El gobierno rechazó categóricamente la convocatoria del Consejo Nacional Democrático (Conalde) al desacato, desobediencia y desconocimiento de los referéndums constitucional y dirimitorio de la tierra previstos para el 4 de mayo, en tanto que el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, representante de los sectores moderados de la oposición, comentó que el mejor […]
El gobierno rechazó categóricamente la convocatoria del Consejo Nacional Democrático (Conalde) al desacato, desobediencia y desconocimiento de los referéndums constitucional y dirimitorio de la tierra previstos para el 4 de mayo, en tanto que el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, representante de los sectores moderados de la oposición, comentó que el mejor camino para evitar enfrentamientos o la división del país es concurrir a las urnas y decirle «No» al texto constitucional del MAS.
El «grupo de políticos» del Conalde se atribuye una representación popular que no tiene y se niega a medir fuerzas con el gobierno democráticamente en los referéndums, erosionando de esta manera los principios democráticos consagrados en 25 años de democracia.
«Quienes convocan al desataco y al desconocimiento del gobierno nacional no están acostumbrados a una convivencia plural porque son hijos del viejo sistema político del dedazo y del maletinazo», criticó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
No es casual que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic llame a desobedecer al gobierno que ha sido elegido con el 53,7 por ciento de los votos, ya que «está acostumbrado a desobedecer, desacatar y desconocer el marco jurídico institucional nacional».
No es novedad que Marinkovic convoque a desobedecer o a desconocer a un gobierno porque se acostumbró a no pagar impuestos y usurpó durante mucho tiempo propiedades del Estado. Es natural que no le guste una nueva Constitución que permitirá recuperar las tierras de las que se apropió irregularmente, dijo Quintana.
El segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores Antonio Peredo (MAS) calificó como una «exageración» la posición asumida por el Conalde. «Se trata de una exageración desconocer al gobierno porque ellos no lo eligieron, fue el pueblo de Bolivia que votó por el Presidente Morales y pese a esto él busca espacios de diálogo como se realizó durante estas dos últimas semanas con la oposición».
El senador del MAS Ricardo Díaz recomendó al gobierno no buscar el diálogo con Marinkovic porque éste sólo defiende sus intereses y busca federalizar a Santa Cruz. «Quiere hacer otra república y está claro que en el tema tierras, el artículo 102 de los estatutos autonómicos les da facultades hasta para legislar sobre la tierra». Díaz recordó que el referéndum sobre la tierra pone un límite a la propiedad agraria, afectando los intereses de unas 3 a 4 mil personas representadas por el cívico cruceño.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Isaac Ávalos anunció que se intensificará la campaña por el «SI», a la nueva Constitución en todo el país, con seminarios, cabildos y concentraciones.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) Edgar Patana aseguró que la campaña por el «SI» será contundente en la urbe alteña y otros departamentos del país como Chuquisaca, Santa Cruz y Beni.
Los cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron que no reconocerán los estatutos autonómicos y prepararán movilizaciones para defender la nueva Constitución. El diputado y dirigente cocalero Asterio Romero dijo que los estatutos planteados por los sectores opositores al gobierno sólo impulsan la división del país.
El presidente de la Cidob Adolfo Chávez informó que la Comisión Nacional de esa organización indígena destinará brigadas de conversación individual y colectiva para que los indígenas de tierras bajas voten por el «SI».
La Confederación de Mujeres Campesinas «Bartolina Sisa» anunció que en marzo tendrá una reunión nacional en Sucre, donde se informará sobre la socialización del nuevo texto constitucional.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales Sacha Llorenti declaró este lunes desde Ginebra, Suiza, que la comunidad internacional mantiene una «amplia solidaridad con el proceso de cambios estructurales» en Bolivia.
La autoridad aseguró que expertos internacionales reunidos en la Séptima Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron la nueva Carta Magna como una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos. Destacaron, por ejemplo, que esta ley fundamental establece el derecho al agua, al medio ambiente, a la alimentación y a la salud.