El presidente boliviano, Evo Morales, parece decidido a perseverar en su objetivo de doblegar a la oposición de derecha y para esto apela a su base más leal: los campesinos e indígenas. Pese a las críticas opositoras, el Congreso aprobó en la noche del martes la «renta dignidad», un ingreso universal a los mayores a […]
El presidente boliviano, Evo Morales, parece decidido a perseverar en su objetivo de doblegar a la oposición de derecha y para esto apela a su base más leal: los campesinos e indígenas. Pese a las críticas opositoras, el Congreso aprobó en la noche del martes la «renta dignidad», un ingreso universal a los mayores a 60 años financiado con un recorte de los ingresos a las regiones resistido por los gobernadores. Y, aprovechando la ausencia de la oposición, asustada por la vigilia campesina, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó, por sorpresa, una modificación a la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que la habilita a reunirse fuera de Sucre. Con esto se busca evitar el clima hostil de esta ciudad que demanda ser «capital plena» de Bolivia, y no sólo simbólica como lo es hoy. «Hasta el 14 de diciembre el país tendrá una nueva Constitución y los bolivianos dirán si la aprueban o la rechazan mediante referéndum», insistió ayer el vicepresidente Álvaro García Linera desestimando la decisión de la oposición y varias regiones de desconocer «un texto escrito con sangre de los bolivianos».
El pasado fin de semana, la convención constituyente, reunida en un liceo militar y sin la presencia de la derecha, aprobó «en general» una nueva Carta Magna que incluye «candados» a futuras privatizaciones, medidas en favor de los indígenas y la posibilidad de reelección indefinida del presidente junto a la figura del referéndum revocatorio. Ayer, en un contexto de creciente polarización, seis de los nueve gobernadores y dirigentes cívico-empresariales lograron paralizar parcialmente sus regiones en rechazo a la nueva Constitución y al recorte de sus presupuestos. «Es un paro contundente y pacífico», evaluó en la tarde el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y anunció que «seguirá la resistencia civil contra un gobierno antidemocrático» . Sin embargo, como en ocasiones anteriores, activistas de la Unión Juvenil Cruceñista -un grupo de choque del movimiento autonomista con fuertes tintes racistas– salieron a las calles para amedrentar a quienes se negaban a cumplir el paro, fundamentalmente los vendedores de los mercados, en gran parte migrantes del occidente indígena del país. En un clima crispado, varios medios de comunicación fueron agredidos desde el lunes. Sucre se paralizó totalmente en rechazo a la violencia del fin de semana, mientras el Ministerio de Gobierno ordenaba el regreso de los policías, que abandonaron la ciudad luego del saqueo de sus cuarteles y el robo de su armamento. Ayer varios presos permanecían por su propia voluntad en la cárcel local.
Con todo, el acatamiento a la huelga fue parcial. En Santa Cruz y Tarija fue contundente pero desafiado por sectores campesinos y habitantes de barrios populares que buscaron formas de seguir con su vida normal. En Cochabamba, la policía evitó que pasaran a mayores los choques entre bloqueadores y partidarios de Evo Morales, que amagaron con enfrentarse en las calles. Como es habitual, los organizadores hablaron de una adhesión del 80% mientras que desde el gobierno central se leyó como «un fracaso». En las radios de La Paz , varios oyentes recordaban cuando, en los años 90, los empresarios de Santa Cruz rechazaban las huelgas y bloqueos protagonizados por las organizaciones populares, en nombre de la producción. Hoy es el gobierno de izquierda el que pide paz social y la derecha, con camionetas 4×4, la que paraliza las ciudades y bloquea las rutas.
Paradójicamente, de tanto obsesionarse con Hugo Chávez, la oposición boliviana se «venezuelizó» más que el propio gobierno y tomó como propia la estrategia del repliegue y la desestabilizació n. Así, los detractores de Morales se retiraron de la Constituyente y el martes se negaron a concurrir a la sesión del Congreso. También, al igual que los antichavistas hasta el golpe de 2002, el ala dura de la oposición conservadora sueña con echar anticipadamente del poder a Evo Morales. En este marco, el ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga se quejó del virtual «cierre» del Congreso por el gobierno, a causa del cerco campesino del Senado, controlado por la oposición, y denunció que los campesinos tenían fotos de los congresistas opositores para «identificarlo y lincharlos».
No obstante, con una popularidad que continúa rondando el 60%, Evo Morales apuesta a que su proyecto constitucional llegue a referéndum y allí aprovechar el desprestigio de la oposición, vinculada a las políticas neoliberales aplicadas en los años 90 y hoy fuertemente desacreditadas entre la población. Además, confía en que la mayoría de los bolivianos responsabilice a la derecha -«que no tolera que un indio gobierne Bolivia»- por los muertos en Sucre.