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La pugna por los precios del gas entre Bolivia y Brasil

Fuentes: Energy Press

Brasil se ha caracterizado por imponer duras condiciones a la débil Bolivia, en sus compras de gas natural. Las negociaciones entre ambos países, anteriores al gobierno de Paz Zamora (1989-1993), eran inviables, debido al veto de Petrobrás, que pretendía abastecer su mercado interno, sin recurrir a importaciones. Los acuerdos Banzer-Geisel, de mayo de 1974, estaban […]

Brasil se ha caracterizado por imponer duras condiciones a la débil Bolivia, en sus compras de gas natural. Las negociaciones entre ambos países, anteriores al gobierno de Paz Zamora (1989-1993), eran inviables, debido al veto de Petrobrás, que pretendía abastecer su mercado interno, sin recurrir a importaciones. Los acuerdos Banzer-Geisel, de mayo de 1974, estaban condicionados a la certificación de las reservas bolivianas, la que se obtuvo sólo una década más tarde. En 1992, Petrobrás aceptó pagar una tributación del 50 %, a cambio del control de «San Alberto» y «Sábalo», descubiertos por YPFB. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), luego de liquidar YPFB, rebajar las regalías al 18 % y entregar al consorcio Enron-Shell la mayoría de acciones de la «capitalizada» Transredes, impulsó la exportación de gas al Brasil, la que se inició en julio de 1999. El precio del gas, GSA (Gas Supply Agrement), es fijado cada tres meses, con una fórmula que promedia el costo de tres fuels oil, a los que se reemplaza en el vecino país.

De esta manera, Brasil sustituye fuels muy contaminantes por nuestro gas que contamina mucho menos. Bolivia, en lugar de ser premiada por esta ventaja, resultó sancionada por una fórmula que, además, impide que los precios del gas se incrementen al ritmo del petróleo en el mercado mundial. Con Banzer (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002) y GSL (2002-2003), British Gas, Pluspetrol, Andina, Repsol y Petrobrás, exportaron gas a precio muy inferior al pactado en el GSA. Cuando el precio GSA ya había sobrepasado 1.80 Dólares por Millón de BTU, las ventas a una enorme termoeléctrica de Cuiabá se pactaron a 0.87 (en cuya ruta se beneficiaba a un yacimiento de oro de GSL); Pluspetrol enviaba gas a la Argentina a 0.67; Repsol (Andina) le vendía gas a Petrobrás, y de espaldas a YPFB, a un dólar (contrato «hedging»). Por su parte, British Gas exporta gas a su filial COMGAS, de San Pablo, también al margen del GSA.

Estos contratos «incestuosos», ya que las empresas productoras de gas en Bolivia lo compraban al otro lado de la frontera, convirtieron al país en una coladera de gas, que comenzó a venderse, por ramales legales e ilegales, como ocurrió en Corumbá. Al mismo tiempo, Brasil no instaló 24 de las 49 termoeléctricas en territorio boliviano, como se había comprometido. La fuga de GSL, el 17-X-03, la Ley de Hidrocarburos de 17-05-05, la Tercera Nacionalización del gas y del petróleo del 1-05-06, que obligó a Petrobrás a pagar 82 % en tributos a favor del Estado, y el contrato de venta de gas a la Argentina a 5 Dólares, desde la frontera, de 29-06-06 (suscrito en mi gestión como Ministro), frenó tantos abusos, entre los que se halla la reanudación de exportaciones a la Argentina, al precio «solidario» de 0.97 dólares, mediante contrato firmado por Carlos Mesa y respaldado por Evo Morales, en noviembre de 2003.

Los contratos suscritos con las petroleras, el 29 y 30-X-06, abrogaron el decreto de nacionalización. Petrobrás informó en Internet, el 31-10-06, que suscribió contratos de producción compartida (no de operaciones), lo que le permite anotar como suyo el valor de las reservas bolivianas en las bolsas de valores. Al ignorarse las auditorias dispuestas por el Decreto del 1-05-06, que demuestran que Petrobrás obtuvo utilidades por 500 millones de dólares y que amortizó la totalidad de sus inversiones (284 millones de dólares) en menos de cuatro años, se develó que hizo figurar en los contratos amortizaciones imaginarias.

Los contratos no incluyen cronogramas de inversión y precios diferenciados para el mercado interno. Estos puntos forman parte de los planes de desarrollo de campos, cuya ejecución está condicionada a que YPFB acepte nuevas exigencias brasileñas. El anuncio de la visita de Lula a La Paz, sirvió para informar que YPFB formará sociedades con Petrobrás, en reemplazo de PDVSA, en las áreas tradicionales que el ente estatal boliviano reservó para sí misma, con la Ley 3058. El estratégico acuerdo Lula y Bush, sobre bio combustibles, el descubrimiento de campo «Tupí» (en las costas de San Pablo), el retorno a la energía nuclear, la instalación de plantas hidroeléctricas en el Rio Madera en perjuicio de Bolivia, las compras de LNG de Indonesia y el desarrollo de energías alternativas, permiten a Brasil mirar su futuro energético con relativa tranquilidad a mediano y largo plazo. En lo inmediato, no puede prescindir del gas boliviano. Infelizmente, la atomizada Bolivia ha quedado exhausta por obra de separatistas e indigenistas a ultranza, que le impiden negociar con firmeza.

Esta desigual correlación de fuerzas explica el por qué Lula sostiene que el gas boliviano ayudará a resolver las crisis energéticas de su país, Chile y Argentina. Henrique Cardoso visitó «Sán Alberto» al comenzar las exportaciones de gas al Brasil, como una manera de demostrar el dominio brasileño sobre el energético boliviano. Ahora Lula hace lo mismo.