La presentación del Estatuto Autonómico Departamental aprobado en Santa Cruz de la Sierra copia textualmente párrafos enteros del preámbulo del Estatuto Autonómico de la provincia española de Cataluña (1), y se denunció públicamente que su principal proyectista – Juan Carlos Urenda Díaz – recibió «financiamiento» de Estados Unidos para dicho propósito. ¿Cuál es el contenido […]
La presentación del Estatuto Autonómico Departamental aprobado en Santa Cruz de la Sierra copia textualmente párrafos enteros del preámbulo del Estatuto Autonómico de la provincia española de Cataluña (1), y se denunció públicamente que su principal proyectista – Juan Carlos Urenda Díaz – recibió «financiamiento» de Estados Unidos para dicho propósito. ¿Cuál es el contenido de este proyecto normativo?. ¿Cuáles son los agentes encubiertos detrás de las autonomías departamentales impulsadas por los sectores conservadores de la sociedad boliviana?.
1. Análisis de la superestructura jurídica: el Estado del Apartheid
Ningún Estatuto Autonómico en el mundo contemporáneo tiene una ilegalidad más manifiesta que el aprobado por la autodenominada Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, porque sencillamente ninguna ley de la República le confiere representación o mandato alguno a este irregular órgano para la aprobación de un texto normativo de estas características. Pero más allá de este aspecto formal, es preciso el estudio sustantivo del Estatuto Autonómico.
«El camino idóneo para este proceso son las Autonomías Departamentales, que permitirán avanzar en el Modelo Cruceño de Desarrollo, el único que ha tenido resultados positivos en la historia de Bolivia», dice la presentación del documento en cuestión, prescindiendo hechos económicos y sociales contundentes: la acumulación capitalista de los sectores agroindustriales y financieros favorecidos ilegalmente por los gobiernos neoliberales, no solucionó las elevadísimas tasas de pobreza, falta de acceso a los servicios públicos, educación, salud, y desempleo en el Departamento de Santa Cruz. Como ejemplo, el reporte del Mapa de Pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística el año 2001 muestra estos porcentajes de población pobre en las provincias cruceñas: 90, 7 % de pobres en la Provincia de Guarayos; 82,8 % de pobres en la Provincia Ñuflo de Chávez; 77,8 % de pobres en la Provincia José Miguel de Velasco; 76,8 % de pobres en la Provincia Ángel Sandoval; etc. De las quince provincias del Departamento de Santa Cruz, según este reporte, doce tienen un porcentaje de población pobre que supera el 50%. ¿Este es el Modelo Cruceño de Desarrollo que ha tenido resultados positivos en la historia de Bolivia y que debe aplicarse para seguir explotando y marginando a los sectores populares de la población cruceña?.
El artículo 3 del Estatuto Autonómico Departamental aprobado, precisa que la condición política de cruceños – y valga la aclaración, sólo los cruceños – están habilitados para el ejercicio de los derechos políticos de elegir a sus autoridades departamentales y ser elegidos como tales, y de participar en los asuntos de competencia del Gobierno Departamental, a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo.
El Capítulo Primero, del Título Segundo, refiere la Estructura Competencial Básica y Aplicación del Derecho Autonómico. En él se incluyen, en primer lugar, las competencias exclusivas del Gobierno Departamental para ejercer la potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva. El Estado boliviano estaría delegando así prácticamente todas sus competencias establecidas por la actual Constitución Política del Estado; entre las cuáles caben resaltar las siguientes: a) educación en todas las áreas, niveles y modalidades; b) tierra; c) suelos forestales y bosques; d) fuentes alternativas y biocombustibles.
Especial atención merece esta última competencia exclusiva del Gobierno Departamental. Los países imperialistas, las multinacionales ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus, Monsanto, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ZICOSUR, entre otros, pretenden ampliar la acumulación capitalista a costa del medio ambiente, la alimentación y la vida, a través de los biocombustibles. Para tales propósitos, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y la Prefectura de Santa Cruz alientan desde hace algún tiempo una legislación nacional y departamental relativa a la materia. Además, la Prefectura de Santa Cruz comunicó el año 2007 que «invertiría» 14 millones de bolivianos en tres plantas piloto para experimentar y producir biocombustibles, como el biodiesel.
