Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos están atravesando por un buen momento pero el gobierno de Evo Morales no está conforme con el papel que desempeña el embajador estadounidense Philip Goldberg, aseguró este domingo el ministro de Gobierno boliviano Alfredo Rada. «De Estado a Estado la relación esta bien: ¿Pero dónde está el problema?, […]
Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos están atravesando por un buen momento pero el gobierno de Evo Morales no está conforme con el papel que desempeña el embajador estadounidense Philip Goldberg, aseguró este domingo el ministro de Gobierno boliviano Alfredo Rada.
«De Estado a Estado la relación esta bien: ¿Pero dónde está el problema?, el problema está en el rol que el embajador Goldberg estaría cumpliendo en Bolivia, más político que diplomático», dijo Rada en entrevista con la red estatal Patria Nueva.
El ministro acusó a Goldberg de ser un «operador político que está aplicando en Bolivia todo lo que aprendió en los Balcanes, cuando era miembro del cuerpo diplomático en Yugoslavia, por lo que conoce perfectamente procesos de desmembramiento de un país».
Dijo además que el diplomático diseñó varias de las estrategias que se aplicaron en Kosovo para convertir a esa región en país independiente y que presume que esa experiencia puede ser puesta a disposición de los líderes cívicos opositores bolivianos, que demandan autonomías regionales, y con quienes se reunió en varias oportunidades.
«¿Esas son reuniones diplomáticas, qué aborda el señor Goldberg en esas reuniones?», se cuestionó Rada y justificó sus dudas señalando que «el embajador está haciendo cositas que van más allá de su función diplomática y que está aplicando todo lo que aprendió en Kosovo».
«Ojalá el Departamento de Estado tome posiciones que se diferencien de esta actitud abiertamente política» del embajador de Washington, añadió.
El Gobierno está enfrentado a líderes cíviles de seis de los nueve departamentos del país por la nueva Carta Magna de corte estatista impulsada por Evo Morales y los estatutos autonómicos liberales que demandan las regiones rebeldes, que convocaron a consultas populares para su aprobación.
El Ejecutivo boliviano califica a estas consultas de «ilegales y separatistas».