz como una exclusión de los mestizos y extranjeros que habitan en extensas zonas forestales, ganaderas y productoras de oleaginosas y otros alimentos con gran demanda en mercados internacionales.
Lejos de su cálida región, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, sentenció en La Paz que, con la nueva Constitución, las tierras arrebatadas a los habitantes originarios serán devueltas.
Mientras en La Paz se festejaba por la aprobación de la nueva ley fundamental, en Santa Cruz se rendía un minuto de silencio por las muertes, tres manifestantes y un policía, que rodearon a las sesiones de la Asamblea y se cantaban los himnos a Chuquisaca, cuya capital es Sucre, y de Santa Cruz.
Centenares de personas convocadas por empresarios, organizaciones de clase media, asociaciones de profesionales, propietarios de tierras, madereros, empleados de grandes industrias, estudiantes, trabajadores municipales y de gobiernos locales, junto a comerciantes de calles y mercados se sumaron a la convocatoria del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Los tambores e instrumentos de viento festivos de los aymaras en La Paz eran el contraste de banderas y petardos en Santa Cruz de la Sierra, una lucha hasta ahora sólo expresada en los medios de comunicación a los cuales desea controlar Edgar Patana, el radical dirigente de la Central Obrera Boliviana de la ciudad de El Alto (COR), contigua a La Paz.
El destino para los medios parece estar trazado porque el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, también se sumó a las críticas y atribuyó a su actuación una tendencia a «esconder», «distorsionar» y «falsificar la realidad», y llamó a la población a pensar en los contenidos de los mensajes.
Quintana indicó que el proceso de aprobación de la Asamblea Constituyente continuará con la aprobación, en detalle, de los 408 artículos, pero descartó la posibilidad de reinstalar sesiones en Sucre, donde reina el caos por el retiro de la policía tras una dura batalla con universitarios y manifestantes de clase media.
Por ahora, las fuerzas están en apronte y sólo hay discursos cruzados, pero la ausencia de una mediación reconocida por las partes, anuncia una semana de conflictos donde las probabilidades de una búsqueda de soluciones parecen alejadas por las posiciones irreconciliables.