Sobresalen, asimismo, en el catálogo de competencias compartidas entre el Estado boliviano y el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, los recursos naturales renovables que según el texto normativo no fueran de competencia exclusiva del Departamento y los recursos no renovables. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos – que forma parte de la estructura del Comité Cívico de Santa Cruz – y TRANSREDES (Enron-Shell), entre otras multinacionales del petróleo, han participado activamente en los cabildos que demandaron las autonomías departamentales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El artículo 8 deja en claro cuáles serían las ridículas competencias en las que legislaría el Estado boliviano: control metereológico, sistema penitenciario, registro civil, etc. Es decir, mientras los parlamentarios nacionales legislarían la organización y administración del Archivo Nacional de Información Meteorológica, las oligarquías agroindustriales asentadas en el oriente boliviano legislarían cómo distribuirse nuevamente grandes cantidades de hectáreas de tierra y cómo generar cuantiosas ganancias para ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus y Monsanto.
Los arts. 9 – 14 constituyen la superestructura que permitiría el poder pleno del Gobierno Departamental y la Asamblea Departamental – órgano legislativo -. El art. 9 determina que en el caso de que el Estado Nacional no asuma sus competencias, incluso éstas serían asumidas por el Gobierno Departamental. El art. 10 precisa la aplicación preferente del derecho autonómico. El art. 11 indica que el Estado Nacional podrá solicitar la competencia exclusiva del Departamento en una o más materias, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Departamental, mediante Ley de Reforma del Estatuto, en otras palabras, el Estado Nacional no tendría otra alternativa que arrodillarse ante los caciques departamentales para obtener competencias sobre educación, tierra, suelos forestales, bosques, fuentes alternativas y biocombustibles, etc.
El art. 13 define que el conflicto de competencias entre el Estado Nacional y el Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales serán dirimidos a través del control de constitucionalidad, es decir, del Tribunal Constitucional, que fue el bastión político de la derecha neoliberal y Gonzalo Sánchez de Lozada los últimos años.
El art. 20 además precisa otras atribuciones de la Asamblea Departamental, entre las que se encuentran, establecer tributos y aprobar acuerdos internacionales.
El Ejecutivo Departamental, tendría la obligación de «velar» por que dentro del currículo de enseñanza en las escuelas y colegios del Departamento Autónomo de Santa Cruz, se incorpore la historia del Departamento, el conocimiento de sus próceres y líderes, de las tradiciones cruceñas, de las formas de producción del Departamento y de las actuales características culturales cosmopolitas que tiene el pueblo cruceño. Nada se dice sobre la enseñanza de la historia de la República de Bolivia y de la emancipación de los países latinoamericanos, el conocimiento de los próceres y líderes de la Independencia, de las tradiciones bolivianas y latinoamericanas. Tampoco se dice nada respecto a la orientación que debería tener esta enseñanza para favorecer la soberanía nacional.
¡Hasta la misma Policía Nacional sería descuartizada con la creación de un Organismo de Seguridad Departamental (art. 69)!.
Con la finalidad de repetir los desfalcos y las quiebras del Banco Agrícola, Findesa, Banco Sur, Big Beni, Banco de Cochabamba, Banco Minero y el Banco del Estado, el art. 96 determina que el Gobierno Departamental podrá gestionar el otorgamiento de «créditos de fomento» a los productores agropecuarios y forestales y el financiamiento en condiciones preferenciales. En relación al proceso agrario y las tierras, el art. 102 determina que el derecho propietario sobre la tierra, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el Departamento de Santa Cruz será responsabilidad del Gobierno Departamental y estará regulado mediante una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental. Los tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social, para cada forma de propiedad agraria, serán establecidos por Ley Departamental (art. 103. pár. IV). El Estatuto en vez de luchar contra el latifundio – y más específicamente, el latifundio improductivo – propone combatir el minifundio, al prescribir en su art. 105 que el Gobierno Departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), aplicará procesos de «reagrupamiento, distribución y redistribución» de tierras para evitar la aparición de fenómenos de minifundio improductivo. ¡Tierra para los ricos, hambre para los pobres!. Por último, y para que no quede sospecha alguna del nivel de ingerencia de las oligarquías agroindustriales en la redacción del texto, el art. 109 precisa que «el Gobernador firmará todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales».
El Poder Judicial no escapa a la rapacidad de las oligarquías. En efecto, el art. 143 determina que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta sentencias con autoridad de cosa juzgada en aquellos procesos en que el derecho aplicable de manera preferente sea el derecho autonómico cruceño, es decir, en aquellos procesos que versen sobre las materias de competencia exclusiva del Departamento, de acuerdo al presente Estatuto. Es vox populi que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el mismo latifundista y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, desean no sólo mantener incólumes sus tierras mal habidas desde la dictadura de Hugo Bánzer Suárez; sino además apropiarse del territorio patrio cuáles corsarios sedientos de oro y plata.
