Fue aprobado «en grande» y por unanimidad el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz por la Asamblea Provisional Autonómica que comenzó a deliberar este miércoles en el Palacio Prefectural de la capital oriental. Se espera que el texto definitivo sea refrendado por los representantes hasta la madrugada del jueves. Los miembros de la asamblea […]
Fue aprobado «en grande» y por unanimidad el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz por la Asamblea Provisional Autonómica que comenzó a deliberar este miércoles en el Palacio Prefectural de la capital oriental. Se espera que el texto definitivo sea refrendado por los representantes hasta la madrugada del jueves.
Los miembros de la asamblea (56 presidentes de concejos municipales, 23 consejeros departamentales, 28 parlamentarios, asambleístas y representantes de «etnias cruceñas») aprobaron un estatuto que concede amplias facultades normativas y administrativas al gobierno autonómico departamental, que será instalado de facto el 15 de diciembre.
El territorio del Departamento Autónomo de Santa Cruz abarca 15 provincias cruceñas con sus respectivos municipios. Las provincias cruceñas son Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Cordillera, Chiquitos, Florida, Germán Busch, Guarayos, Ichilo, Manuel María Caballero, Ñuflo de Chaves, Obispo Santistevan, Sara, Vallegrande, Velasco, Warnes.
Entre las facultades que la asamblea concedió al gobierno departamental destacan la elaboración y aprobación de proyectos y concesiones para la construcción y aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos, aguas minerales y termales de interés departamental; la regulación de la migración interna («en lo que respecta a los movimientos migratorios masivos intradepartamentales») y la negociación de «empréstitos, enajenación de bienes y celebración de contratos que comprometan las rentas departamentales».
El estatuto menciona que el Gobierno departamental tiene tuición directa en el manejo de la tierra, una tarea que según la Constitución es privativa del Estado. Por otro lado, la carta autonómica aprobada en grande dispone la regulación del régimen de la policía departamental en lo que respecta a la protección de las personas y bienes, así como en el mantenimiento del orden público dentro del territorio del Departamento Autónomo.
El estatuto elaborado por el movimiento cívico-empresarial encarga a la Prefectura de Santa Cruz el control directo de la explotación y comercialización de los hidrocarburos en todo el departamento. «El Gobierno departamental, a través de su correspondiente Secretaría Departamental, controlará y fiscalizará la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se realice en el departamento y velará por una correcta aplicación del pago de las regalías y de los impuestos», señala uno de los puntos fundamentales del documento, según reporta la agencia ABI.
Esto supone que «el Gobierno departamental contará en su estructura con una Secretaría que se encargará del seguimiento, desarrollo normativo, elaboración de políticas departamentales, sectoriales y fiscalización de desenvolvimiento de sectores de los recursos naturales no renovables en el territorio departamental».
El estatuto menciona también que «con el fin de propiciar y fomentar la industrialización de los hidrocarburos en la jurisdicción departamental, el Gobierno departamental podrá asociarse con empresas públicas y privadas para la ejecución y desarrollo de proyectos específicos».
Estas disposiciones contrarían a la actual Constitución Política del Estado, que señala expresamente que el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento son de dominio originario del Estado.
El Artículo 139 de la Carta Magna precisa que «los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado». Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado.
Siguiendo el ejemplo de Santa Cruz, los líderes regionales de Beni, Pando y Tarija preparan también la instalación de gobiernos departamentales de facto el 15 de diciembre.