Vemos con profundo pesar que esos terrenos que estimamos en justicia como nuestros, porque los hemos recibido de padres a hijos y fecundado con el trabajo constante, van pasando a manos de extraños mediante un sencillo denuncio y el pago de unos cuantos pesos. Carta de los vecinos de Namiquipa al Presidente Porfirio Díaz, 1908. […]
Vemos con profundo pesar que esos terrenos que estimamos en justicia como nuestros, porque los hemos recibido de padres a hijos y fecundado con el trabajo constante, van pasando a manos de extraños mediante un sencillo denuncio y el pago de unos cuantos pesos.
Carta de los vecinos de Namiquipa al Presidente Porfirio Díaz, 1908.
En el último rincón del Occidente de Ciudad Juárez comienza una meseta que se prolonga a lo largo de la frontera con el estado norteamericano de Nuevo México. Allí, en la orilla de la mesa, se encuentra una colonia habitada desde hace tres décadas por familias pobres que instalaron pequeñas granjas y lograron sobrevivir en pleno desierto, donde los veranos alcanzan temperaturas superiores a 40 grados y los inviernos tienen descensos hasta 15 bajo cero. Allí, en este sitio, en pleno siglo XXI, el estado mexicano ha abdicado de su función de aplicar la ley y renegado de su deber de cuidar la vida, la libertad, la salud, la educación de los habitantes. Allí, se han cometido en contra de los pobladores de Lomas de Poleo un rosario de crímenes a la vista de las autoridades: se les han quemado sus viviendas, robado sus bienes, despojado de sus posesiones, privado de la energía eléctrica, confinado adentro de un cerco de alambre de púas vigilado día y noche por hombres armados. Allí, el 17 de agosto de 2005 fue asesinado Luis Alberto Guerrero Rodríguez, uno de los vecinos, a manos de estos guardias blancos que le hicieron estallar las vísceras a patadas. (Me niego a escribir puntapiés).
Todos los delitos cometidos se persiguen de oficio, todos son graves, unos pertenecen al fuero local y otros al federal. Todos permanecen impunes y otros nuevos se siguen cometiendo. En este mismo momento se están atacando las vías generales de comunicación, obstruyendo la libertad de tránsito de las personas, amenazando. Nada mueve a las policías municipales, ni a los agentes del ministerio público, ni a la policía federal preventiva. Hay una especie de «No Estado» como dice Héctor Padilla. O más bien, diríase que hay un Estado doblegado e hincado ante los intereses privados, lo que en rigor es lo mismo. Para ilustrar la aberrante inacción de las autoridades, imaginémonos algunas escenas posibles y otras inverosímiles: el Gobernador del estado de Chihuahua y el Presidente Municipal de Juárez pretenden visitar las granjas Lomas del Poleo, un guardia le cierra el paso y pone frente a ellos un fiero perro de pelea ¿Qué harían los funcionarios?. ¿Se volverán resignados aceptando que allí no pueden entrar?. O bien, le sucede lo mismo a la Secretaria de Educación que decide visitar la escuela pública, o al Director de la Comisión Federal de Electricidad para constatar como arrancaron los postes, o al Director del Registro Federal de Electores que quiere verificar los domicilios que aparecen en las credenciales que firmó, o al funcionario que trata de comprobar los nombres de las antiguas calles, o al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es probable que ninguno de ellos, claro está, acuda jamás a Lomas de Poleo y que tampoco vean el estrujante documental -aunque se encuentra en internet- filmado por el joven realizador León de la Rosa en el que se da puntual cuenta de los actos de barbarie ejecutados en este suburbio de la ciudad fronteriza. Sin embargo, en estricto rigor jurídico la violencia sobre el Derecho y sobre las personas, que hipotéticamente soportarían los altos funcionarios en cumplimiento de sus obligaciones oficiales, es exactamente la misma que se comete a diario en contra de los ciudadanos que viven en la colonia o con los que pretenden ingresar a ella.
Las tierras de Lomas de Poleo estaban en el olvido y también las familias que allí se instalaron para hacerlas productivas. Pero, hace unos años apareció la posibilidad de abrir un nuevo corredor industrial y comercial teniendo como referente al puerto fronterizo de Gerónimo-Santa Teresa, ubicado apenas a 20 minutos por el camino de terracería desde las casas de los colonos. De repente, estas minúsculas granjas se volvieron apetecibles para los dueños del dinero. Esa fue la mala suerte de la desamparada mujer que llora con amargura por la destrucción de su magro patrimonio juntado en muchos años de sacrificio, o del típico ranchero norteño que no puede evitar las lágrimas frente a la cámara, cuando narra el despojo de la tierra donde nacieron sus hijos y sus nietos. Ambos, son víctimas de esa máquina trituradora de hombres y ecosistemas, constituida por el binomio que integran una burocracia política insensible y la voracidad del gran capital.
Un centenar de familias vivían en Lomas de Poleo, hoy, dicen los entrevistados permanecen allí 57, los otros tuvieron que irse porque les quemaron o les derrumbaron las casas. Entre todas, poseían 245 hectáreas, ubicadas en un polígono de 25,000 declaradas formalmente propiedad de la nación en 1975. En contra de su versión, los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza, -dueños de una fortuna multimillonaria según es del dominio público-, alegan que la colonia se encuentra dentro de una enorme superficie heredada de su padre, por lo cual procedieron a cercarla. Hasta hoy, ningún tribunal ha resuelto en definitiva el conflicto jurídico.
Antes, e independientemente de este disparejo debate judicial, hay que contestar estas preguntas: ¿No es una exigencia del interés público y obligatorio para las autoridades (del municipio, del gobierno del estado, de la federación) restituir a los vecinos de la colonia el disfrute de todos sus derechos: libertad de tránsito, reapertura de las calles de su poblado, indemnización por sus viviendas destruidas y sus bienes robados, reinstalación del servicio de energía eléctrica, mantenimiento de la escuela, además de la persecución de los delitos cometidos?. Tales demandas elementales procederían en cualquier parte donde impere un Estado de leyes y en cualquier sociedad civilizada. ¿Lo es la nuestra?.
O, vale preguntarse, ¿Están las autoridades esperando y propiciando con su acción o con su negligencia un nuevo Acteal, un nuevo Aguas Blancas?. O, también es posible cuestionarse sobre otra eventualidad: los peticionarios de Namiquipa en 1908, cansados de esperar justicia, dos años después fueron a la revolución.
Víctor Orozco, profesor de historia en la Universidad de Chihahua, es un analista político mexicano.
8 dic