2. Promotores del Estatuto Autonómico: países imperialistas, multinacionales y oligarquías
Para nadie ya es extraña la influencia catalana en la redacción del aludido Estatuto. ¿Pero hubieron, ciertamente, mentores y publicistas catalanes?. Pues sí, los hubo. Higinio Clotas, Daniel Fernández González, Joan Prats i Català, catalanes todos ellos, y además miembros de la agrupación política catalana PSC, estuvieron en Santa Cruz de la Sierra alentando el proyecto autonomista. Teresa Ossio Bustillos – ex embajadora boliviana en Madrid, durante la gestión presidencial de Carlos Mesa – está casada con Joan Prats i Català. Ossio y su cónyuge catalán, dieron sendas conferencias en Santa Cruz de la Sierra y Tarija sobre las autonomías a través del Centro Internacional para la Gobernanza, la Ciudadanía y la Empresa. A su vez, Prats i Català estuvo vinculado políticamente al PSOE y fue director del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña (IIG). En relación al gobierno del PSOE, para nadie es tampoco extraño que defendió más de una vez a la empresa privada Repsol en Bolivia, pese a las imputaciones de fraude, corrupción, malversación y contrabando de petróleo.
El IIG informa oficialmente que se configura legalmente como centro de investigación y formación, constituido como consorcio público por la Generalitat de Catalunya, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas -ESADE- y la Universitat Oberta de Catalunya -UOC-, pero más importante aún, algunas instituciones, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la Unión Europea, reclaman su participación y asesoramiento en algunos de los programas que entonces tenían en marcha, y junto con el PNUD y la Generalitat de Catalunya, desarrolló el Sistema de Información y Conocimiento sobre Gobernabilidad en América Latina. El IIG dice propugnar el «republicanismo cívico», idea política también asumida por el presidente español Rodríguez Zapatero, consistente en que el Estado no ejerce el poder sobre los ciudadanos, sino que «negocia» y actúa de interlocutor; no impone, sino que consensúa, acuerda, pacta. El «republicanismo cívico» desarrollado por el irlandés Philip Pettit se opone al intervencionismo estatal. El Estado sólo participa para dotar al individuo de presencia como ciudadano pleno y autónomo. Tales ideas, sin duda, son afines a las estrategias de saqueo de los recursos naturales promovido por los países imperialistas y el gamonalismo local y extranjero.
Pero no sólo hubieron conferencias del IIG. El mes de octubre del 2006, el entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Germán Antelo, tuvo una visita «protocolar» al Congreso Catalán, donde se reunió con su vicepresidente, Higinio Clotas. En aquél encuentro Clotas le dijo: «nos parece oportuno apoyar con nuestra experiencia el proceso autonómico que llevan adelante ustedes en Bolivia».
Pero para comprender el proyecto del Estatuto Autonómico Departamental de estos sectores conservadores, y sus fines, es preciso también conocer otras conexiones políticas de la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz – y sus pares en Pando, Beni, Tarija – y la tarea asignada a los tres principales «asesores autonomistas», Carlos Dabdoub, Juan Carlos Urenda y Rubén Costas Aguilera.
a) La «cooperación» estadounidense
El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana denunció que el área de consultores de la estadounidense CIDEM incluye a Juan Carlos Urenda, principal co – autor del Estatuto Autonómico. Juan Carlos Urenda Diaz, fundador de la agrupación neofascista y separatista Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL), ideólogo de las autonomías departamentales en Bolivia, es asesor legal y político del Comité Cívico de Santa Cruz y la Prefectura de Santa Cruz. Urenda es además Past Presidente y actual miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC). Otros miembros de esta asociación son, entre otros, José Antonio Rivera Santiváñez, ex diputado nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC), y Jorge Asbún Rojas, actual Presidente la ABEC, abogado ligado a la multinacional Transredes S.A. (Enron-Shell) y a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Según Quintana, CIDEM no tiene personería jurídica, ni autorización para intermediar financiera y administrativamente recursos de la cooperación estadounidense; por lo tanto, es una entidad fantasma y sobre CIDEM descansa el componente de descentralización, manejado, precisamente, por Juan Carlos Urenda.
