Durante 2008 en Bolivia se podrían registrar hasta 11 referendos, seis departamentales por gobiernos autónomos, tres nacionales -en el marco de la nueva Constitución y revocatorio del presidente- y dos locales, un inédito proceso que podría desembocar en nuevas elecciones presidenciales y de Congreso. Las regiones de la poderosa y agroindustrial Santa Cruz, la gasífera […]
Durante 2008 en Bolivia se podrían registrar hasta 11 referendos, seis departamentales por gobiernos autónomos, tres nacionales -en el marco de la nueva Constitución y revocatorio del presidente- y dos locales, un inédito proceso que podría desembocar en nuevas elecciones presidenciales y de Congreso.
Las regiones de la poderosa y agroindustrial Santa Cruz, la gasífera Tarija, la ganadera Beni y la selvática Pando aprobaron el sábado sus estatutos de gobiernos autónomos que se propone validar en referendos locales para conferirles legalidad y legitimidad.
Esas autonomías buscan constituir réplicas en las regiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque -según sus promotores- sin dividir Bolivia y con jurisdicciones locales, pero el gobierno del presidente Evo Morales ha calificado esas iniciativas de secesionistas.
Las cuatro regiones, las más fieras adversarias del oficialismo, aceleraron sus autonomías tras la decisión del presidente de aprobar en noviembre pasado una ley que redujo sus presupuestos para financiar una bonificación anual que beneficia a ancianos y tras la aprobación en la Asamblea Constituyente de una nueva Carta Magna sin debate y sin consenso con la oposición.
El prefecto opositor del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha anunciado su decisión de recabar firmas en su región para convocar en el primer semestre de 2008 a una consulta para aprobar un gobierno autónomo, en consonancia con las otras cuatro provincias rebeldes.
Igualmente las organizaciones civiles de Sucre, capital de Chuquisaca, se encuentran en plena campaña desde la semana pasada para recolectar firmas con el mismo propósito autonomista, con lo cual se llega a seis departamentos que celebrarían referendos autonomistas.
Para estos referendos la ley boliviana exige que en cada región registre la solicitud de al menos el 8% de inscritos en el padrón electoral que si se les obtiene daría lugar a consultas populares en un plazo de 60 días.
La reciente Constitución impulsada por el oficialismo necesita dos referendos para entrar en vigencia: el primero para definir la extensión máxima que tendrán las propiedades privadas rurales y la segunda para aprobar el texto general de la nueva norma.
Estos dos referendos deberán realizarse en un plazo de 60 a 180 días.
El presidente Evo Morales ha enviado al Parlamento un proyecto de Ley para revocar su mandato, el del vicepresidente y de los nueve prefectos de departamento, en lo que sería un tercer referendo nacional, si es que es aprobado por el Senado, con mayoría opositora.
En cuanto a referendos locales, las organizaciones civiles de Sucre también pretenden llevar a consulta su centenario pedido de recuperar de La Paz las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una demanda que fue desoída por la Constituyente y que hace dos semanas provocó fuertes disturbios sociales que dejaron tres muertos y más de un centenar de heridos.
Una segunda consulta local será de la Federación de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca, que comenzará a recolectar firmas para conformar mediante referendo un «gobierno regional» rural dentro de los límites departamentales, contrarrestando así la autonomía que se impulsa desde la capital, Sucre.
También se prevé que a los 180 días de aprobarse la nueva Carta Magna se convoque a elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente -independientemente del referendo revocatorio que convoca el mandatario Morales- y renovar el Congreso Nacional que según la futura ley se llamará «Asamblea Legislativa Plurinacional».
Como si fuera poco este maremágnum consultivo, para 2009 se deben realizar elecciones nacionales para elegir a los nueve prefectos y los 357 alcaldes, cuyos mandatos legales y regulares terminan ese año.