b) La Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional
Por otra parte, promueve el proyecto autonomista, la Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional (CONFILAR). Creada el 15 de septiembre de 2006 con la participación del entonces Presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, los Alcaldes de Guayaquil y Quito, Jaime Nebot y Paco Moncayo, respectivamente; fue nombrado primer Presidente de CONFILAR, Carlos Dabdoub – secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz y fundador del MNCL, junto con Juan Carlos Urenda – mientras la secretaría general recayó en José Luis Tapia – del Instituto de Libre Empresa, y Director Ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana -. Según Heinz Dieterich, Tapia recibe donaciones en una cuenta bancaria en Georgia, Estados Unidos, y cuenta entre los asesores académicos de sus instituciones a dos conocidos heraldos de la democracia mundial: Carlos Alberto Montaner, buscado en La Habana por actividades terroristas en Cuba, presunto operativo de la CIA, y una de las principales plumas del imperio; y Alvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de Estados Unidos y editor de la página de opinión del Miami Herald, estrechamente vinculado a la mafia anti-cubana de Florida. La iniciativa del evento viene, supuestamente, de Alberto Mansueti, Vicepresidente del Movimiento Rumbo Propio para el Zulia, y Director presidente de la Conferencia Liberal Hispanoamericana; la institución anfitriona fue la Corporación Guayas, del Ecuador, representada por Francisco Suárez, Director Ejecutivo y Enrique Arosemena, Presidente; participó también del Ecuador José Andrade, Director del Movimiento Libertario; por Guatemala estuvo Marysabel García Leal, de la Cámara de la Libre Empresa; por Bolivia, Walter Justiniano de la Fundación Libertad y Democracia (FULIDE) y Carlos Dabdoub. La presencia de la Prefectura cruceña en este evento, enfatizó Dabdoub, «no ha sido casual», sino que responde «a una estrategia compartida con el Comité cívico y … FULIDE, para abrir una línea de acción en el campo internacional» (2). No por nada, en opinión de Dieterich, CONFILAR representa el proyecto de balcanización de América Latina y la «autonomía» su concepto clave. Lo que pasa en el Estado venezolano de Zulia sirve de ejemplo para comparar y comprender mejor las injerencias imperialistas y capitalistas en la Patria Grande.
c) La Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y la Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA)
«Como una forma de promocionar sus bondades turísticas, presentar el proyecto Megapuerto y destacar los beneficios económicos de exportar el gas natural boliviano por el puerto de Mejillones, su alcalde, Marcelino Carvajal y diversos personeros públicos, tienen programado un viaje que realizarían al país altiplánico durante los últimos días de marzo del presente año. La delegación sería parte de la caravana Zicosur que espera llegar hasta Tarija». Así fue publicada una nota de prensa del periódico «Norte Minero» de Mejillones, de la República de Chile, el día 8 de febrero de 2002, lo que revela intereses del ZICOSUR en el Proyecto Pacific LNG, impulsado por los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga Ramírez. El Consorcio Repsol-YPF, BG y Panamerican Energy se interesaron en el mercado norteamericano a raíz de la crisis californiana y constituyeron el proyecto PACIFIC LNG, para llegar a ese mercado usando la tecnología de licuefacción del gas (Líquidos Natural Gas) y, a ese efecto, firmaron un preacuerdo de suministro de hasta 24 millones de metros cúbicos de gas por día (MMcmd) con la empresa SEMPRA ENERGYY de California. La estatal de México PEMEX manifestó su intención de adquirir este energético.
La Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) y la Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA) son iniciativas que tienen por finalidad liberalizar el comercio y asegurar ganancias millonarias al capital privado extranjero, a partir de la construcción de ferrocarriles, hidrovías, gasoductos, oleoductos, acueductos, puertos, aeropuertos, etc. y comercio exterior con los mercados de la Cuenca del Pacífico y Asia, con el «financiamiento» del BID, Banco Mundial, el BIRF (Banco Interamericano Regional de Desarrollo), la CAF y FONPLATA.
El 25 y 26 de septiembre de 2006 se realizó en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la IX reunión ordinaria de la ZICOSUR. En aquélla oportunidad, el prefecto de Santa Cruz, y Presidente Pro Témpore de ZICOSUR, Rubén Costas afirmó: «ZICOSUR hace autonomía en este septiembre boliviano tan particular… Creemos que nuestras reservas de gas debemos brindarlas con libertad y sin chantaje a los países hermanos… Un especial interés de esta presidencia estará centrado en ayudar a consolidar el corredor carretero bi-oceánico, un proyecto reclamado desde hace años por los sectores privados de nuestros países, con miras a la interconexión de los Puertos del Pacífico con los del Atlántico» (3).
Queda demostrado que todas las acciones autonomistas se dirigen a un objetivo común: reimpulsar el neoliberalismo para engordar las cuentas bancarias de las élites de poder locales y extranjeras. Claro está, otra vez a costa de los pobres que se encuentran en los cuatro puntos cardinales del territorio patrio.
Notas:
1. Vid. BOLPRESS, Autonomistas cruceños plagiaron a los catalanes en su estatuto, en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007122102
2. Vid. DIETERICH, Heinz, Bolivia: Hoy, la derecha va por el poder, en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43155
3. Vid. CEDIB, Uniendo el Mercado y Dividiendo las Naciones, en Bolivia Press. No. 11. 28 de octubre de 2006. También puede encontrarse el texto citado en: http://www.cedib.org/pcedib/?module=displaystory&story_id=19218&format=html